El gobierno de Barcala retrasa de nuevo la comisión en el Ayuntamiento de Alicante sobre el escándalo de las viviendas protegidas

De la "rapidez" a la parálisis. El Ayuntamiento de Alicante retrasa una semana más la comisión municipal sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN. Mientras, el gobierno local de Luis Barcala reconoce que tampoco ha avanzado en la conclusión de los expedientes de averiguación internos sobre la implicación de funcionarios, el convenio con la Generalitat por el derecho de tanteo o la prohibición de acceso a VPP para concejales o asesores

"Seguramente, de aquí a final de semana tienen que estar finalizados los expedientes. En ese momento fijaremos la fecha de la comisión", señaló la pasada semana el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar. Este martes, siete días después, las explicaciones del edil popular han sido idénticas: "En pocos días vamos a poder dar fecha de la sesión constitutiva. Estoy pendiente de que me informen cuando estén finalizados. Será en muy, muy poco tiempo", ha añadido Villar.

Cambio de postura

De esta manera, mientras las Cortes ya han constituido su organismo de investigación, el Ayuntamiento continuará aguardando a la finalización de dichos expedientes, según Villar, porque el ejecutivo popular "no va a cambiar la decisión sobre la marcha".

No obstante, el equipo de gobierno sí ha rectificado su planteamiento inicial respecto a las medidas aplicadas a los funcionarios vinculados con el expediente. En este sentido, Barcala no ha esperado a concluir las investigaciones, como se dijo en un primer momento, y ha optado por apartar al arquitecto Francisco Nieto, propietario de un piso protegido en Les Naus, de la renovación del planeamiento urbanístico de la ciudad, sustituyéndole por otro funcionario del área de Infraestructuras.

Por otro lado, el gobierno municipal también ha actuado respecto a la otra arquitecta salpicada por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. En este caso, Elsa Lloret, arquitecta municipal de Urbanismo, ha recibido órdenes para que se abstenga de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas de protección pública. En cambio, no se ha adoptado ninguna decisión respecto al futuro de María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino entre los vecinos de la urbanización, y que permanece como jefa de Contratación por decisión del ejecutivo de Barcala.

Parálisis municipal

El vicealcalde también ha hecho gala de la "rapidez" con la que el gobierno local actuó cuando este diario destapó las polémicas adjudicaciones (abriendo investigaciones internas y acudiendo a Fiscalía después de que lo hicieran Sumar, el PSOE y la Generalitat), aunque ha reconocido (ya lo hizo hace una semana) que no se han producido avances en el resto de tramitaciones anunciadas.

Se trata, principalmente, del convenio con la Generalitat Valenciana para que el Ayuntamiento pueda asumir el derecho de tanteo y ejercer acciones de compra preferente cuando los propietarios de Les Naus pongan a la venta sus viviendas protegidas. Un documento anunciado a principios de febrero por ambas administraciones del que nada se sabe.

Tampoco se ha concretado aún otra medida anunciada por el alcalde en los primeros compases del escándalo: la prohibición a concejales y asesores de acceder a viviendas protegidas. Minutos después de que su homólogo en Elche, Pablo Ruz, avanzase una actuación similar, Barcala envió un comunicado de prensa asegurando que impediría a cargos de su gobierno repetir lo que había ocurrido con Rocío Gómez, concejala de Urbanismo que dimitió al publicar INFORMACIÓN que era vecina de Les Naus. Por ahora, el dirigente popular no ha concretado cómo ni cuándo pretende hacerlo.

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