El juzgado recibe toda la documentación que pidió sobre el caso de las viviendas protegidas de Les Naus

La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus ya dispone de toda la documentación requerida. Tanto la Conselleria de Vivienda como la cooperativa responsable del proyecto han remitido al juzgado los informes que se les habían solicitado. El Ayuntamiento de Alicante ya remitió todo el expediente la semana pasada tras el requerimiento del juzgado.

La documentación de la Conselleria, entre la que se encuentra un informe con las conclusiones de su investigación interna sobre las irregularidades detectadas, llegó a última hora del martes, mientras que este miércoles se recibieron los papeles de la cooperativa. Los expedientes han sido enviados justo cuando expiraba el plazo de diez días concedido por la magistrada Amparo Rubio para su entrega.

Toda esta documentación ya ha sido remitida tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la UDEF de la Comisaría Provincial para su análisis. El estudio del material aportado, en el que se examinarán con lupa todos los datos relativos a la adjudicación de los 140 pisos de la promoción, marcará los siguientes pasos de la instrucción judicial.

Estos trámites podrían prolongarse durante varios meses, ya que, según las fuentes consultadas por este diario, la información remitida es muy voluminosa, lo que ha causado problemas para su notificación telemática. Además, a lo largo de la mañana se han registrado fallos en el sistema informático del Palacio de Justicia, lo que ha retrasado aún más este trámite.

La investigación ha recaído en la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ya había abierto diligencias tras las denuncias presentadas por el PSOE, Sumar, el Ayuntamiento de Alicante y la propia Conselleria de Vivienda. Sin embargo, una quinta denuncia interpuesta directamente ante el juzgado por el sindicato ultra Manos Limpias ha obligado a judicializar todas las pesquisas.

Fianzas

Por otro lado, la magistrada ha dictado una providencia por la que exige el pago de una fianza de 3.000 euros al grupo municipal socialista para ejercer la acusación popular en la causa.

Tras recibir un escrito de la portavoz de esa agrupación en el Consistorio alicantino, la instructora señala que únicamente puede personarse en el procedimiento bajo esa figura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa interposición de querella suscrita por abogado y procurador y el depósito de la caución citada.

La magistrada también ha emitido un auto por el que desestima el recurso de reforma interpuesto por Manos Limpias contra la providencia anterior en la que se le exigía a esa entidad la misma fianza de 3.000 euros, igualmente para personarse en las diligencias previas como acusación popular. La representación legal del sindicato había pedido rebajar la fianza a los 300 euros.

La resolución judicial cita diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala esa decisión y recoge que la cuantía impuesta en este caso es "proporcionada", atendida la capacidad económica de los querellantes, y no impide a estos ni obstaculiza gravemente ejercitar su derecho.

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