La Diputación de Alicante insiste en desligarse de la gestión del bono comercio y rechaza una comisión sobre el caso Baño

La Diputación de Alicante ha tratado este lunes de acotar su papel en el caso Carlos Baño y ha defendido la legalidad y la transparencia de su actuación en las convocatorias del bono comercio. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha sostenido que la institución provincial se limitó a conceder las ayudas a los ayuntamientos que decidieron adherirse a ellas y rechazó cualquier responsabilidad en la gestión posterior de esos fondos o en la intervención de terceros en ese proceso.

La respuesta llega el mismo día en que Compromís ha redoblado su ofensiva política por el caso y ha reclamado una comisión de investigación en la Diputación para revisar no solo el bono comercio, sino el conjunto de fondos transferidos a la Cámara de Comercio de Alicante y su entorno en la última década. Frente a esa tesis, Pastor ha defendido que no tiene sentido abrir esa vía porque, a su juicio, se pretende investigar una cuestión que “escapa a las competencias” de la institución provincial.

El responsable de Desarrollo Económico ha mostrado su “máximo respeto” por las actuaciones policiales y judiciales en marcha, pero ha querido delimitar con claridad cuál fue, según la versión de la Diputación, la función del organismo provincial en las distintas ediciones del bono consumo impulsadas desde 2021. Según ha explicado, la institución hizo llegar los fondos mediante convocatorias públicas a los ayuntamientos de la provincia que solicitaron sumarse al programa y fueron después esos consistorios los que decidieron “de forma totalmente libre y autónoma” cómo gestionar las ayudas.

Pastor ha incidido en que la subvención provincial que recibía cada ayuntamiento estaba vinculada a su población empadronada y debía destinarse exclusivamente a financiar el bono consumo, en la proporción que determinara cada municipio. En ese esquema, ha añadido, la Diputación no subvencionaba en ningún caso el coste de la gestión del programa. Ese gasto, ha remarcado, corría a cargo de cada consistorio, que lo asumía y lo tramitaba como considerara oportuno.

La línea de defensa de la institución pasa precisamente por esa separación entre la concesión de la ayuda y su ejecución posterior. Según ha expuesto Pastor, en la justificación de las subvenciones los ayuntamientos debían acreditar el importe total concedido en bonos al consumo, pero no los gastos derivados de la gestión, al no ser subvencionables por la Diputación. A partir de ahí, sostuvo que la institución “nada tiene que ver” con las entidades intermedias o de gestión que pudieron participar en la tramitación en aquellos municipios que optaron por esa fórmula.

La gestión posterior de las ayudas era decisión libre y exclusivamente autónoma de cada consistorio

Carlos Pastor

— Diputado provincial del PP

Pastor ha defendido que el proceder de la Diputación fue “totalmente transparente y ajustado a la legalidad” y ha asegurado además que el mecanismo empleado en estas convocatorias es el mismo que se utiliza en otras líneas de ayudas de la institución. Por eso ha considerado “carente de sentido” la petición de Compromís y ha cargado contra las acusaciones de la coalición, a las que ha calificado de “vergonzosas”. El diputado sostiene que el partido conoce el procedimiento seguido y ha acusado a la formación de tergiversar los datos para poner en cuestión la actuación de la Diputación y de sus funcionarios.

El responsable provincial ha salido también en defensa de las ayudas que recibe la Cámara de Comercio de Alicante, en un momento en que la oposición ha tratado de conectar el caso Baño con el conjunto de relaciones entre la institución cameral y las administraciones. Pastor ha asegurado que esas aportaciones se ajustan al procedimiento y persiguen la promoción del empleo y el progreso económico de la provincia.

En ese punto ha citado expresamente a Alicante Gastronómica, un evento que ha definido como un revulsivo económico y un referente del sector, y ha recordado que la colaboración de la Diputación con esa cita se remonta a su primera edición, en 2018, durante la etapa de César Sánchez al frente de la institución.

La Diputación cierra así filas con la doble idea de reivindicar que su papel en el bono comercio terminó en la transferencia de fondos a los ayuntamientos y rechazar que pueda atribuírsele responsabilidad por la operativa posterior. Es el relato con el que el equipo de gobierno intenta contener la derivada política del caso Baño y frenar el intento de la oposición de convertir la investigación judicial en un frente de desgaste institucional de mayor alcance.

Las declaraciones de Pastor han llegado al final de una mañana marcada por la presión de Compromís, que ha acusado al PP de tratar de cargar el peso del caso sobre los ayuntamientos y de esquivar una revisión a fondo de los fondos provinciales dirigidos a la Cámara de Comercio.

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