El PSOE eleva a Pérez Llorca el caso de Carlos Baño y exige explicaciones urgentes

El PSOE ha decidido elevar hasta Juanfran Pérez Llorca la ofensiva política por el caso de Carlos Baño y por la investigación sobre la gestión del bono comercio impulsado por la Diputación de Alicante en la etapa de Carlos Mazón. Tras reclamar ya un pleno extraordinario y una comisión de investigación en la institución provincial, los socialistas han puesto ahora el foco en el actual presidente de la Generalitat y le exigen explicaciones urgentes sobre su posible conocimiento de la operativa que rodeó aquel programa.

La escalada la ha liderado este viernes el secretario general del PSOE en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, que sitúa el asunto ya no solo en la responsabilidad de la Diputación, sino también en el ámbito político del PP. Alfaro sostiene que el partido “no puede mirar hacia otro lado tras la detención de uno de los íntimos amigos de Mazón” y reclama a Pérez Llorca que aclare “si como coordinador del PP de Alicante y diputado provincial tenía conocimiento de la operativa creada por Carlos Baño”.

Con ese movimiento, el PSOE intenta ensanchar el perímetro político del caso y vincularlo no solo a la etapa en la que Mazón presidía la Diputación, sino también al actual jefe del Consell, entonces con responsabilidades orgánicas y representación provincial dentro del PP. En esa misma línea, los socialistas recuerdan que el bono comercio investigado se puso en marcha durante el mandato de Mazón al frente de la corporación y que el actual presidente de la Generalitat formaba parte del ecosistema político provincial de ese momento.

Alfaro acompaña esa exigencia con una lectura más amplia sobre el impacto institucional del caso. El líder socialista provincial sostiene que este episodio “vuelve a situar a la provincia de Alicante y al conjunto de la Comunidad Valenciana en el foco” por unas presuntas irregularidades ligadas a personas próximas al PP y llega a responsabilizar a los populares del “deterioro reputacional” de las instituciones.

Pérez Llorca tiene que explicar si como coordinador del PP y diputado provincial conocía esa operativa

Rubén Alfaro

— Secretario general del PSOE en la provincia de Alicante

Junto a ese plano político, el PSOE intenta reforzar su argumentario con una cronología que considera especialmente llamativa. Los socialistas recuerdan que las bases del bono comercio de 2022 fueron aprobadas el 10 de mayo de ese año; que el 29 de junio Carlos Baño fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; y que apenas dos semanas después, el 13 de julio, constituyó como administrador único la empresa Nexo Retail Alicante SL, dedicada precisamente a la gestión de este tipo de campañas. A juicio del PSOE, esa secuencia temporal obliga a extremar las explicaciones sobre el diseño del programa, las entidades participantes y los controles aplicados.

La presión socialista se amplía además desde la provincia hasta la ciudad de Alicante. El portavoz de la gestora del PSOE local y diputado autonómico, José Díaz, se ha sumado a las exigencias de explicaciones públicas y carga contra lo que denomina el “triángulo Mazón-Barcala-Baño”. Según Díaz, ese eje político e institucional está arrastrando el nombre de Alicante “de escándalo en escándalo”, al enlazar este caso con otras polémicas recientes que afectan a la ciudad y a su entorno institucional.

En su lectura, el PSOE alicantino no se limita a pedir aclaraciones por el bono comercio, sino que presenta este episodio como una muestra más de un modelo político del PP que, a su juicio, reaparece en distintos frentes. Díaz vincula así la investigación sobre los bonos con episodios recientes como el escándalo de las viviendas protegidas y con la necesidad de que las instituciones den una respuesta pública más contundente, en lugar de limitarse a esperar el recorrido judicial del caso.

El triángulo Mazón-Barcala-Baño está arrastrando el nombre de Alicante de escándalo en escándalo

José Díaz

— Portavoz de la gestora del PSOE en Alicante

Ese giro del PSOE hacia Pérez Llorca se produce, además, después de que la izquierda ya activara una estrategia similar en otros asuntos de fuerte impacto político en Alicante. El PSOE y Compromís exigieron también la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento por el escándalo de Les Naus. Ahora, los socialistas intentan repetir esa lógica en la Diputación y, al mismo tiempo, elevar el coste político del caso hasta la Generalitat.

El bono comercio movilizó cerca de 58 millones de euros entre 2022 y 2024 en la provincia de Alicante, una magnitud que el PSOE utiliza para justificar su reclamación de “máxima transparencia”, controles exhaustivos y explicaciones políticas inmediatas.

De fondo, lo que buscan los socialistas es que el caso no quede encapsulado en la detención de Baño y en la investigación judicial, sino que tenga una traducción política más amplia. Por eso insisten en el pleno extraordinario en la Diputación, en la comisión de investigación y ahora también en emplazar directamente a Pérez Llorca, al que le preguntan si, por su posición en el PP provincial y en la propia Diputación, conocía o no la operativa que ha quedado bajo sospecha.

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