La izquierda exige el proyecto de Les Naus para conocer la venta de garajes y locales a precio libre

La izquierda sigue exigiendo al Ayuntamiento de Alicante más transparencia con el caso de Les Naus. El PSOE y Compromís exigen al gobierno de Luis Barcala el proyecto definitivo de la urbanización, después de que INFORMACIÓN haya publicado que, además de las 140 viviendas de protección pública, se construyeron 138 plazas de garaje, 7 trasteros y 4 locales comerciales de venta libre, sin precio máximo fijado por la Generalitat.

Al respecto, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, el de Compromís, Rafa Mas, y el de EU-Podemos, Manolo Copé, han requerido al ejecutivo municipal el proyecto completo de construcción del residencial, con todos los detalles tanto de los inmuebles protegidos como de aquellos elementos que no estaban sujetos a los precios estipulados por la regulación autonómica. "Ahora sabemos que el pelotazo ha sido redondo. No solo se repartieron viviendas entre cargos del PP y allegados, sino que además se produjo una venta de bajos comerciales y plazas de garaje a precio de mercado libre, lo que sin duda engrosó los beneficios. Todo en un suelo público que era de todos los alicantinos", ha manifestado Barceló.

Por su parte, Mas ha apuntado que "se pudo hacer negocio con garajes y trasteros" y ha exigido por ello "que se convoque ya la comisión municipal de investigación", que este martes ha vuelto a ver retrasada su puesta en marcha. "Acusamos directamente al alcalde de querer dilatar el proceso y la convocatoria de la comisión, ejecutando así el manual del corrupto, que es dilatar, esconder, ocultar y perseguir, como está haciendo, a todo funcionario", ha añadido el valencianista.

Del mismo modo, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha señalado que "algunos han hecho negocio con garajes y locales en un suelo que era de todos" mientras en Alicante "hay familias que hoy han pedido su casa" en diferentes desahucios. "Cada día que pasa descubrimos que el escándalo de Les Naus es mayor: vivienda protegida por un lado y negocio inmobiliario por otro. Empieza a parecer un manual perfecto sobre cómo convertir un proyecto de vivienda pública en una operación de negocio", ha sostenido.

La venta, al detalle

Según se recoge en la calificación definitiva de la construcción, el bloque levantado sobre una parcela municipal de más de 8.000 metros cuadrados contaba con 140 Viviendas de Protección Pública (VPP), todas ellas con al menos una plaza de garaje y un trastero vinculados y de compra obligatoria.

Al margen de estas propiedades, la cooperativa contaba con autorización para ejecutar otras 138 plazas de aparcamiento, 7 trasteros y 4 locales comerciales de venta libre, sin estar sujetos a los precios fijados por la Generalitat en el Decreto 68/2023, que regula el reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de la Comunidad Valenciana.

En total, de haberse vendido los garajes y trasteros al precio establecido en la regulación autonómica, la operación habría supuesto cerca de 4,5 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar la que se podría haber obtenido de la venta de los locales comerciales. Según el precio de mercado de la zona (unos 2.300 euros por metro cuadrado) y las dimensiones de los establecimientos (1.314 metros cuadrados en conjunto) la compraventa podría haberse cerrado por un importe situado alrededor de los 3 millones de euros.

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