El gobierno de Barcala insiste en buscar filtraciones por el caso de las viviendas protegidas de Alicante

El gobierno de Luis Barcala continúa buscando entre los funcionarios municipales un "topo" que pudiera haber filtrado el escándalo de las viviendas protegidas. Después de que el alcalde afirmase la pasada semana que "no se está haciendo una investigación interna a los funcionarios", su número dos, Manuel Villar, afirma ante la Junta de Personal que se busca "descartar posibles irregularidades" en el manejo de información relacionada con el residencial Les Naus.

Según ha informado la Junta de Personal del Ayuntamiento en un comunicado, el vicealcalde habría explicado este lunes que se han iniciado expedientes de información reservada en varios departamentos para descartar posibles irregularidades que se hayan podido cometer en el uso de la información, y esclarecer, en su caso, la participación directa o indirecta de empleados y empleadas en los procedimientos administrativos correspondientes.

Los representantes sindicales del Consistorio afirman que Villar les ha asegurado que estos expedientes tienen carácter de averiguación de hechos y no constituyen procedimientos sancionadores. Su finalidad, según indica la Junta que ha defendido el vicealcalde, es esclarecer los hechos y determinar si procede o no iniciar actuaciones administrativas o atender posibles requerimientos de la autoridad judicial.

Todo ello, escasos días después de que el alcalde negara que se está produciendo una "caza de brujas" (como apuntan desde la izquierda) para tratar de hallar responsables dentro del Ayuntamiento de que el escándalo de las viviendas protegidas fuese destapado por INFORMACIÓN. El pasado jueves, Barcala aseguró que no existe ninguna investigación abierta sobre los funcionarios y apuntó que los tres expedientes iniciados por su equipo de gobierno sobre la polémica promoción de Les Naus tienen carácter informativo. "No se está haciendo una investigación interna a los funcionarios. No ha habido nunca ese expediente ni se investiga eso", afirmó el regidor popular, subrayando que el objetivo es aclarar los hechos y documentar la gestión administrativa.

Defensa de los funcionarios

Desde la Junta de Personal también han querido manifestar "con total claridad" su rechazo a "cualquier insinuación, generalización o mensaje que pueda trasladar a la opinión pública la imagen de que los empleados y empleadas municipales son corruptos o actúan al margen de la legalidad".

Los sindicatos que representan a los funcionarios municipales creen que "no se puede ni se debe extender la sospecha sobre todo un colectivo de servidores públicos por informaciones o actuaciones que, en todo caso, deberán ser esclarecidas de manera individualizada, objetiva y con todas las garantías legales".

Con estos fundamentos, la Junta reitera su apoyo a todos los trabajadores del Ayuntamiento y exige "que se respete en todo momento su derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la salvaguarda de su reputación profesional" en el marco de las actuaciones desarrolladas. "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la ética pública, la legalidad y la buena administración, y se mantiene vigilante para que cualquier actuación irregular sea depurada conforme a Derecho", concluye el comunicado.

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