Los vecinos del incendio de Miguel Hernández en Alicante denuncian el desarraigo de los menores y la falta de una salida estable

Las familias afectadas por el incendio declarado el pasado 16 de febrero en la calle Pavía, en el barrio Miguel Hernández de Alicante, siguen sin una solución habitacional estable más de tres semanas después del fuego y denuncian que la situación provisional está agravando el impacto sobre los menores. Dos de los vecinos desalojados, Luis Fernández y Sergio Santos, relatan un día a día marcado por la incertidumbre, la falta de información y unas condiciones de alojamiento que consideran impropias para sostenerse en el tiempo.

El siniestro afectó a un inmueble de viviendas públicas y obligó al desalojo de varias familias. Desde entonces, los afectados permanecen realojados a la espera de una alternativa definitiva. Los vecinos han llevado ya su situación al Síndic de Greuges, en una escalada de quejas con la que tratan de presionar a las administraciones implicadas para que den una respuesta.

Luis Fernández pone el foco en la ruptura de la vida familiar desde que salieron de casa. “Vivimos separados mi mujer y yo de mis hijos, tenemos separada a la unidad familiar”, explica. En su caso, además, la situación se agrava porque a su pareja le quedan seis semanas para dar a luz. “Tiene que estar tumbada en la cama porque no hay ningún lugar donde se pueda sentar. Es una situación triste y lamentable”, añade.

Un hotel puede servir unos días, pero no es una vivienda digna para mantener a una familia

Luis Fernández

— Vecino afectado por el incendio en el barrio Miguel Hernández de Alicante

Fernández reconoce el trato recibido por parte del personal del alojamiento, pero recalca que eso no resuelve el problema de fondo. “Un hotel debe ser algo provisional, no es una vivienda digna. No tenemos aseos ni cocinas propias”, afirma. A su juicio, esa salida podía entenderse para unos pocos días, pero no para una situación que se ha prolongado ya durante semanas. “Aquí era para que hubiéramos pasado cinco días como mucho, pero no tres semanas”, lamenta.

Su principal preocupación, sostiene, es no saber qué va a ocurrir con las familias afectadas. “Lo que más nos preocupa es la vivienda que vayamos a tener. No nos están dando información de lo que va a pasar con nosotros”, señala. Esa falta de información, añade, se mezcla con la inseguridad de no tener garantías sobre una alternativa digna pese a tratarse de una emergencia con menores, personas enfermas y una persona con discapacidad. En esa línea, vuelve a apuntar a la existencia de un edificio en la plaza Yolanda Escrich, en el mismo entorno del barrio, como posible salida que, a su juicio, no se está activando.

El testimonio de Sergio Santos se centra en las condiciones del alojamiento en el que se encuentra parte de las familias. Según relata, en la pensión en la que está instalado conviven con problemas que van más allá de la provisionalidad. “Nos han metido en una pensión en la que viene gente con problemas con adicciones, peleas por las noches, no se puede dormir”, asegura. También denuncia baños compartidos y colchones en mal estado. “Esto es insalubre, no se puede vivir aquí”, resume.

Los niños no pueden seguir un día más fuera del colegio por la falta de respuestas del gobierno de Barcala

Rafa Mas

— Portavoz municipal de Compromís en Alicante

Santos sostiene además que el desalojo se produjo con un margen mínimo para recoger pertenencias. “Nos dieron cinco minutos para entrar en las casas, nos fuimos con la ropa que teníamos puesta y la que nos da Cáritas”, afirma. A partir de ahí, denuncia que las familias se sienten abandonadas y sin horizonte claro. “No nos ofrecen soluciones de ninguna clase”, dice. También expresa el miedo a que puedan producirse robos en las viviendas desalojadas, donde, según explica, siguen teniendo todas sus pertenencias.

Los vecinos insisten en que los menores están fuera de su entorno habitual, alejados de su rutina y de su centro educativo. Fernández reclama que no se desarraigue a los niños de su colegio y expresa que el incendio se produjo en un edificio público, por lo que entiende que la administración autonómica, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, debe garantizar el realojo.

Nos sentimos abandonados y seguimos sin una solución mientras vivimos en condiciones insalubres

Sergio Santos

— Vecino afectado por el incendio en el barrio Miguel Hernández de Alicante

Sobre esa derivada ha incidido también el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, que ha reclamado una respuesta más ágil por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat. El edil ha puesto el acento en la situación de la veintena de menores y adolescentes que, según denuncia, continúan sin poder acudir con normalidad al colegio Mora Puchol y al instituto. En ese contexto, ha reclamado que se habilite el transporte prometido para facilitar el regreso a clase de los estudiantes desplazados y ha pedido además la implicación de Inspección Educativa y de los servicios sociales.

El fondo de la reclamación conecta con lo que verbalizan los propios vecinos de que la fase de emergencia ya pasó y que lo que falta ahora es una salida concreta para familias que siguen sin casa, sin certezas y con menores fuera de su normalidad. Tras más de veinte días fuera de sus viviendas, la provisionalidad se ha convertido para ellos en un problema añadido.

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