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Los efectos de la caída del decreto antidesahucios llegan a Alicante

El desalojo de una pareja sexagenaria en Juan XXIII, que no se ha ejecutado pese a estar convocado para este martes, está avalado judicialmente, entre otros argumentos, por la no aprobación del escudo social en el Congreso

Los efectos de la caída del decreto antidesahucios llegan a Alicante: un juez recuerda el "no" en el Congreso para justificar un lanzamiento

Los efectos de la caída del decreto antidesahucios llegan a Alicante: un juez recuerda el "no" en el Congreso para justificar un lanzamiento / Pilar Cortés

Manuel Lillo

Manuel Lillo

“Menos aún procede suspender el lanzamiento toda vez que el Real Decreto-Ley invocado no ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados y ha quedado sin efecto, por lo que no existe cobertura ni amparo legal alguno que permita paralizar el lanzamiento”. Es una de las frases con las que la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alicante ha justificado el desahucio de Ahmed y Nadia, una pareja argelina de más de sesenta años en situación de vulnerabilidad cuya expulsión estaba programada para este martes, aunque las instancias judiciales finalmente no se han presentado ante el inmueble. La pareja reside en la calle Músico Antonio Flores del barrio alicantino de Juan XXIII, uno de los más vulnerables de la ciudad.

El caso era especialmente delicado. Según han informado los sindicatos de vivienda de Carolinas y de la Zona Norte, en la casa del matrimonio entraban mensualmente 480 euros procedentes de una ayuda de dependencia e insuficientes para asumir un alquiler que ha pasado de 250 a 600 euros tras la compra de la casa por parte de una empresa. Ahmed, además, sufre una enfermedad cardíaca crónica.

El impago, acreditado judicialmente, ha conducido a una resolución judicial que recuerda la desprotección de la pareja afectada tras la caída del “escudo social” en el Congreso de los Diputados. En concreto, el pasado 27 de enero, el PP, Vox y Junts tumbaron en la cámara baja el decreto ómnibus en el que los partidos del Gobierno incluían, entre otras medidas, paralizar desahucios a familias con vulnerabilidad acreditada hasta encontrar una alternativa de realojo.

El Gobierno troceó este real decreto para votar sus propuestas por separado y obtener el sí de alguno de los partidos que votaron en contra en primera instancia, tal como exigían. Sin embargo, esta separación permitió aprobar la subida de las pensiones, pero no las medidas antidesahucios el pasado 26 de febrero en sede parlamentaria. El auto judicial es del 19 de enero, por lo que la ausencia del escudo social se cita en tanto que el real decreto aún no se había sometido a votación en el Congreso, por lo que en ese momento no estaba vigente y posteriormente ha mantenido esta condición tras haber sido rechazado por la mayoría de la cámara.

Este martes estaba programado el desahucio de Ahmed y Nadia a las 9 de la mañana, aunque la comitiva judicial finalmente no ha comparecido. Los sindicatos de vivienda de Carolinas y Zona Norte afirman que, a la hora a la que estaba convocado el lanzamiento, los vecinos habían abandonado el inmueble "por miedo", y más tarde han regresado a la espera de nuevas noticias.

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