La Diputación de Alicante se desliga de la gestión de los bonos comercio tras la detención de Baño

La Diputación de Alicante ha reaccionado este viernes a la detención de Carlos Baño marcando distancias con la gestión de los bonos comercio y defendiendo que su papel en este programa se limitó a transferir los fondos a los ayuntamientos adheridos. La respuesta de la institución provincial, gobernada por el PP de Toni Pérez, ha llegado horas después de que la detención se conociera públicamente sobre las 11 de la mañana.

Fuentes de Presidencia de la Diputación han trasladado un mensaje de “máximo respeto” a las actuaciones desarrolladas y han señalado que la corporación no dispone de más información que la ya publicada. A partir de ahí, la institución centra toda su respuesta en acotar su intervención en el bono consumo y en desligarse de cualquier responsabilidad sobre la gestión operativa posterior de las campañas en los municipios.

Según esa versión, la Diputación se limitó en las distintas ediciones del programa puestas en marcha desde 2021 a hacer llegar, mediante convocatorias públicas, el dinero a los ayuntamientos de la provincia que solicitaron adherirse. La institución insiste en que, una vez concedida la ayuda, la gestión concreta del bono era una decisión “libre y autónoma” de cada consistorio, que podía organizarla como considerase oportuno y asumir, en su caso, el coste derivado de esa operativa.

Subvención provincial

Ese es precisamente uno de los puntos que la Diputación destaca con más claridad en su respuesta. Fuentes de Presidencia recalcan que la subvención provincial debía destinarse únicamente a financiar el bono consumo y no el coste de su gestión, que “en ningún caso era subvencionable” por la institución. La corporación trata de separar el dinero transferido a los ayuntamientos de cualquier contratación o gasto posterior relacionado con la ejecución material de las campañas.

La Diputación sostiene que “nada tiene que ver con entidades de gestión o intermedias” que pudieran haber participado en los programas impulsados por los consistorios. Es decir, la institución provincial descarga sobre cada ayuntamiento la decisión de cómo tramitar el bono, con qué entidad colaborar y en qué condiciones desarrollar la convocatoria, al tiempo que reivindica que su propio procedimiento fue “totalmente transparente y ajustado a la legalidad”.

Previamente, el PSOE y Compromís han reclamado este viernes la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación para esclarecer todo lo relacionado con la gestión del bono comercio, al entender que la Diputación debe ofrecer explicaciones públicas sobre un programa que se impulsó cuando Carlos Mazón presidía la institución.

Mecanismos de control

Los socialistas y la coalición valencianista han puesto el foco en la etapa en la que nació el bono comercio y en los mecanismos de control aplicados por la corporación sobre unos fondos públicos que movilizaron una importante cantidad de recursos en la provincia. La Diputación, sin embargo, evita entrar en ese terreno en su respuesta y opta por una defensa estrictamente competencial. La institución concede la ayuda a los ayuntamientos, pero no asume la gestión posterior de cada campaña ni la relación con las entidades que pudieran intervenir.

En lugar de pronunciarse sobre la investigación, sobre el papel de Baño o sobre el origen del programa, la Presidencia de la Diputación enmarca su posición en la idea de que el diseño administrativo de las convocatorias del bono comercio fue el mismo que se aplica al resto de subvenciones de la casa y que la institución no participaba en las decisiones posteriores de los municipios sobre la ejecución del programa. Tampoco se han valorado ni las peticiones de pleno urgente y comisión de investigación formuladas por la oposición ni el impacto político de unos hechos que afectan a un programa de gran visibilidad pública.

El bono comercio movilizó cerca de 58 millones de euros entre 2022 y 2024 en la provincia de Alicante. Esa magnitud explica por qué la Diputación intenta ahora dejar claro que el dinero que transfería a los ayuntamientos no podía destinarse a pagar la gestión del programa y por qué la oposición reclama explicaciones adicionales sobre su diseño y control.

Suscríbete para seguir leyendo