El PSOE y Compromís llevan a la Diputación de Alicante los bonos comercio de Mazón tras la detención de Baño
Socialistas y valencianistas reclaman un pleno extraordinario y una comisión de investigación en la institución provincial por la gestión del programa impulsado en la etapa del expresidente de la Generalitat al frente de la corporación

Alex Domínguez
La detención de Carlos Baño en la investigación sobre la gestión del bono comercio ha abierto ya una derivada política en la Diputación de Alicante. El PSOE y Compromís han acordado reclamar la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación en la institución provincial para exigir explicaciones públicas sobre un programa que se puso en marcha cuando Carlos Mazón presidía la corporación y que ahora vuelve a situar bajo el foco la gestión de fondos públicos destinados al comercio local.
La ofensiva conjunta de los dos grupos de la oposición se ha producido tras una reunión mantenida este viernes en la Diputación, después de que INFORMACIÓN adelantara la detención de Baño, en la que ambas formaciones han coincidido en la necesidad de elevar el caso al máximo nivel político dentro de la institución. El movimiento busca forzar al actual presidente, Toni Pérez, a dar explicaciones sobre el alcance del programa, los mecanismos de control aplicados y el papel de la Diputación en su desarrollo, después de que la investigación haya acabado salpicando a quien presidía tanto la Cámara de Comercio como Facpyme.
La gravedad de las informaciones hace imprescindible que la institución provincial dé explicaciones
El PSOE sitúa el eje de su petición en la transparencia institucional y en la necesidad de aclarar cómo se gestionaron unos fondos públicos que movilizaron una importante inversión en una veintena de municipios de la provincia. El portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, sostiene que “la gravedad de las informaciones conocidas hace imprescindible que la institución provincial dé todas las explicaciones y que se investigue con transparencia cualquier posible irregularidad en la gestión de fondos públicos”. En esa línea, los socialistas quieren que Toni Pérez comparezca en un pleno extraordinario y que la Diputación abra una comisión específica que permita revisar con más detalle el funcionamiento del programa.
La posición del PSOE no se limita al presente. Los socialistas quieren llevar el foco también a la etapa en la que el bono comercio fue impulsado, cuando Mazón presidía la Diputación. Ese es uno de los puntos políticamente más sensibles del caso, porque desplaza la presión desde la reacción actual del gobierno provincial hacia el origen mismo del programa, su diseño y su supervisión en los años 2022 y 2023. Rubén Alfaro, secretario provincial del PSPV, ha endurecido además el tono al vincular directamente el caso al PP, a Baño y a Mazón en un mensaje público con el que ha reforzado la exigencia de un pleno extraordinario.
El PP tiene que aclarar toda la presunta trama asociada al bono comercio de Baño y Mazón
Compromís coincide en esa lectura de fondo y ha optado también por llevar el asunto a la Diputación, aunque con un tono todavía más duro. La coalición, que ya cuestionó el programa en su momento, quiere aprovechar la crisis abierta ahora para volver a poner el foco sobre la arquitectura política y administrativa de aquellas ayudas. En la formación recuerdan que ya denunciaron en la corporación provincial el diseño del bono comercio, el papel de los intermediarios y la forma en la que se articuló la gestión del programa en los municipios.
El portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, eleva además la presión al pedir que no se limite la revisión al bono comercio y que se investiguen también otras subvenciones vinculadas a la Cámara. Esa ampliación del foco no forma parte, al menos por ahora, de la petición conjunta con el PSOE, pero sí ayuda a dibujar el clima político que deja el caso en la institución: el de una oposición decidida a convertir la investigación judicial en una batalla por la rendición de cuentas de la etapa de Mazón al frente de la Diputación.
En esa misma línea se ha pronunciado Gerard Fullana, hoy diputado autonómico y exportavoz de Compromís en la Diputación durante los años en que se desarrolló el programa, que ha reivindicado que su formación ya alertó entonces de cómo se articulaban estas ayudas. Fullana sostiene que “todas estas cuestiones ya las denunció Compromís en su momento en la Diputación” y carga contra la forma en que, a su juicio, se diseñó el sistema, al afirmar que “se crearon empresas nuevas, como la de Baño, que actuaban como intermediarias y se llevaban una parte del pastel”.
La petición de pleno extraordinario conecta, además, con una estrategia política que la izquierda ya ha activado en otros frentes recientes en Alicante. El PSOE y Compromís reclamaron también un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante por el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas. En ambos episodios, la oposición intenta convertir un caso con fuerte carga mediática en una crisis política formal dentro de la institución afectada.
En Compromís venimos denunciando esta situación desde hace mucho tiempo
En la Diputación, además, el caso toca una fibra especialmente delicada porque el bono comercio fue uno de los programas de mayor visibilidad pública impulsados por la corporación en los años posteriores a la pandemia. No se trató de una ayuda menor o periférica, sino de una iniciativa con gran proyección en la provincia, con una fuerte carga política y con una implantación amplia en numerosos municipios.
El programa del bono comercio movió 58 millones de euros entre 2022 y 2024 en la provincia. Esa magnitud ayuda a entender por qué el PSOE y Compromís han decidido elevar el asunto al pleno y reclamar un órgano específico de investigación dentro de la Diputación.
Creaban empresas nuevas, como la de Baño, que hacían de intermediarias y se llevaban parte del pastel
La cuestión ahora es si el PP acepta abrir ese debate en sede institucional o trata de contenerlo en el plano estrictamente judicial. Pero, al margen de cuál sea la respuesta del gobierno provincial, la oposición ya ha fijado el terreno de juego. No quiere que el caso quede solo en la noticia de la detención, sino que tenga también una traducción política directa en la Diputación de Alicante. Y eso supone volver a poner bajo escrutinio una etapa, la de Mazón al frente de la corporación, que el PSOE y Compromís consideran inseparable del origen y la gestión de un programa que hoy ha quedado bajo sospecha.
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