Planeamiento
La Generalitat prevé aprobar este 2026 la nueva Ley de Suelo que agilizará los trámites y reduce la exigencia de vivienda protegida
El vicepresidente tercero presenta en Alicante el anteproyecto de una ley que busca, según el gobierno de Llorca, simplificar procesos y facilitar la construcción de pisos
El vicepresidente tercero ha asistido a la jornada celebrada en el Marq sobre la nuevo ley de suelo / INFORMACIÓN
Objetivo: aprobar la nueva Ley de Suelo de la Comunidad Valenciana antes de que acabe 2026. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado este lunes en Alicante el anteproyecto de una norma que nace con el objetivo de “ordenar, clarificar y simplificar” el marco urbanístico, según el gobierno de Pérez Llorca.
Este anteproyecto se ha sometido a un proceso de exposición pública entre enero y febrero que ya ha culminado, en el que se han presentado numerosas alegaciones y sugerencias, entre ellas del propio Gobierno de España al permitir vivienda pública en zonas no urbanizables pese a “catástrofes naturales” como la trágica dana de Valencia. Y esta norma sustituirá a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que tantas modificaciones, debates parlamentarios y hasta revisiones judiciales ha ido sufriendo desde su aprobación en 2014, también bajo gobierno del PP.
Con esa nueva norma se busca facilitar la construcción de casas y el desarrollo de proyectos empresariales, al reducir farragosos trámites, asegurando la Generalitat que esto no va a significar una reducción en las garantías, pese a los dudos de los grupos de izquierdas y de entidades ecologistas. Todo para desbloquear desarrollos urbanísticos y movilizar suelo para viviendas u otros usos.
Esta nueva normativa supondrá una relajación de las obligaciones que hasta la fecha hay respecto a la reserva de suelo para vivienda protegida. De hecho, mientras que en la Lotup se especifica que, al menos, se debía reservar para las VPP un 30% de la edificabilidad residencial en suelos urbanizables y urbanos sin urbanización; un 15 % en suelos urbanos dentro de ámbitos de renovación o regeneración y un 10% del incremento de edificabilidad en suelo urbano sobre el planeamiento vigente, en el anteproyecto de la nueva ley no aparece ningún mínimo.
Intervención del funcionario responsable de la elaboración del anteproyecto en la jornada celebrada en el Marq / J. A. Rico
Martínez Mus ha anunciado que la nueva Ley de Suelo se tramitará en las Cortes a finales de este mismo año, durante una jornada técnica en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) a la que han asistido más de un centenar de personas, sobre todo alcaldes y concejales de la provincia, así como representantes del sector inmobiliario. También ha contado con la presencia del presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, así como la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; y el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra.
El conseller ha subrayado que la reforma “no es únicamente un texto jurídico ni una reforma técnica”, sino “un anteproyecto que define cómo queremos vivir y qué modelo territorial queremos dejar a las generaciones que nos sucederán”. De esta forma se busca agilizar trámites urbanísticos que actualmente se eternizan, al requerir de múltiples informes y procedimientos.
Jornada técnica
La jornada primero ha tenido a una parte técnica, con la intervención durante más de una hora del funcionario responsable del equipo que ha redactado el anteproyecto, donde también algunos alcaldes y representantes del sector han planteado dudas sobre su aplicación o cómo va a afectar a los municipios pequeños, para los que también se simplifican trámites para facilitar desarrollos urbanísticos.
La nueva ley permitirá pasar de la incertidumbre a la claridad, del laberinto al mapa, del bloqueo a la acción. El territorio no es un problema que haya que sortear, sino un activo estratégico cuando se gestiona bien
Y ha explicado también que en el Suelo No Urbanizable Común (SNUC) se podrá realizar cualquier actuación urbanística que no esté prohibida expresamente en la nueva normativa, mientras que en suelo protegido solo se permitirá aquello que esté expresamente autorizado.
Entre los asistentes estaban los alcaldes de El Campello, Juanjo Berenguer; de Torrevieja, Eduardo Dolón; de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual; de Mutxamel, Rafael García Berenguer; de Crevillent, Lourdes Aznar; de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza; y de Busot, Alejandro Morant, entre otros muchos representantes municipales.
