Compromís plantea en las Cortes una reforma para blindar la vivienda protegida y endurecer su adjudicación tras el escándalo de Alicante

Compromís ha decidido convertir el escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas en Alicante en una ofensiva legislativa en las Cortes. La coalición ha registrado este lunes una proposición de ley para modificar la normativa valenciana de vivienda con el objetivo de reforzar los controles sobre la vivienda de protección pública, unificar las exigencias de acceso en promociones públicas y privadas y cerrar la puerta a episodios como el de Residencial Les Naus, la promoción levantada sobre suelo municipal en la playa de San Juan que ha acabado convertida en la mayor crisis política del mandato de Luis Barcala.

La iniciativa, presentada por el síndic Joan Baldoví y la diputada autonómica Maria José Calabuig, plantea un giro sobre uno de los debates de fondo abiertos tras el caso de Alicante: qué condiciones deben blindar que una vivienda protegida cumpla de verdad su función social y llegue a quienes más la necesitan. La propuesta de Compromís parte de una crítica directa a los cambios introducidos por el Consell del PP en el régimen jurídico de la vivienda protegida y busca endurecer el control público tanto sobre el destino de esas viviendas como sobre el procedimiento para adjudicarlas.

Entre las medidas planteadas figura que las viviendas de protección pública mantengan ese carácter “de forma permanente”, de manera que no puedan salir del circuito protegido con el paso del tiempo. Baldoví ha defendido que, si el objetivo es ampliar el parque asequible, “lo que no tenemos que hacer es proteger esa vivienda”. “Esa vivienda se ha pagado en dinero de todos y, por tanto, ha de ser siempre vivienda protegida”, ha sostenido. El síndic ha insistido además en que “si queremos tener un parque público de vivienda, lo que no podemos hacer es, cada X tiempo, desprotegerlo” para que “algunos hagan negocio”.

La vivienda pagada con dinero de todos debe seguir siendo siempre vivienda protegida

Joan Baldoví

— Síndic de Compromís

La proposición también pone el foco en el acceso. Compromís quiere que tanto las promociones públicas como las privadas sujetas a protección tengan “la misma consideración y los mismos requisitos” y que la adjudicación deje de depender de procedimientos que la coalición considera insuficientemente garantistas.

Su fórmula pasa por obligar a que los aspirantes estén inscritos previamente en el registro de demandantes y por establecer un sistema de concurrencia abierto, con publicidad de cada proceso y sorteo público final entre quienes acrediten que cumplen las condiciones exigidas. El texto registrado prevé además que los periodos de inscripción se anuncien en la web de la Generalitat y que, en su caso, se comunique la apertura del proceso por correo a las personas inscritas, con el fin de reforzar la transparencia y la igualdad de acceso.

Calabuig ha resumido ese itinerario como un procedimiento “sencillo”. Según ha explicado, una vez inscrita una familia en el registro de solicitantes, cuando exista una vivienda disponible se publicarán sus condiciones para que quienes estén a la espera puedan optar a ella en igualdad de condiciones. Cerrado el plazo, se celebraría un sorteo público y, después, se formalizaría la adjudicación con publicación del resultado y aviso por correo. La diputada ha enmarcado esa propuesta en el volumen de demanda existente al asegurar que “ahora mismo hay 76.000 familias que están esperando una vivienda pública y con este primer paso queremos garantizar la igualdad de condiciones entre todas”.

La coalición enlaza de forma explícita esa reforma con lo sucedido en Alicante. Calabuig ha sostenido que el objetivo es “evitar lo que ha ocurrido” en Les Naus, donde, ha denunciado, “cargos, familiares y amigos del PP se han colado a estas más de 76.000 familias”. Compromís intenta trasladar una crisis nacida en el ámbito municipal y con derivadas ya abiertas en la Fiscalía y en las comisiones de investigación al terreno autonómico, donde el debate ya no se limitaría a depurar responsabilidades por un caso concreto, sino a revisar si el marco legal vigente facilitó grietas de control o de opacidad.

Queremos garantizar la igualdad de condiciones entre todas las familias que esperan vivienda pública

Maria José Calabuig

— Diputada autonómica de Compromís

La formación valencianista sostiene que las modificaciones introducidas por el decreto 180/2024 del Consell han supuesto “un debilitamiento” del derecho a la vivienda al eliminar, a su juicio, el carácter permanente de la protección y rebajar el control público sobre las promociones privadas. Desde esa premisa, la proposición persigue reforzar de nuevo ese blindaje y someter el acceso y la gestión de la vivienda protegida a mayores garantías públicas. Entre otras cuestiones, plantea que toda adjudicación de viviendas de promoción privada protegida quede vinculada a la inscripción previa en el registro y a un sorteo público entre personas que cumplan los requisitos, además de reforzar la publicidad del proceso.

Baldoví ha defendido que se trata de una propuesta “sencilla, fácil, razonable, de sentido común y, en definitiva, justa” y ha asegurado que, si hubiera voluntad política, podría aprobarse en breve. Más allá del calendario, la iniciativa sitúa al PP y Vox ante una disyuntiva incómoda en plena resaca del caso Les Naus. Respaldarla supondría asumir que el sistema necesita más controles de los que hoy existen; rechazarla permitiría a la oposición sostener que el Consell no quiere cerrar las grietas que han quedado a la vista tras el escándalo de Alicante.

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