De la CAM a IFA: los precedentes poco alentadores de las comisiones de investigación en las Cortes sobre Alicante

La comisión de investigación sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial de Les Naus, un escándalo con eco nacional destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, será la quinta relacionada con la provincia de Alicante de las que se han celebrado en las Cortes desde 1983, cuando se desarrollaron las primeras elecciones autonómicas.

La principal diferencia entre todas radica, además de en los temas tratados, en las mayorías parlamentarias de cada momento, decisivas en el devenir de las investigaciones y, por tanto, en sus conclusiones. Y es que la mayoría de la comisión es la que decide el plan de trabajo, es decir, a qué comparecientes se llama y qué documentos se solicitan, entre otras cuestiones; y quien eleva al pleno el dictamen final de la comisión. Un escrito que no siempre cuenta con el consenso de la oposición. De hecho, no se espera que el caso de Les Naus sea una excepción en este sentido.

Cosistel

La primera comisión de investigación fue la de Cosistel, una empresa ilicitana relacionada con el ámbito de la telecomunicación que en 1991 recibió una subvención de 30 millones de pesetas (180.000 euros) de la Generalitat tras presentar la documentación de manera irregular. La comisión se convocó tres años más tarde, en un contexto en el que el PSPV contaba con mayoría absoluta y el presidente, Joan Lerma, encaraba su última legislatura al frente de la Generalitat.

Los socialistas aceptaron la celebración de la comisión, propuesta por el PP, en aras de la «transparencia». Aquella polémica acabó en los juzgados y con la empresa devolviendo el dinero por decisión del Tribunal Supremo.

Rafael Maluenda, que fue diputado del PP durante más de treinta años y ponente en aquella comisión, recuerda encontrarse «con muchas contradicciones en la documentación» y que la subvención «se concedió antes de tramitarse en conselleria», aunque en la conclusión parlamentaria no se dio fe de responsabilidades políticas directas.

La legionela de Alcoy

La segunda comisión de investigación relacionada con la provincia de Alicante llegó en el año 2000. Los brotes que se dieron en la ciudad, que llegaron a provocar una docena de fallecidos a principios de este siglo, fueron objeto de estudio en las Cortes en una etapa en la que el PP ya contaba con mayoría absoluta a través del presidente Eduardo Zaplana.

La comisión se aprobó por unanimidad a propuesta del PSPV para estudiar posibles fallos en la administración y, tras siete sesiones determinadas por el plan de trabajo aprobado por el partido del Consell, el dictamen final validó la actuación de la Generalitat, sin atribuir responsabilidades políticas al ejecutivo autonómico ante críticas de la oposición, que exigía más investigación sobre el origen del brote.

Lluís Torró, que en aquel momento era concejal de Medio Ambiente en Alcoy con Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), recuerda «tener la sensación de ser visto como un chivo expiatorio», y critica que «la comisión acabó en nada».

La caja de ahorros

Sin duda, la comisión más trascendente de las celebradas hasta ahora en las Cortes y relacionadas con Alicante fue la que investigó la intervención del Banco de España sobre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), hecho que tuvo lugar en 2011, cuando el PP mantenía la mayoría absoluta con Alberto Fabra como presidente tras la salida forzada de Francisco Camps, afectado por la trama Gürtel.

Las sesiones, que se alargaron durante casi cuatro años pese a que la normativa de las Cortes impone un plazo de doce meses, concluyeron con un dictamen solamente validado por el PP y en el que se señalaba al equipo directivo y a la supuesta falta de supervisión del Banco de España. Cabe recordar que, en el momento de los hechos, quien gobernaba en España era Rodríguez Zapatero, del PSOE.

Aquella comisión la propuso EUPV y Lluís Torró, que había participado en el órgano de la legionela como compareciente, hizo lo propio esta vez como miembro, ya que era diputado. «Fue una comisión larguísima, vino muchísima gente y al final cada uno hizo sus propias conclusiones sin llegar a ninguna en concreto. Ese es el problema de las comisiones: la habitual falta de acuerdo y, en consecuencia, la dificultad de que trascienda al ámbito judicial», apunta.

Por parte del PP, Rafael Maluenda, que también participó en aquella comisión, recuerda que entre las conclusiones se propusieron «medidas técnicas» con las que «se invitaba al Banco de España a garantizar el derecho de los impositores, que fueron de los principales afectados», además de «proponer más vigilancia en estos casos». Desde la oposición, en aquel momento integrada por el PSPV, Compromís y EUPV, señalaron como principal responsable a la Generalitat. El Supremo ratificó condenas de prisión y económicas a seis exdirigentes de la caja de ahorros.

Ferias y... pisos

La última comisión relacionada con Alicante en las Cortes fue la que investigó la gestión de las instituciones feriales de la Comunidad, entre ellas la de Alicante (IFA), hoy rebautizada como Fira Alacant, después de la intervención de la Generalitat debido a su endeudamiento.

Aquel órgano, sin embargo, «se centró fundamentalmente en la investigación de Feria Valencia», según recuerda José Muñoz, actual síndic del PSPV y entonces miembro de aquella comisión, en la que comparecieron, incluso, personas investigadas desde la cárcel .

El actual síndic del PPCV, Nando Pastor, también fue partícipe como portavoz de su grupo de aquella comisión, que recuerda que no pudo concluir porque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó las elecciones y el órgano se disolvió con las Cortes. «Elaboré un dictamen de más de 100 folios, pero no sirvió de nada», lamenta.

Ahora, llega el momento de una nueva comisión, la vinculada a las polémicas adjudicaciones de vivienda protegidas. Sin mayorías absolutas, tras el precedente de la dana, el PP podría encontrar un aliado en Vox. Por ahora, el órgano no ha hecho más que constituirse esta misma semana. A partir de ahora, los grupos deben acordar el plan de trabajo, que incluye las comparecencias. El asunto, además, está en manos de la Justicia.

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