Los directores de instituto urgen una ley para sancionar las agresiones al profesorado como a los sanitarios tras el brutal caso de Alcoy

La reciente detención de una madre y un joven por golpear y arrancar de un mordisco parte de la oreja a un profesor de un instituto en Alcoy ha vuelto a encender las alarmas entre los docentes por la violencia en las aulas. Los directores de instituto de la Comunidad Valenciana han reclamado a la Conselleria de Educación una nueva normativa que proteja al profesorado equivalente a la que Sanidad ha anunciado ante el incremento de las agresiones a los sanitarios.

Pese a que el pasado enero entró en vigor el decreto Convivencia, con el que la Administración autonómica se comprometió a reforzar la autoridad del docente, la Asociación de Directores y Directoras de Secundaria (Adies-PV) ha exigido una norma más clara que pueda tipificar las agresiones y amenazas contra el profesorado; dotar a los centros de más recursos y protocolos para prevenir y actuar ante casos de violencia e incrementar las medidas disciplinarias y legales para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

El colectivo ha expresado su rechazo más absoluto ante la agresión brutal sufrida por miembros del profesorado en un centro educativo de Alcoy, y ha mostrado su total solidaridad con las personas afectadas y con la comunidad educativa del centro. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el IES Cotes Baixes y acabaron con el arresto de la madre de un alumno y un hermano mayor de este, de 17 años y por tanto menor de edad, cuando al parecer se presentaron en el centro estas dos personas y atacaron al docente, tras ser avisada la progenitora por el centro de un problema que había protagonizado su hijo, al que habían llamado la atención.

Desde Adies-PV han destacado que "ningún profesional de la educación debe trabajar en un entorno donde se produzcan agresiones, amenazas o intimidaciones", y ha recordado que la violencia es "absolutamente incompatible con la convivencia escolar y con el derecho a la educación". La asociación también ha apelado a la sociedad valenciana para que defienda y valore el trabajo del profesorado.

El nuevo decreto de convivencia es insuficiente para el profesorado y reclama medidas más firmes

El sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, también ha condenado la agresión física que ha sufrido el docente de Alcoy y ha exigido a la Conselleria de Educación que se implique de manera decidida en el caso. La organización sindical ha advertido de que el profesorado se siente "cada vez más expuesto e indefenso ante situaciones límite como la sufrida por el docente afectado". En este sentido, considera imprescindible reforzar los recursos de los centros educativos para prevenir este tipo de incidentes e impulsar medidas que mejoren el clima de convivencia en las aulas y refuercen la figura docente.

Agresiones cada vez más frecuentes

Además, han denunciado que no están ante un caso aislado, ya que las agresiones físicas y verbales en los centros educativos son cada vez más frecuentes debido a dos factores objetivos. En primer lugar, el STEPV ha apuntado a "la falta de recursos provocada por los continuos recortes: ratios elevadas, ausencia de personal especializado, etc". Y, en segundo lugar, lo ha vinculado con el crecimiento de los discursos vinculados a la extrema derecha, como son los discursos de odio, la banalización y valoración positiva de la violencia, su normalización, etc.

Frente a ello, el sindicato ha solicitado a Educación una mesa sectorial monográfica para tratar las agresiones al profesorado y exigir la necesidad de una respuesta institucional contundente para garantizar la seguridad del profesorado y mejorar las condiciones en que se desarrolla la labor educativa en los centros del territorio. Aunque, desde la conselleria no han hecho públicas las cifras de altercados que se producen con los docentes, solo el área de salud laboral del STEPV ha recibido en el último año 32 denuncias por agresiones, de las cuales 11 han sido físicas y el resto psíquicas verbales.

Con ello, han hecho un llamamiento para firmar un manifiesto de apoyo al docente agredido y enviarlo al secretario autonómico de Educación para exigir la convocatoria urgente de esta Mesa sectorial con el fin de abordar todos los temas tratados en este documento.

En la misma línea, Comisiones Obreras ha señalado que este episodio no puede ser tratado como un incidente aislado. Para el colectivo, se trata de "un nuevo ejemplo de la escalada de tensión que se vive en muchos centros educativos y que está directamente relacionada con los últimos dos años de recortes, la falta de recursos educativos y la ausencia de una política decidida de apoyo al profesorado".

El STEPV advierte de que las agresiones son cada vez más frecuentes por la falta de medios y los discursos de odio

Sanciones de hasta 60.000 euros en el ámbito sanitario

Hace escasos días, la Conselleria de Sanidad ha anunciado que trabaja en una modificación de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana para incluir un régimen específico de infracciones que permita a los órganos competentes sancionar sin necesidad de recurrir a la vía judicial las agresiones en el entorno sanitario. El nuevo sistema contemplará sanciones desde 500 euros a 60.000 euros, en función de la gravedad, e incluirá desde los daños ocasionados al mobiliario de hospitales y centros de salud hasta las agresiones verbales, insultos, faltas de respeto o daños físicos producidos a los profesionales.

En el ámbito educativo, desde este año, el daño, la agresión, la injuria o la ofensa al profesor ha pasado a considerarse como una falta grave, al igual que ocurre con cualquier forma de acoso o ciberacoso hacia el alumnado o personal del centro. Las medidas disciplinarias por este tipo de conductas van desde que el alumno haga tareas educativas fuera del horario lectivo para la reparación del daño causado; la suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares por un tiempo; no salir al patio; el cambio definitivo a otro grupo del mismo curso; la suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias; la suspensión de la asistencia al centro educativo por un período de entre quince y treinta días naturales y excepcionalmente, se planteará la posibilidad de cambio de centro educativo.

El nuevo decreto de convivencia de la Conselleria de Educación para tratar de atajar el acoso escolar y los conflictos en las aulas, que se han triplicado en los últimos cinco años en la Comunidad Valenciana, tiene, previsiblemente, más mano dura contra los alumnos reincidentes que cometan faltas graves. Estos disponen menos oportunidades para librarse de un expediente disciplinario con el que pueden enfrentarse a ser expulsados. Sin embargo, ante el aumento de caso y la gravedad de los mismos, como el ejemplo de Alcoy, el profesorado reclama medidas más firmes para su protección.

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