La conselleria prevé nuevos retrasos en la Ciudad de la Justicia de Alicante por los cambios del proyecto

Nuevos retrasos en la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Alicante. Aunque la Conselleria de Justicia preveía el fin de las obras a comienzos de 2027, las nuevas instalaciones no podrán estar en funcionamiento hasta mitad o finales de ese año. Así lo ha explicado la consellera de Justicia Nuria Martínez en un acto en conmemoración por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que se ha celebrado este miércoles en la Diputación de Alicante y al que también ha asistido su presidente, el también popular Toni Pérez. El motivo de los retrasos es adaptar el proyecto a la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que se viene implementando desde comienzos de 2025 y con el que el Gobierno quiere modernizar el modo de funcionamiento de los juzgados.

Martínez ha asegurado que la conselleria trabaja con el objetivo de que las obras estén terminadas cuanto antes y de que se trata de un proyecto prioritario para la Generalitat. "Es la obra más importante que tenemos en marcha ahora mismo", ha asegurado, recordando que el presupuesto asciende ya a ochenta millones de euros. En esta línea señaló que se trata de un proyecto prioritario para su administración, puesto que Alicante es la única capital de provincia de la Comunidad sin edificio de la Ciudad de la Justicia.

La Ley de Eficiencia de la Justicia se ha venido implantando de manera escalonada en toda España desde comienzos de 2025 y es una de las reformas estrella de Ministerio de Félix Bolaños. Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es que acaba con los juzgados tradicionales para sustituirlos por órganos colegiados llamados los Tribunales de Instancia. Los juzgados unipersonales desaparecen y sus oficinas son reemplazados por grandes servicios comunes en las que se pondrán en común todo el personal a fin de optimizar los medios para acabar con el colapso de la Justicia.

La consellera recordó que el edificio se proyectó antes de que entrara en vigor esa reforma y que todos los interiores se diseñaron de acuerdo a la vieja estructura. La nueva realidad ha obligado a modificar todo el interior del edificio. Aunque las obras de la fachada se han ido completando, el reto está ahora en cómo va a ser el interior del edificio y esto es lo que está causando los retrasos. El reparto tradicional de despachos en las oficinas ya no tenía sentido y era necesario crear salas de trabajo para los funcionarios.

Las obras del futuro edificio judicial, que llevarán el nombre de "Rafael Altamira", comenzaron en 2023 en el barrio de Benalúa, frente a los juzgados actuales. Abarcan una superficie de 47.000 m² y cuentan con 80 millones de inversión para subsanar la dispersión de sedes judiciales que sufre la ciudad ante la incapacidad de los edificios actuales de acoger más juzgados por falta de espacio.

La nueva sede contará con ocho plantas sobre rasante de espacios de atención al público y administrativos, un semisótano en el que se ubicarán los usos que requieren mayor nivel de seguridad y dos sótanos destinados a aparcamiento y archivos. En paralelo, se desarrollan las estructuras de sustentación de la fachada, mientras que en el apartado de instalaciones ya se han puesto en marcha las preinstalaciones mecánicas, eléctricas y de ascensores, así como las conexiones con las redes de agua potable, electricidad y saneamiento.

Visita a Ibi

La consellera ha visitado también este miércoles la sede judicial de Ibi, con lo que ha concluido la ronda de visitas que ha realizado durante los últimos meses a los 36 partidos judiciales de la Comunidad para conocer de primera mano su funcionamiento, así como las necesidades y demandas de los profesionales que prestan servicio en ellos, ha destacado la Conselleria.

Martínez ha destacado que “durante estos 15 meses de visitas a los partidos judiciales hemos podido escuchar de primera mano a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios en un momento clave marcado por la implantación de los tribunales de instancia y la nueva ley de eficiencia”.

“Este trabajo sobre el terreno nos ha permitido conocer las necesidades reales de las sedes judiciales, del personal y de los operadores jurídicos, y redirigir nuestras políticas para hacerlas más eficientes y adaptarlas mejor a la ciudadanía”, ha añadido

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