El PSPV lleva a las Cortes la exigencia de activar inspectores de vivienda para vigilar adjudicaciones y fraudes tras el escándalo de Alicante

El PSPV recurre a las Cortes de nuevo para elevar la presión sobre el Consell con el objetivo de que active un cuerpo específico de inspectores en materia de vivienda con capacidad para supervisar adjudicaciones, investigar irregularidades y comprobar que la vivienda protegida cumple realmente su función social. Los socialistas han registrado una proposición no de ley con la que reclaman al gobierno de Juanfran Pérez Llorca que ponga en marcha de forma urgente esa estructura, prevista ya en la normativa autonómica, y la dote de recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes.

La iniciativa toma como telón de fondo el escándalo de Les Naus, la promoción de 140 viviendas protegidas de la playa de San Juan investigada tras aflorar adjudicaciones a personas vinculadas con administraciones públicas. A partir de ese caso, el PSPV sostiene que han quedado al descubierto carencias de control que obligan a reforzar los mecanismos de inspección de la Generalitat y a dar una respuesta estable, no limitada a anuncios puntuales o a revisiones caso por caso.

La PNL registrada por el grupo socialista plantea que ese cuerpo inspector pueda investigar denuncias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas, verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los adjudicatarios y comprobar además que los inmuebles se destinan a residencia habitual. Junto a ello, el texto reclama que exista coordinación entre ese servicio, la Conselleria de Vivienda y los ayuntamientos donde se desarrollen promociones, con la idea de prevenir y detectar fraudes tanto en el acceso como en el uso posterior de las viviendas.

Sobran mensajes efectistas y falta letra pequeña para saber qué plantea de verdad el Consell

José Muñoz

— Síndic del PSPV en las Cortes

La propuesta no se presenta como la creación de una herramienta enteramente nueva, sino como la activación de una figura que el PSPV considera ya contemplada en la regulación vigente y que, a su juicio, el actual Consell no ha desarrollado en estos dos últimos años. El planteamiento socialista busca así situar el foco no solo en las responsabilidades políticas derivadas del caso de Alicante, sino también en el incumplimiento de una previsión normativa que, de haberse desplegado, habría permitido reforzar la capacidad de control de la administración autonómica.

En esa línea se ha pronunciado el síndic socialista, José Muñoz, al exigir a Pérez Llorca que “cumpla la ley y ponga en marcha un cuerpo de inspectores” para controlar la adjudicación de vivienda. La iniciativa parlamentaria añade además una exigencia de rendición de cuentas: que el Consell informe anualmente a las Cortes sobre las actuaciones realizadas, las irregularidades detectadas y las medidas adoptadas y que detalle en un plazo máximo de tres meses el grado de cumplimiento de la resolución si llega a aprobarse.

Críticas al plan de Pérez Llorca

La ofensiva parlamentaria del PSPV sobre los inspectores ha coincidido además con las reacciones de la izquierda al anuncio de Pérez Llorca sobre la posible construcción de 120.000 viviendas en suelo dotacional municipal o patrimonial en desuso. Tanto los socialistas como Compromís han recibido con recelo una propuesta que, a su juicio, llega sin concreción suficiente y sin diálogo previo con los ayuntamientos, precisamente en un momento en el que la política de vivienda atraviesa una fase de máxima sensibilidad por la crisis abierta tras Les Naus.

Muñoz ha cuestionado la cifra planteada por el presidente y la ha considerado irreal para responder a un problema de esta magnitud. Además, ha pedido aclarar si la intención del Consell es facilitar suelo público para promociones impulsadas por operadores privados en parcelas reservadas para dotaciones o servicios. El portavoz socialista ha reclamado “menos mensajes efectistas y más letra pequeña” y ha advertido de que su grupo estará vigilante ante cualquier fórmula que pueda derivar en cesiones de suelo dotacional a empresas privadas y reproducir polémicas como la de Alicante.

Pérez Llorca lanza una ocurrencia sin hablar antes con los ayuntamientos ni concretar nada

Joan Baldoví

— Síndic de Compromís en las Cortes

En términos parecidos se ha expresado Joan Baldoví, que ha presentado el anuncio del jefe del Consell como una medida improvisada y sin trabajo previo con el municipalismo. El síndic de Compromís la ha definido como una ocurrencia, ha afeado a Pérez Llorca que no haya hablado antes con los ayuntamientos y ha contrapuesto esa iniciativa con otras decisiones que, en su opinión, podrían adoptarse antes, como intervenir sobre los alquileres o reforzar el control en la adjudicación de vivienda protegida.

Con ese doble movimiento, la izquierda sitúa a Pérez Llorca ante dos frentes simultáneos en materia de vivienda. Por un lado, la exigencia de activar instrumentos de inspección que permitan prevenir y perseguir irregularidades; por otro, la necesidad de concretar con más detalle su plan para promover nuevas viviendas sobre suelo municipal y explicar si esa vía altera el destino de parcelas reservadas a equipamientos públicos.

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