UGT y CC OO se oponen al nuevo decreto de Sanidad al entender que introduce retrocesos

El sindicato UGT Serveis Públics del País Valencià ha votado este miércoles en contra del nuevo decreto de selección y provisión del personal sanitario al considerar que empeora visiblemente las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del sistema público valenciano de salud ya que, entre otros retrocesos, "precariza la carrera profesional y facilita la movilidad forzosa".

Tras varias reuniones técnicas, se ha celebrado la mesa sectorial de Sanidad en la que, con el rechazo de UGT, ha salido adelante una norma que también ahonda en la arbitrariedad en la selección y provisión de puestos, informa el sindicato. El resto de organizaciones representantes de los trabajadores también se ha opuesto salvo CSIF, que se ha abstenido. Este decreto constituye la base de la organización laboral, y afecta a alrededor de 70.000 profesionales entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana

Traslados

El sindicato denuncia, entre otras cuestiones, que la nueva regulación desliga los concursos de traslados de las Ofertas de Empleo Público y, además, lo hace sin la obligación de ofertar todas las plazas, lo que puede perjudicar las aspiraciones del personal con plaza que no tendrá prioridad a la hora de elegir determinados destinos.

Además, tal como UGT Serveis Públics PV alertó, el decreto "instaura la movilidad forzosa dentro de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (antes limitada a departamentos), de manera que podrá conllevar desplazamientos de decenas de kilómetros para los sanitarios y las sanitarias".

Asimismo, añaden, las adaptaciones de puesto de trabajo se abren al ámbito de estas agrupaciones "con el consiguiente perjuicio para el personal con problemas de salud".

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Por otro lado, se considera que la eliminación del límite temporal de las comisiones de servicio abre la puerta a eternizar a los profesionales en determinados puestos y expone a la plantilla a situaciones de favoritismo.

"Un riesgo que se extiende a las jefaturas de servicio, que pierden la obligación de dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su puesto con trabajos en la privada, y sobre las que el nuevo decreto plantea la posibilidad de prórrogas sucesivas cada cuatro años".

Dudas

Además, las gerencias se abren a personal ajeno a la Administración, lo que para el sindicato genera dudas respecto a una gestión de los recursos basada en criterios y principios públicos.

Así, UGT ha exigido a la Conselleria de Sanidad la retirada de este proyecto y la apertura de una negociación real que mejore la estabilidad, la transparencia y los derechos laborales, y no su recorte.

De igual modo, la secretaria general de CCOO, Yolanda Ferrández, ha explicado que han votado en contra porque "consideramos que la Administración ha utilizado una estrategia de negociación basada en aparentes concesiones".

"El borrador inicial eliminaba derechos ya consolidados desde 2017 y, aunque posteriormente se reincorporaron algunos aspectos como el acto único o la movilidad interna, esto solo ha supuesto recuperar derechos previos y no un avance real", ha puntualizado.

En ese sentido, ha señalado que la Administración "intenta presentar como logros cambios que simplemente mantienen la situación anterior, mientras que el decreto final introduce retrocesos como eliminar la obligación de ofrecer todas las plazas vacantes en los concursos de traslados". Por ello, ha afirmado que el texto final "reduce garantías para el personal puesto que tampoco delimita baremos o criterios de cese".

Además, ha criticado "la falta de medios telemáticos para agilizar las baremaciones y la ausencia de una orden de baremos aún no negociada, lo que podría ralentizar los procesos de selección y alargar las tomas de posesión".

Falta de mejoras

Por su parte, CSIF se ha abstenido porque aunque ha valorado el trabajo de la Administración en la negociación de esta normativa; ha lamentado que "no mejora el punto de partida del decreto de 2017 y no propicia una mejora en la regulación de plazas que optimice su labor".

En este sentido alude a "avances en aspectos de movilidad interna o la introducción del acto único para quienes se incorporan tras procesos selectivos o concursos de traslados". Por esa progresión, ha justificado que no iba a votar en contra.

Pero ha apuntado que "tampoco puede votar a favor, ya que el nuevo decreto no mejora de forma clara el equilibrio y las garantías que ofrece el Decreto 192/2017 en aspectos importantes de la regulación del empleo sanitario".

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