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El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus

El gobierno de Barcala aleja a Francisco Nieto de la revisión del Plan General y da órdenes a Elsa Lloret para que se abstenga de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas protegidas en plena investigación a la espera de que se resuelvan los expedientes abiertos

Residencial Les Naus de Alicante

Residencial Les Naus de Alicante / Jose Navarro

El Ayuntamiento de Alicante ha apartado al arquitecto municipal Francisco Nieto, investigado por el Consistorio tras publicar INFORMACIÓN que es propietario de una vivienda protegida en el residencial Les Naus, de sus responsabilidades en la elaboración del futuro Plan General. El gobierno de Luis Barcala no ha esperado a concluir los expedientes de averiguación internos, como se dijo en un primer momento, y ha optado por retirar al técnico de la renovación del planeamiento urbanístico de la ciudad, sustituyéndole por otro funcionario del área de Infraestructuras.

A finales de febrero, el ejecutivo municipal de Luis Barcala afirmó, por medio del vicealcalde Manuel Villar, que no tomaría ninguna medida respecto a los funcionarios investigados hasta concluir los expedientes de averiguación de hechos, algo que está previsto que ocurra esta misma semana. Por lo tanto, estaba previsto que María Pérez-Hickman continuara como jefa del servicio de Contratación (un puesto de libre designación) tras anunciar su marcha como directora general y Francisco Nieto hiciera lo propio en el área de Urbanismo.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, el equipo de gobierno del PP ha optado por tomar cartas en el asunto antes de la conclusión de las citadas investigaciones. Y lo ha hecho comenzando por el arquitecto municipal, que ha sido retirado de sus actuales responsabilidades en el equipo del Plan General, siendo sustituido por otro arquitecto, en este caso de Infraestructuras. Nieto ya había sido reemplazado de la comisión de seguimiento del Plan Vive, donde contaba con un puesto como suplente.

Por otro lado, el gobierno municipal también ha actuado respecto a la otra arquitecta salpicada por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. En este caso, Elsa Lloret, arquitecta municipal de Urbanismo, ha recibido órdenes para que se abstenga de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas de protección pública. Así, se les han restringido las funciones mientras se instruye el expediente abierto también contra ella por el Ayuntamiento de Alicante. La funcionaria es esposa del técnico de la Generalitat que ha sido suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente la documentación de su mujer.

La arquitecta, que arrancó el mandato en el departamento de Obras y Actividades de Urbanismo, ha sido una de las beneficiarias de viviendas en Les Naus que ha trasladado su voluntad de "devolver" su piso junto a al menos otros cuatro adjudicatarios.

Funcionarios con viviendas protegidas

El arquitecto de Urbanismo compró su vivienda el pasado 13 de agosto: un piso de 80,66 metros cuadrados útiles, ubicado en una tercera planta de la promoción, donde se empadronó el 30 de agosto de 2025.

Además, el técnico está inmerso en una instrucción penal por la que fue detenido en febrero de 2024. Se le imputa haber hecho favores al presunto jefe de una red de narcos, agilizando los trámites urbanísticos que permitían rentabilizar inmuebles supuestamente adquiridos con dinero procedente de la marihuana. Un caso cuya instrucción aún está en curso.

La arquitecta, por su parte, escrituró su piso el 2 de septiembre del pasado año. Se trata de un séptimo en el que se empadronó el pasado 2 de noviembre.

Después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, la empleada pública fue una de las primeras personas que registraron un escrito para comunicar su intención de renunciar a la vivienda de la que es propietaria en el polémico residencial Les Naus de La Condomina. Lloret es, además, una de las beneficiarias que no han entregado a la Generalitat Valenciana la documentación adicional que ha requerido la Conselleria de Vivienda a los casos bajo sospecha.

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