Radiografía de los servicios sociales de la provincia de Alicante: este es el resultado

Más de diez meses de tiempo medio de espera en dependencia; la paralización de la construcción de siete residencias y centros de día públicos para personas mayores en todo el territorio autonómico; y "deficiencias gravísimas" en una docena centros de menores y personas con discapacidad de la Comunidad, de ellos cuatro en la provincia de Alicante: el Santa Faz de personas con diversidad funcional, como ya ha publicado este diario; y tres para acogida de adolescentes. Estas afectan a las instalaciones y a las condiciones en que viven los usuarios.

Es el resultado de la radiografía que ha presentado este martes Compromís del "desmantelamiento de los servicios sociales públicos por parte del gobierno autonómico del PP encabezado por Pérez Llorca". Ante la situación que describen, el síndic de la formación, Joan Baldoví, y los responsables de Servicios Sociales de la coalición, Nathalie Torres y Francesc Roig, han dado a conocer un portal web para que las personas afectadas puedan denunciar su situación.

Para hacer esta radiografía, han analizado cuatro grandes pilares de los servicios sociales: las listas de espera de personas en situación de dependencia; las condiciones en las que viven menores tutelados y de personas con discapacidad en centros que dependen de la Generalitat; las condiciones laborales de los profesionales; y la paralización en la construcción de infraestructuras.

Menores

Roig ha realizado un análisis sobre la "alarmante" situación en la que se encuentran las instalaciones, así como las "condiciones infrahumanas" en las que viven las personas usuarias y las condiciones laborales, que califica de "indignas", de los profesionales.

"Centros con plagas de ratas, instalaciones que se inundan cuando llueve, habitaciones donde no se puede dormir en verano por estar a más de 30 grados, instalaciones eléctricas que pueden cortocircuitar en cualquier momento por falta de mantenimiento o profesionales que no cobran siguen en la mayoría de los casos el mismo patrón: el Botànic lo tenía todo preparado para revertir a gestión pública estos centros y cuando entró a gobernar el PP lo paralizó todo y se ha desentendido de estas personas tan vulnerables y de las instalaciones”, ha asegurado.

Sobre la atención a menores, indica que la situación es insostenible en nueve centros, seis de ellos en poblaciones de las comarcas de Valencia y tres en poblaciones de la provincia de Alicante. En uno de los que ubica en territorio alicantino, "hay muchas humedades en las habitaciones, con las complicaciones de respiración que generan. Además de zonas exteriores muy deterioradas y donde proliferan chinches, ratas, garrapatas…". En otros dos falta de profesionales y otras deficiencias.

Roig ha relatado situaciones por las que estarían pasando menores de estos centros. "Los envían a participar en ruedas de reconocimiento de criminales, duermen en colchones deshechos y amontonados en habitaciones, y no tienen dieta equilibrada”.

Discapacidad

En cuanto a las condiciones en las que la Generalitat tiene a personas con discapacidad, Compromís recuerda que ya ha denunciado públicamente y por vía parlamentaria los casos del CEEM de Bétera, del Centro Santa Faz de Alicante y el CEEM de Albocàsser. Este último permanece cerrado en estos momentos y los usuarios están de forma provisional repartidos en Burriana y Castellón.

Por otro lado, la formación denuncia que se ha paralizado la construcción de dos residencias y cinco centros de día para personas mayores dependientes que estaban proyectados y donde los ayuntamientos lo tenían todo preparado para iniciar las tramitaciones mediante el Plan Convivint. Tres de ellos en la provincia de Valencia (Sinarcas, Potries y Faura) y cuatro en Alicante (Dénia, Xixona, Castalla y Altea), "con la consiguiente pérdida de unas 500 plazas públicas".

En palabras de Nathalie Torres, “quieren sustituir el modelo de gestión pública por la gestión privada”. Además, se constata que “el color político del pueblo determina el sectarismo de la Generalitat”, ha afirmado la portavoz de Servicios Sociales de Compromís, en referencia a que la Generalitat ha modificado el plan de infraestructuras para adjudicar un centro de día en la Vall d’Alba, municipio gobernado por la presidenta de la Diputación de Castellón.

En este sentido, apuntan que la consellera Elena Albalat ha manifestado la conveniencia de construir un centro de día en el municipio de Finestrat, donde era alcalde el president de la Generalitat, mientras "se niega a abrir pese a que están terminados" otros en Alpuente, Casinos y Mislata.

Dependencia

Según los datos recopilados por la coalición valencianista, a 31 de enero de 2026 la lista de espera de dependencia era de 17.513 personas, mientras que el Consell aseguraba que era de 14.271 personas. "Del total real, 10.511 están más de seis meses sin que la administración les dé una respuesta. Además, el tiempo medio de espera es de 297 días, más de 10 meses de media".

Torres ha querido recordar que “hay personas que no están cobrando la prestación que les corresponde de acuerdo con el grado de dependencia que tienen reconocido. Por tanto, el gobierno de Pérez Llorca está haciendo caja con la dependencia”.

La coalición ha presentado al pleno de las Cortes una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las condiciones en las que viven personas mayores en residencias, centros de menores tutelados y centros de personas con discapacidad, así como las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de estos centros de servicios sociales.

Además, ha activado una campaña de apoyo a los ayuntamientos a los que se les ha eliminado la construcción de residencias y centros necesarios y planificados, así como a las personas afectadas por el desmantelamiento de los servicios sociales públicos por parte del PP. En el portal web https://sense-serveis-socials.compromis.net/se pueden enviar todo tipo de denuncias que la coalición recopilará y valorará para acompañar y asesorar en las diferentes vías de reclamación que se puedan llevar a cabo.

Gestión criminal

Baldoví cree que “el PP está haciendo una gestión criminal de los servicios sociales, porque está jugando con la vida de personas muy vulnerables. No es un error administrativo, es maltrato y Pérez Llorca es responsable de lo que está pasando”.

A su juicio, el mapa de la Comunidad está lleno de puntos negros, por ello han activado un portal "para acompañar a ayuntamientos, personas trabajadoras y familiares afectados con el fin de denunciar y obligar a revertir esta situación”.

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