Pérez Llorca defiende el Plan Vive y promete “cambiar los protocolos” tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante
El presidente sostiene que hubo “tráfico de información privilegiada” de “determinados funcionarios” y defiende más publicidad en las adjudicaciones y el arraigo como criterio para priorizar a vecinos del municipio
Áxel Álvarez
El escándalo de las viviendas protegidas en Alicante ha vuelto este lunes al primer plano político en Elche, con el Plan Vive y los cambios en el sistema de adjudicación como eje de la respuesta del Consell. Juanfran Pérez Llorca ha defendido el plan y ha prometido “cambiar los protocolos” tras la polémica.
Y, al ser preguntado por la petición de Vox en las Cortes de dimisión del alcalde, Luis Barcala, el presidente ha optado por rebajar el impacto del gesto y dirigir el foco a otro dato: “La única información que tengo de Vox es que ha aprobado los presupuestos de la ciudad de Alicante junto a Barcala”. “Más allá de Vox”, ha añadido, el PP “quiere aclarar los hechos que se han producido”.
La frase no es menor en el contexto político del caso Les Naus. Vox volvió a elevar la presión sobre Barcala en las Cortes durante el debate parlamentario de la comisión de investigación, hasta el punto de recuperar la exigencia de dimisión que ya había formulado el grupo municipal en el pleno extraordinario convocado en Alicante por el escándalo. Sin embargo, esa contundencia autonómica contrastó con el silencio posterior en la ciudad y con el hecho de que los de Abascal han seguido sosteniendo al gobierno local en decisiones clave.
Ese apoyo quedó de nuevo retratado la pasada semana en el Ayuntamiento. Los votos del PP y Vox aprobaron definitivamente el presupuesto municipal, de 367,3 millones de euros, después de que ambos grupos inadmitieran cuatro reclamaciones y mientras el PSOE, Compromís y EU-Podemos votaban en contra.
Estamos cambiando los protocolos, con mucha más publicidad e incorporando el criterio de arraigo
La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, recordó que las cuentas ya se aprobaron inicialmente el 29 de diciembre y que las reclamaciones se inadmitieron en un informe técnico “en base a la legislación vigente”. El trámite presupuestario se cerró, además, en un pleno tenso en el que el PP y Vox rechazaron una declaración institucional de la izquierda para reprobar a Barcala.
En ese tablero, Pérez Llorca utiliza el dato de los presupuestos como argumento para cuestionar el alcance real de la presión de Vox sobre el alcalde. Pero el presidente también ha fijado su propio relato sobre el origen del escándalo y el terreno en el que el Consell quiere situar la respuesta. Pérez Llorca ha vuelto a atribuir lo ocurrido a “un tráfico de información privilegiada por parte de determinados funcionarios” y ha señalado que “la persona al frente de esto había sido ascendida por Compromís y por el Botànic, no por el PP”.
Con esa lectura, intenta desplazar el foco hacia la gestión anterior y, al mismo tiempo, presentar al Consell como el que reacciona con reformas y controles.
En su intervención, el jefe del Consell ha insistido en que “hay muchas cosas a cambiar” y ha avanzado que la Generalitat está “cambiando los protocolos” para incorporar “mucha más publicidad” en los procesos de adjudicación e introducir el criterio de “arraigo”. El objetivo del arraigo, según el propio planteamiento del Consell, es que se priorice a vecinos del municipio en el acceso a viviendas de protección pública, un criterio que la Generalitat ha anunciado que pretende incorporar en la tramitación normativa que tiene en marcha.
En el PP queremos aclarar los hechos y no dejar que nadie paralice un plan de vivienda que funciona
En paralelo, Llorca ha defendido que “ahora sí que hay un plan para la vivienda pública” y ha sostenido que “se están construyendo cerca de 5.000”, antes de cerrar con un aviso político: “No voy a dejar que nadie intente paralizar un plan de vivienda en España que funciona, como es el Plan Vive”.
El discurso del presidente llega cuando el caso ha escalado ya a sede parlamentaria y con una comisión de investigación en marcha en las Cortes, donde PP y Vox suman mayoría para controlar la mesa, el calendario de comparecencias y el plan de trabajo, un diseño que la oposición teme que limite el alcance del examen político. En Alicante, mientras tanto, el Ayuntamiento también se prepara para activar su propia comisión municipal tras la presión de la izquierda.
En ese frente, Pérez Llorca combina tres líneas: desinflar la amenaza de Vox con el espejo de los presupuestos municipales de Alicante, sostener que el origen del caso está en un “tráfico de información privilegiada” desde dentro de la Administración y abrir la puerta a cambios en las reglas de adjudicación sin renunciar al Plan Vive como bandera de la legislatura.
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