Más margen de ingresos y permiso para su venta: así ha cambiado la VPP en Alicante desde 2009

Desde que INFORMACIÓN destapara a finales de enero las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida (VPP) de Les Naus, que han terminado en manos de personas vinculadas con el PP, varios ayuntamientos y la Generalitat, en Alicante no se habla de otra cosa. Quien no conoce alguno de los nombres que este diario ha ido desvelando con el paso de los días, muestra su indignación porque sufre en su propia piel (o en la de alguien cercano) las dificultades que presenta el mercado inmobiliario en la ciudad. En medio de todo ese contexto, una pregunta que se repite: ¿Cómo ha podido pasar? En este sentido, las administraciones implicadas y los grupos de la oposición, aunque se señalan y exigen responsabilidades políticas mutuamente, parecen coincidir en que el problema de base (más allá de posibles fraudes o "chivatazos" que será la Justicia quien deba determinar si se produjeron) se encuentra en la regulación.

En la Comunidad Valenciana, desde que entrara en vigor el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, la legislación en materia de acceso a los pisos protegidos ha sufrido diversas modificaciones, en función del gobierno correspondiente. La última, hace poco más de un año, llegó de manos del Consell de Carlos Mazón. En época del plan nacional, la norma clave fue el Decreto 90/2009, que introducía el reglamento regulador para adquirir una VPP.

En materia de renta máxima, el documento no fijaba un índice fijo basado en el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el "medidor" de referencia en casi todas las ayudas públicas. El sistema, en este caso, fijaba distintos coeficientes en función de la zona en la que se ubicara la vivienda y el número de componentes de la unidad familiar, que modificaban el valor original. Por norma general, el baremo se situaba en 4,5 veces el Iprem de la época (unos 33.500 euros anuales), que después podía multiplicarse por un valor entre 0,70 y 1,00, dependiendo del emplazamiento del piso en cuestión y de las características de la familia.

• El Botànic aprobó proteger de por vida las viviendas en 2023 y el Consell de Mazón lo derogó en 2024

Con la llegada del Botànic, en el año 2015, el primer gobierno de Ximo Puig se marcó el objetivo de aprobar una Ley de Vivienda propia. La norma, que de hecho fue la primera exclusiva de aquel Consell, llegó en el 2017: fue la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda. No obstante, en el caso de las VPP, se mantuvo el reglamento del Plan Estatal 2009-2012 durante dos años más.

En 2021, el ejecutivo autonómico aprobó el Decreto 106/2021, que actualizaba los límites de ingresos. En aquel momento, se determinó que el máximo autorizado sería de 6,5 veces el Iprem, en 12 pagas: unos 44.000 euros al año en ese momento. Sin embargo, este decreto introducía una importante novedad, que ha vuelto a estar en el centro del debate tras el escándalo de Les Naus, como es el registro de demandantes. La regulación obligaba a quienes quisieran hacerse con una VPP a formalizar su inscripción en un listado autonómico de potenciales compradores, al que había que aportar una declaración responsable para acreditar el cumplimiento de los requisitos. Un instrumento que se configuró para gestionar las adjudicaciones y que trajo consigo otro listado, en este caso de oferta, permitiendo cruzar ambos.

En todos estos casos, la protección de la vivienda se extendía durante 30 años, permitiendo su comercialización libre, como cualquier otro inmueble, desde ese mismo momento. Más tarde, con el Decreto 68/2023 (aprobado el 12 de mayo, a pocos días de las elecciones y en los últimos compases del Botànic), una de las novedades destacadas que se introdujo fue que la duración del periodo de protección pasaba a tener "carácter permanente", es decir, de por vida. Pese a que el ejecutivo autonómico celebró la importancia de este "blindaje", la alegría de los progresistas duró poco. En diciembre de 2024, después de la llegada de Carlos Mazón al poder, el Consell aprobó una nueva normativa: el Decreto 180/2024.

La renta máxima de una familia para comprar una VPP es actualmente de unos 66.000 euros al año

Desde el gobierno del Partido Popular se optó por volver a la caducidad de la protección pasados 30 años. En cuanto a los ingresos, aunque se mantuvo esa limitación de 6,5 veces el Iprem por la que había optado el Botànic, se cambió de 12 a 14 pagas, elevando el máximo permitido hasta los 54.600 euros con carácter general. También se determinaron condicionantes específicos (tener a cargo hijos menores, personas con discapacidad o dependientes) que permiten aumentar el tope hasta los 66.000 euros, aproximadamente.

Por otra parte, el requisito de estar inscrito como demandante de vivienda en el registro de la Generalitat, incorporado también por el Consell anterior, se mantuvo exclusivamente para las promociones construidas por la administración, pero no para las de iniciativa privada, permitiendo que el promotor adjudique a voluntad las viviendas protegidas a cualquier persona que cumpla los requisitos económicos. Entre los demás requerimientos de la normativa: no poseer ninguna otra vivienda al 100 % en propiedad (aunque se puede ser dueño de múltiples propiedades si se comparten con otra persona), tener la nacionalidad española y ser mayor de edad o menor emancipado.

En cuanto este diario destapó el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, las miradas se dirigieron hacia la normativa autonómica. Incluso la el alcalde de Alicante, Luis Barcala: "No podemos permitir que los procesos para acceder y obtener una vivienda social no sean transparentes ni que el conocimiento de esos procesos no sea accesible a todo el mundo", afirmó el dirigente popular, quien reclamó al Consell (igualmente del PP) una modificación de la normativa autonómica que refuerce tanto la claridad de los procedimientos como el control de los requisitos. Desde el departamento autonómico que dirige Susana Camarero ya reconocieron la necesidad de revisar la legislación actual y los mecanismos de acceso, aunque por ahora no se ha concretado qué requisitos o exigencias están en proceso de modificación.

Suscríbete para seguir leyendo