Cuatro de cada cinco profesionales de los servicios públicos asegura haber sufrido violencia en su trabajo

Un 80 % de los empleados de los servicios públicos esenciales de la Comunidad Valenciana, en concreto, de la sanidad, la educación y el servicio de ayuda a domicilio afirman haber sufrido algún episodio de violencia externa en su puesto de trabajo, la mayoría de ellos de forma reiterada, no como hechos aislados. Es la conclusión principal de la investigación sobre la violencia externa en el entorno laboral elaborada por la Universitat Jaume I de Castellón para las tres provincias de la Comunidad y por UGT Serveis Públics PV.

Estos datos muestran que las agresiones, amenazas e intentos de desprestigio se han convertido en una realidad cotidiana para muchos servicios públicos esenciales, con un impacto directo en la salud, la motivación y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía, apuntan desde el sindicato.

El estudio, basado en trabajo de campo cuantitativo y cualitativo con centenares de profesionales, analiza por primera vez de forma sistemática la exposición que afronta el personal en su trabajo cotidiano.

Día europeo contra las agresiones

Esta semana, en concreto, este jueves 12 de marzo, se celebra el día europeo contra las agresiones profesionales de la sanidad, un día que nos invita a reflexionar sobre un problema que no solo afecta a las trabajadoras y trabajadores de la salud, sino también a otros servicios públicos y que, además, nos obliga a actuar como sociedad. En este marco, UGT Serveis Públics PV quiere ser parte de la solución de un fenómeno complejo ante el que las administraciones públicas están obligadas a poner solución.

Los primeros resultados de este estudio revelan que cuatro de cada cinco trabajadores y trabajadoras declaran haberse visto expuestos a situaciones de violencia externa en el ejercicio de sus funciones.

La violencia laboral externa se define en el informe como cualquier conducta violenta, amenazante, intimidatoria o abusiva que se ejerce contra una persona trabajadora por parte de personas ajenas a la organización (pacientes, alumnado, familias, ciudadanía, personas usuarias y otros terceros), en el lugar de trabajo o con ocasión del mismo, y que pone en peligro su salud, seguridad o bienestar. Incluye formas físicas, verbales, psicológicas, sexuales, simbólicas, materiales y también ciberviolencia.

Además, según se desprende de la investigación, estos episodios son una realidad extendida que impacta de forma directa en la salud, la motivación y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Policías en el colegio para evitar el ciberacoso: "Un emoticono puede destruir a un niño"

Prevención insuficiente

Las personas encuestadas señalan también que las medidas preventivas y el apoyo institucional resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema, pese a la existencia de protocolos formales y herramientas sobre el papel. La investigación subraya la necesidad de pasar de las declaraciones formales a una protección efectiva del personal, así como la necesidad de dotar de recursos, formación y acompañamiento al personal cuando se producen agresiones.

De hecho, el 69 % de las personas consultadas estima que las medidas preventivas son escasas o nulas, lo que supone un suspenso en toda regla a las políticas de prevención de la Generalitat, apunta el sindicato, que advierte de que la violencia laboral en estos ámbitos esenciales se está consolidando como un riesgo estructural y creciente en los servicios públicos con múltiples causas, entre ellas la presión asistencial y educativa; el deterioro organizativo y a una preocupante normalización social de las agresiones.

Más recursos

Por ello, el sindicato reclama a la administración un cambio de enfoque que refuerce los recursos humanos y la prevención, mejore la aplicación real de los protocolos y garantice un respaldo claro y visible a cada profesional agredido.

El informe completo, elaborado en colaboración con la universidad, incluye datos detallados por sectores, las causas identificadas y un paquete de propuestas específicas para reforzar la protección frente a la violencia laboral externa en los servicios públicos.

Suscríbete para seguir leyendo