¿Quién está obligado a declarar en la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes?

La comisión de investigación de las Cortes sobre la promoción Residencial Les Naus de Alicante arranca con una pregunta que condiciona todo lo que vendrá después: quién está obligado a acudir a declarar si es citado. La respuesta, en términos generales, no se limita a los políticos. En este tipo de comisiones, la comparecencia es obligatoria para cualquier persona formalmente convocada que tenga relación con el objeto de investigación, desde responsables de entidades privadas a adjudicatarios o técnicos, salvo causa justificada. El debate real no está en esa obligación, sino en a quién se llamará, en qué orden y con qué enfoque.

La excepción práctica está en los miembros del Gobierno y responsables de organismos estatales que rinden cuentas en las Cortes Generales. En precedentes recientes se ha aplicado el criterio de que no están obligados a acudir a comisiones de parlamentos autonómicos, para evitar un escenario en el que un ministro o un alto cargo pudiera ser citado de forma indiscriminada por cámaras territoriales. Ese argumento se ha utilizado, por ejemplo, en el caso de dirigentes de organismos estatales vinculados a la dana. En Les Naus, esa frontera delimita con claridad a quién puede exigir la comisión presencia y a quién no. Este órgano tiene doce meses para elaborar sus conclusiones.

En ese periodo, en su primer año de vida, en la comisión de la dana, una fecha que se cumplió el pasado mes de enero, se habían producido trece comparecencias técnicas y una muy política, la de Carlos Mazón, durante algo menos de 20 horas distribuidas en siete sesiones.

En la comisión de Les Naus, además de quién puede ser llamado a declarar, otro elemento en cuestión es el calendario. La comisión se constituyó este jueves y, a partir de ahí, el funcionamiento entra en una fase técnica. Se abre un plazo para que los grupos presenten sus propuestas de plan de trabajo, con solicitudes de documentación y un listado de comparecientes. Cada grupo registra su esquema y después se vota. La propuesta aprobada fijará el ritmo: qué documentos se reclaman, cuándo comienzan las sesiones y qué nombres se sientan primero. En la práctica, la mayoría PP–Vox podría ser determinante para sacar adelante un plan y, sobre todo, para marcar prioridades, aunque la izquierda pueda presentar alternativas.

Debate ideológico

Es en ese punto donde se activa el debate ideológico de fondo. La izquierda teme que la comisión se “difumine” y acabe derivando hacia comparecencias de expertos y técnicos para teorizar sobre la vivienda protegida, sin entrar de lleno en el caso que la motiva. Ese recelo se alimenta por el precedente de la comisión de la dana, donde el PP y Vox han sido acusados de rebajar el objetivo político de la investigación y de relegar a actores clave.

El PP rechaza esa crítica y sostiene que la izquierda busca “una comisión de escarnio” orientada a “cargarse” al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a “salpicar” al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Según fuentes populares, su intención es una comisión “muy técnica” y “amplia”, con una lista “larga”, que incluya tanto a personas implicadas como a perfiles vinculados a normativa, control y procedimientos.

Compromís anticipa un enfoque distinto. Fuentes de la coalición aseguran que están elaborando su lista, pero que, “por supuesto”, el orden debe empezar por quienes simbolizan el caso. “Primero que nada Barcala, Rocío Gómez y los adjudicatarios”, junto a expertos que expliquen los mecanismos de control y el procedimiento. La izquierda sostiene que los adjudicatarios deberían comparecer para detallar cómo conocieron el proceso y los pormenores de su acceso. Y resalta que, si son citados, la obligación de comparecer alcanza también a particulares y beneficiarios, no solo a cargos públicos.

Interés político

En esa lista de nombres con interés político y mediático aparecen varios perfiles. Barcala ha dicho que se pone “a entera disposición” de la comisión y que dará “todas las explicaciones” que se le soliciten por cualquier grupo. También sobrevuela la exconcejala de Urbanismo, adjudicataria de una vivienda protegida y la segunda dimisión del caso, que no ha hecho declaraciones públicas más allá del comunicado con el que renunció al cargo a las 24 horas de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, alegando que se apartaba para no entorpecer la investigación. Otro compareciente especialmente relevante por el papel de la cooperativa es el responsable de Fraorgi, Francisco Ordóñez, señalado como uno de los actores clave para aclarar listados, trámites y criterios. El PSPV ya ha avanzado, además, que pedirá la comparecencia del expresidente Carlos Mazón en el marco de la investigación.

Vox, por su parte, ya había avanzado que pretende citar a Barcala, a Gómez y a los 140 adjudicatarios, un planteamiento que vuelve a situar a la formación ultra en el centro del tablero. Su posición será decisiva para que el plan de trabajo se incline hacia un arranque de responsabilidades políticas o hacia una apertura más técnica. Con el perímetro legal despejado, cualquier citado vinculado al objeto debe acudir salvo causa justificada, con los cargos del Gobierno fuera del alcance autonómico, la comisión se juega ahora su credibilidad en la aprobación del plan de trabajo y la lista de nombres que tendrá que sentarse a declarar.

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