El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció
Ana Barceló pone el foco en las entregas a cuenta de la exconcejal de Urbanismo y cuestiona el cierre del expediente municipal
Así han sido los momentos de tensión en el pleno del Ayuntamiento de Alicante por la polémica de las viviendas protegidas / Rafa Arjones
El PSOE ha elevado este lunes la presión política sobre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, por el escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas en el residencial Les Naus y ha puesto el foco en la cronología de los pagos realizados por la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las primeras dimisiones que se produjeron cuando estalló el caso.
Los socialistas sostienen que el regidor no puede dar por “cerrado” el expediente interno mientras “siguen apareciendo datos” y le exigen que aclare desde cuándo conocía la vinculación de su edil con la cooperativa y, en particular, las entregas económicas realizadas.
La portavoz municipal socialista, Ana Barceló, basa su reclamación en documentación a la que asegura haber tenido acceso su grupo. Según esa información, Gómez firmó un contrato de adhesión a la cooperativa el 8 de marzo de 2022 y realizó un pago de 67.650 euros. El PSOE destaca que ese abono se produjo antes de que la junta de gobierno local aprobara la adjudicación de la parcela a la cooperativa, el 22 de marzo de 2022.
Y añade una secuencia posterior que, en su argumentación, refuerza la exigencia de explicaciones. La Generalitat concedió a Les Naus la calificación provisional como vivienda de protección pública el 9 de septiembre de 2023, mientras que no fue hasta el 9 de febrero de 2024 cuando autorizó formalmente a la cooperativa a percibir cantidades a cuenta de los adjudicatarios.
Si Barcala no tiene nada que ocultar, debe aclarar cuándo conoció estos pagos y por qué la cesó de Patrimonio
Los socialistas sostienen que, con esas fechas, el caso no puede despacharse como un trámite administrativo cerrado. El PSOE afirma que la edil firmó un segundo contrato de adhesión el 25 de junio de 2024, “aparentemente para corregir la entrega a cuenta realizada en 2022”. Y recuerda que el cobro de cantidades anticipadas sin contar con la preceptiva calificación provisional puede constituir una infracción muy grave en materia de vivienda protegida. Sobre esa base, el grupo municipal reclama al alcalde que concrete qué sabía y cuándo lo supo.
El PSOE enlaza esa petición con una decisión interna del gobierno municipal, el relevo de Gómez como responsable de Patrimonio. La formación considera “inevitable” preguntarse si Barcala ya tenía conocimiento previo de la situación cuando la apartó de esas competencias, apenas quince días antes de que formalizara la segunda adhesión.
Los socialistas remarcan además el perfil político de la exedil, persona de confianza del alcalde y con una relación previa a su etapa institucional, para cuestionar que Barcala pudiera desconocer los detalles del caso.
La ofensiva socialista llega cuando el escándalo sigue escalando en distintos frentes institucionales. En las Cortes ya se ha aprobado una comisión de investigación para abordar el caso y su posible extensión a otras promociones, con el PP y Vox marcando la mayoría que determinará la mesa, el plan de trabajo y el listado de comparecientes. En el Ayuntamiento de Alicante, Barcala ha iniciado los trámites para activar también una comisión municipal tras la presión de la izquierda.
La transparencia no consiste en dar carpetazo, sino en explicar con claridad qué sabía el alcalde y desde cuándo
En ese contexto, la controversia en torno a Gómez mantiene un peso específico por su posición en el organigrama municipal y por los vínculos que rodean la adjudicación. Además de figurar como adjudicataria de una vivienda protegida, el caso incluye a familiares de la responsable municipal de Contratación y a otros perfiles vinculados a administraciones, un listado en el que también aparecen el suegro y la excuñada de la exconcejala en la misma urbanización, según se ha venido apuntando en el desarrollo del escándalo. El PSOE sostiene que esa acumulación de conexiones hace aún más necesario despejar dudas sobre el grado de conocimiento del alcalde.
Los socialistas añaden, además, que en el expediente de averiguación interna impulsado por Barcala no consta que se haya requerido formalmente a la exconcejala para aportar “toda la documentación relativa a esos pagos” a la cooperativa, lo que, a su juicio, impide dar por zanjada la investigación municipal.
También plantean la necesidad de esclarecer si en la segunda adhesión se cumplían todos los requisitos para acceder a una vivienda protegida, en aspectos como la titularidad de otros inmuebles y los límites de ingresos de la unidad familiar.
“Si Barcala no tiene nada que ocultar, debe aclarar cuándo conoció estos pagos y por qué la cesó de las competencias de Patrimonio”, sostiene Barceló antes de añadir: “La transparencia no consiste en dar carpetazo, sino en explicar con claridad qué sabía el alcalde y desde cuándo lo sabía”.
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