Compromís extiende el caso Baño a Alicante Gastronómica y cuestiona sus ayudas públicas

Compromís ha elevado este lunes el tono político en la Diputación de Alicante por el caso Carlos Baño al poner el foco no solo en el bono comercio, sino también en otras líneas de ayudas ligadas a la Cámara de Comercio, entre ellas Alicante Gastronómica. La coalición ha insistido en la solicitud de una comisión de investigación, rechazada posteriormente por el PP de Toni Pérez, para revisar “cualquier euro” transferido por la institución provincial a la entidad y a sus sociedades vinculadas durante los últimos diez años, en una ofensiva con la que busca conectar la causa judicial abierta con una derivada política de mayor alcance.

La referencia a Alicante Gastronómica ha sido una de las líneas que más ha llamado la atención en la comparecencia. El portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, ha sostenido que, si en el bono comercio la responsabilidad de la institución provincial puede plantearse de forma más compleja, en otras ayudas sí ve más margen de revisión. Entre ellas ha citado expresamente ese certamen gastronómico y ha advertido de que sus memorias justificativas “dejan mucho que desear”, por lo que ha reclamado revisar la adjudicación de esas subvenciones.

El tono ha subido todavía más con la intervención del diputado autonómico y exportavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, que ha utilizado también Alicante Gastronómica como ejemplo para sostener que el problema no se limita a la detención de Baño ni al expediente de los bonos, sino que apunta a un modelo de funcionamiento más amplio. Fullana ha llegado a cuestionar que una iniciativa presentada como solidaria para alimentar a personas necesitadas acabara, según ha denunciado, justificando pagos vinculados al sueldo de Carlos Mazón en su etapa en la Cámara de Comercio.

Con ese argumento, Compromís trata de desplazar el debate desde una investigación concreta hacia una discusión de fondo sobre el destino de fondos públicos, la fiscalización de las subvenciones y la relación entre la Diputación y la entidad cameral.

Esto no es un caso del bono comercio, es un caso de desvío de fondos públicos

Gerard Fullana

— Diputado autonómico y exportavoz de Compromís en la Diputación

La coalición ha situado así Alicante Gastronómica dentro del mismo marco político con el que intenta ensanchar el caso Baño: subvenciones públicas, estructura de la Cámara, sociedades vinculadas y conexión con dirigentes del PP. Fullana ha vinculado además el caso actual con otros episodios previos relacionados con Baño y con la Cámara de Comercio, entre ellos la polémica por la sede de la entidad, para defender que “llueve sobre mojado”. A partir de ahí, ha dado un paso más y ha conectado políticamente el asunto con el PP al afirmar que la Cámara se ha convertido en una “puerta rotatoria” del partido en la provincia de Alicante.

Esa línea argumental ha convivido con el resto de acusaciones lanzadas por Compromís sobre el bono comercio. Fullana ha asegurado que era “evidente” que Baño contaba con “información privilegiada” antes incluso de que se aprobaran las ayudas, al entender que ya se estaba preparando previamente la mercantil que después iba a intervenir en la distribución de esos fondos. Esa tesis, planteada como acusación política por la coalición, sitúa el foco sobre la etapa en la que Mazón presidía la Diputación y trata de vincular directamente el diseño del programa con una planificación previa.

Fullana ha insisitido además en que los ayuntamientos se encontraron con un esquema administrativo tan forzado y apresurado que, en la práctica, resultaba muy difícil ejecutar las ayudas sin recurrir a una empresa intermediaria. Según ha defendido, muchos consistorios recibían llamadas y se les orientaba hacia esa vía, en un contexto que ha atribuido a una medida aprobada de urgencia y con un claro sesgo electoralista antes de las elecciones de 2023.

La Diputación ha dado mucho dinero a la Cámara y hay que fiscalizar hasta el último céntimo

Ximo Perles

— Portavoz de Compromís en la Diputación

Esa parte del discurso le ha servido también para cargar con dureza contra el presidente de la Diputación, Toni Pérez, después de que este tratara de deslizar la responsabilidad hacia los municipios. Fullana ha calificado de “infame” esa acusación a los ayuntamientos y ha tratado de presentarlos como perjudicados por el propio diseño del bono comercio. La línea argumental de Compromís pasa por sostener que la arquitectura del programa ya empujaba a los consistorios hacia una empresa puente y que, por tanto, no puede trasladarse ahora el peso de la responsabilidad a la escala municipal.

Además de la comisión en la Diputación, Fullana ha recordado que Compromís pedirá en las Cortes toda la documentación sobre los fondos enviados a la Cámara en los últimos años y promoverá una iniciativa parlamentaria para endurecer la normativa y la fiscalización sobre estas entidades. La coalición trata así de abrir una doble vía, institucional y política, con la que presionar tanto a la Diputación como a la Generalitat.

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