Alicante encaja un nuevo revés con el contrato de Zonas Verdes y tendrá que reiniciar el concurso

El Ayuntamiento de Alicante vuelve a tropezar con la gestión de las zonas verdes de la ciudad. Después de que la última adjudicación del servicio acabase en los tribunales (costando un millón de euros de dinero público), el gobierno local da marcha atrás con la nueva licitación, tras detectar errores en el pliego que podrían haber dado lugar a nuevos recursos. Ahora, el Consistorio tendrá que reiniciar el proceso e incrementar el presupuesto estimado, de 44 millones de euros.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el desistimiento del procedimiento para contratar el servicio de conservación y mantenimiento de las infraestructuras verdes de la ciudad. De acuerdo con el expediente, el motivo es la presencia de "errores sustanciales" en los pliegos elaborados por el Ayuntamiento "que impiden continuar con el procedimiento", ya que "afectan a la definición del tipo del contrato y al cálculo y justificación del presupuesto base de licitación".

Según ha señalado el vicealcalde y portavoz adjunto del ejecutivo, Manuel Villar, el problema se debe a la presencia de tablas salariales desactualizadas entre las condiciones del contrato. Una circunstancia que fue advertida por la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (Aseja) mediante un escrito presentado en noviembre del pasado año y que el propio Villar ha reconocido que podría haber derivado en nuevos recursos contra el pliego que, con total seguridad, habrían dado la razón a los hipotéticos recurrentes.

Por estos motivos, el gobierno municipal ha acordado dar marcha atrás en el proceso de licitación, corregir los pliegos para incorporar los salarios actualizados (lo que supondrá elevar el presupuesto estimado) y reiniciar el concurso público para gestionar las zonas verdes de la ciudad.

La sentencia del millón de euros

El contrato para el cuidado de los parques y jardines de Alicante ha sido sinónimo de polémica durante los últimos años. En octubre del pasado año, el Ayuntamiento aprobó pagar un millón de euros de las arcas municipales a Geamur por la decisión del gobierno local de excluirle del anterior concurso público. El ejecutivo de Luis Barcala asumió esta penalidad después de que el TSJ diese la razón a la empresa y defendiese que no tendría que haber sido apartada del proceso, por lo que el equipo de gobierno popular anunció que no recurriría la decisión y aceptó la sanción económica.

El origen del problema tuvo lugar en 2020, cuando la Junta de Gobierno adjudicó a STV Gestión el contrato de mantenimiento de Zonas Verdes por 17,6 millones de euros para tres años, frente a los 20 millones de precio de licitación estipulado por los técnicos municipales. Geamur, la anterior contratista excluida durante el proceso de licitación y finalmente ganadora en el procedimiento judicial, había propuesto una oferta de 16,64 millones, un millón de euros inferior a sus principales competidores. Tras conocerse las ofertas de las diez empresas que optaban a ese lote, se consideraron bajas temerarias las propuestas que bajasen de 17 millones de euros. Solo fue una, la de Geamur.

La compañía perjudicada, que se había hecho cargo anteriormente del servicio, llevó la adjudicación a los tribunales, donde el TSJ le dio la razón: no tendría que haber sido apartada de la licitación. Tras esa decisión, el gobierno de Barcala se decantó por indemnizar a la perjudicada en vez de retrotraer el procedimiento. Entonces, el Ayuntamiento salvó la primera "bola de partido", ya que el tribunal autonómico accedió a la petición del gobierno municipal, lo que abrió una fase de negociación entre las partes, que discrepaban en el importe más "razonable" para lo ocurrido.

La empresa reclamaba un pago de en torno al 6% del importe del contrato por "lucro cesante", la cantidad que aplican mayoritariamente los tribunales en estos casos. La oferta del Ayuntamiento, en cambio, se situaba lejos de esa cifra, llegando a ofrecerse importes por debajo del 1 %. Una vez se constató la imposibilidad de alcanzar un pacto, ambas partes se encomendaron de nuevo a los tribunales, por lo que entró en juego una vez más el TSJ. En este caso, el tribunal autonómico fijó un pago de 994.374,73 euros. Menos de lo que reclamaba la mercantil, pero considerablemente más de lo que ofrecía el ejecutivo liderado por Luis Barcala.

Suscríbete para seguir leyendo