Expropiaciones privadas
Del mismo modo ha señalado que la nueva norma abre la posibilidad a expropiaciones con beneficiario privado, aunque no ha entrado en detalles sobre este aspecto.
Y después ha llegado el conseller, que ha defendido que la nueva ley permitirá pasar “de la incertidumbre a la claridad, del laberinto al mapa, del bloqueo a la acción”, y ha insistido en que el territorio “no es un problema que haya que sortear, sino un activo estratégico cuando se gestiona bien”. Además, ha añadido que “tenemos una necesidad que todo el mundo conoce, tanto de suelo residencial como de suelo industrial”.
El vicepresidente ha explicado que la Comunidad Valenciana está “creciendo en población y en empuje económico y debe tener una normativa que sea capaz de albergar todo eso con flexibilidad, con raciocinio y con criterio. Y es un poco la apuesta que hemos hecho con el proyecto de ley”.
La tramitación de un plan general se ha convertido demasiadas veces en una auténtica carrera de obstáculos, con casos que se han prolongado 15 o incluso 20 años
El vicepresidente tercero ha explicado que la normativa vigente es el resultado de “demasiados años de parches, reformas parciales y correcciones de urgencia”, lo que ha derivado en textos “excesivamente densos”, procedimientos “largos e imprevisibles” y trámites que se prolongan hasta hacer inviables muchos proyectos.
Tramitaciones de planes generales que se alargan 20 años
En este sentido, ha recordado que en la Comunidad Valenciana la tramitación de un plan general “se ha convertido demasiadas veces en una auténtica carrera de obstáculos”, con casos que se han prolongado “15 o incluso 20 años”. “La protección no puede basarse en la parálisis, sino en la planificación inteligente”, ha afirmado.
Martínez Mus ha destacado que la norma no nace de la improvisación, sino del trabajo técnico liderado por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, con análisis de la legislación estatal, revisión de jurisprudencia y estudio de modelos de otras comunidades autónomas. El conseller ha remarcado que el objetivo es que el proyecto de ley llegue a las Cortes en septiembre de este año para su tramitación y aprobación definitiva durante 2026.
Un momento de la intervención del conseller / INFORMACIÓN
Entre las principales novedades, la ley sitúa la ordenación territorial como pieza estructural del sistema, alineando vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental. El nuevo Plan General tendrá carácter estratégico y directivo, dejando la ordenación pormenorizada a los planes de desarrollo, lo que permitirá aprobar, revisar y adaptar los instrumentos de planeamiento con mayor agilidad.
Plan urbanístico simplificado
Además, se crea el plan urbanístico simplificado para municipios pequeños (de menos de 1.000 habitantes) o en riesgo de despoblación, con menor carga técnica y trámites proporcionados. También, se abordan las edificaciones preexistentes fuera de ordenación mediante órdenes individualizadas de minimización, exigiendo condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística.
Por otra parte, el anteproyecto fija reservas de edificabilidad residencial alineadas con la legislación básica estatal con un 40 % en suelo urbanizable y un 20 % en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano.
La nueva normativa dedica un articulado específico a facilitar los trámites urbanísticos a los municipios de menos de 1.000 habitantes
Según ha explicado Martínez Mus, estos porcentajes “no son un fin en sí mismos”, sino una herramienta para afrontar el déficit de vivienda, especialmente vivienda asequible. “No hay competitividad territorial sin vivienda accesible. No hay crecimiento económico sostenible si quienes trabajan no pueden vivir cerca de su empleo”, ha señalado.
El conseller ha insistido en que establecer reglas claras y previsibles permitirá planificar con seguridad, anticipar costes y aumentar la oferta de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.
Proyectos de Interés Autonómico
La futura ley incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) como instrumentos para la implantación ágil de iniciativas estratégicas en términos de inversión y creación de empleo estable. Estos proyectos podrán aprobarse en un plazo de seis meses si requieren licencia ambiental, o en nueve meses si precisan Autorización Ambiental Integrada, tras el correspondiente acuerdo previo del Consell.
La sala del Marq casi se ha llenado de alcaldes, concejales y representantes del sector inmobiliario / J. A. Rico
El vicepresidente tercero ha concluido diciendo que la futura Ley del Suelo permitirá “desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión industrial y logística, rehabilitar barrios degradados y luchar contra la despoblación con instrumentos reales”.
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