Barcala ordena investigar si un funcionario filtró el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

En respuesta al escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN, una de las primeras decisiones del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido la de abrir una investigación interna en la que se está interrogando a funcionarios municipales para conocer si pudieron filtrar información privada. El regidor sospecha que las polémicas adjudicaciones a personas vinculadas al PP destapadas por INFORMACIÓN, su mayor crisis de gobierno desde que llegó a la Alcaldía, pudieron difundirse desde dentro.

Se trata de uno de los tres expedientes abiertos por el equipo de gobierno, además del de Francisco Nieto y Elsa Lloret, dos arquitectos del Ayuntamiento con piso en Les Naus; y el de la ex directora general María Pérez-Hickman, que cuenta con dos hijos y un sobrino entre los vecinos de la urbanización. En este proceso de averiguación de hechos, los populares tratan de esclarecer si se produjeron filtraciones en el seno del Consistorio.

Investigación

Para ello, han encargado al jefe de Recursos Humanos, Juan Luis Berasaluze, que investigue el manejo de información en las distintas concejalías implicadas. Por ahora, la sospecha se ha iniciado en el área encargada de la tramitación de las plusvalías municipales. En los últimos días, se ha llamado de forma individual a todo el personal que accedió al expediente (en torno a media decena de personas) para interrogarles sobre el motivo de sus consultas a los archivos.

En este sentido, se ha comprobado informáticamente qué funcionarios pudieron tener acceso a los registros y se les ha preguntado cuándo y por qué accedieron a dicha documentación. Unas averiguaciones que no han sentado bien en ciertos sectores municipales, especialmente después de que el alcalde defendiera públicamente el pasado viernes la presunción de inocencia de los técnicos.

El cobro de las plusvalías fue, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por la oposición municipal para acusar al alcalde de no haber advertido de la situación en la que se encontraba su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, recriminó a los populares que el recibo de la exedil entró en el ayuntamiento a mediados del pasado año: "Ustedes han mentido, no se enteraron en 2026, sino en 2025", indicó.

La respuesta de los populares llegó al día siguiente: "Es imposible conocer el contenido de unos documentos y comunicaciones que se registraron entre mediados de agosto y diciembre del año pasado cuando ni siquiera se han abierto esas solicitudes", destacó la responsable de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, que encargó a su vez un informe para conocer el estado de la tramitación y cumplimiento normativo de las autoliquidaciones del impuesto municipal, en relación con la citada promoción de viviendas protegidas en La Condomina.

Por ahora, aunque no se conocen las conclusiones de la investigación interna (que sigue su curso) sí se han abordado algunas medidas de "prevención" para evitar posibles nuevas filtraciones. En este sentido, en algunos departamentos municipales se ha dado la instrucción de que no se permite introducir memorias USB en los ordenadores, para que los empleados públicos no puedan retirar expedientes de sus dispositivos.

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