Los alcaldes del PSOE en la provincia ponen en cuarentena el Plan Vive tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante
El Consell sostiene que los socialistas se suman al programa pero los regidores consultados piden más control público, sorteos y límites de renta más estrictos para evitar opacidad en la adjudicación
Áxel Álvarez
El Consell sostiene que el PSOE “apoya” el Plan Vive y que sus alcaldes se están sumando al programa para promover vivienda protegida en la Comunidad. Pero, al bajar al terreno en la provincia de Alicante, el relato se agrieta tras el escándalo de Les naus. Ocho alcaldes socialistas consultados cuestionan el plan tal y como está planteado, reclaman cambios y, sobre todo, advierten de que el caso de los pisos protegidos de Alicante ha dejado la pregunta incómoda encima de la mesa de quién controla el suelo público y con qué garantías se adjudican las viviendas.
El alcalde de Elda y secretario provincial del PSOE, Rubén Alfaro, admite que su Ayuntamiento inició los trámites para sumarse al Plan Vive, pero el escándalo de Alicante lo ha frenado en seco. “Lo hemos dejado en barbecho”, resume, a la espera de “tenerlo claro”. En Elda, dice, pesan las dudas sobre cómo se repartirán las viviendas si el municipio cede suelo y pierde el control del proceso. “No nos da garantías”, insiste, tras lo ocurrido en Les Naus.
Hemos dejado el Plan Vive en suspenso hasta tener garantías claras sobre la adjudicación
La preocupación se repite con matices en varios municipios. El ayuntamiento pone el suelo, pero el control real de la adjudicación se diluye. Tras el escándalo de Alicante, los alcaldes socialistas temen un sistema sin garantías claras, con atajos y discrecionalidad. Hablan de “información privilegiada”, de listas de demandantes que no se usan y de mecanismos que convierten el acceso a una vivienda protegida en una carrera desigual. En ese punto, avisan, el plan pierde credibilidad.
La Generalitat tiene solares para construir vivienda y los mantiene paralizados sin mover un ladrillo
En Alcoy, el Plan Vive se ha traducido más en obstáculos que en avances, según explica Toni Francés. El alcalde sostiene que presentaron parcelas, se encontraron “pegas y problemas” y acusa al Consell de trasladar lo público al negocio. A su juicio, el modelo se apoya en que los ayuntamientos cedan solares mientras la iniciativa privada explota la promoción durante décadas, en lugar de impulsar vivienda pública directa. “La Generalitat tiene solares para construir y los tiene paralizados”, remarca.
Hemos pedido dos veces ser zona tensionada y la Generalitat no lo ha atendido
En Petrer, la sensación es de escaparate sin respuesta. Irene Navarro afirma que ofrecieron parcelas municipales y que, pese a invitar a la consellera a conocerlas, no han obtenido contestación. Mientras tanto, el Ayuntamiento empuja soluciones propias, como reconvertir locales comerciales sin uso en viviendas. Sobre el Plan Vive, la alcaldesa pide reglas de acceso “claras” y “sorteos públicos” para que no prime el primero que llega ni la “información privilegiada”. Sin eso, dice, el caso de Alicante “resta credibilidad”.
Unos 60.000 euros de umbral de renta es una barbaridad y desvirtúa la vivienda protegida
Con el expediente ya enviado y el suelo puesto sobre la mesa, en Novelda se han quedado esperando. Fran Martínez asegura que el Ayuntamiento se adhirió y remitió toda la información, pero ya no han vuelto a “tener conocimiento”. Denuncia, además, que el plan se está concentrando en la costa y que el interior queda relegado: “No puede ser que haya una provincia de primera y una de segunda”. Y el caso de Les Naus, añade, ha encendido todas las alarmas sobre cómo se adjudican esas viviendas.
Necesitamos criterios de renta claros y sorteos públicos para evitar la información privilegiada
La crítica también llega desde el interior por la letra pequeña del decreto. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, considera que el listón de renta que se maneja tras la reforma autonómica “es una barbaridad” y desdibuja el objetivo social de estas promociones. “Unos 60.000 euros es una barbaridad”, insiste, porque abre la puerta a perfiles que no son los que tienen más dificultades. A su juicio, la vivienda protegida debería priorizar a quienes arrancan un proyecto de vida y no pueden acceder al mercado.
No puede haber una provincia de primera y otra de segunda en vivienda pública
Si el plan avanza, Vicente Arques tiene claro que las reglas de acceso deben fijarse desde el ayuntamiento. El alcalde de l’Alfàs del Pi explica que han cedido suelo dotacional a la Generalitat y que, año y medio después, siguen sin noticias, pero no renuncia a exigir condiciones cuando toque licitar. Entre ellas, priorizar el arraigo con un mínimo de cinco años empadronado y bajar el umbral de renta para que entre quien realmente lo necesita. “No queremos que se venga a empadronar ningún jeta”, resume.
Pediremos cinco años empadronado y un umbral de renta más bajo para acceder en l’Alfàs
Más allá del Plan Vive, Vicent Grimalt enmarca el debate en la política de vivienda que, a su juicio, el Consell rechaza aplicar. El alcalde de Dénia recuerda que han pedido dos veces ser declarados zona tensionada y que la Generalitat no lo ha atendido y critica que la fórmula de ceder suelo sin topes claros puede alimentar precios lejos de lo “asequible”. Como ejemplo, señala que en Dénia se proyectan 92 viviendas en una parcela pública y que el precio al que se ofertan ronda los 290.000 euros por piso, una cifra que, a su juicio, está lejos de lo que puede pagar quien necesita vivienda protegida. Frente a esa línea, dice, confía más en iniciativas del Gobierno con suelos y viviendas del Sareb.
En Guardamar no creemos en el Plan Vive y ni siquiera nos lo planteamos
En Guardamar del Segura, José Luis Sáez descarta el Plan Vive sin matices. Asegura que ni se adhirieron ni se lo plantearon y que lo ocurrido en Alicante confirma sus recelos sobre el uso del suelo municipal. A su juicio, el diseño del plan se aleja del perfil de familias con dificultades y se orienta a promociones pensadas para rentas más altas o incluso para un uso más propio de segunda residencia. Entre los cambios, reclama bajar el umbral de ingresos y fijar criterios de adjudicación visibles y verificables.
Con diferencias de tono y de prioridades, los ocho alcaldes coinciden en el diagnóstico: sin control público y sin reglas claras, el plan queda a merced de la desconfianza. Unos ponen el acento en la renta y la unidad familiar; otros, en el padrón y el arraigo; varios, en sorteos y transparencia. Pero todos vuelven al mismo punto de que el suelo municipal es la palanca y, si se cede, el reparto debe estar blindado para que no se convierta en una puerta giratoria para “jetas” ni en una carrera de ventajas.
El choque, por tanto, no es solo técnico, sino político. Mientras el Consell presume de adhesiones municipales al Plan Vive, los alcaldes socialistas consultados lo ponen en cuarentena. Algunos han quedado a la espera de respuesta, otros lo han frenado y varios lo rechazan tal y como está diseñado. La conclusión que trasladan, con el caso de Alicante como telón de fondo, es que hace falta corregir el rumbo si se quiere recuperar credibilidad.
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