Ayuntamientos afectados por el caso Baño habrían pagado más de un millón por la gestión de los bonos comercio

Los ayuntamientos de la provincia que encomendaron a Facpyme la gestión de los bonos comercio en las campañas de 2022, 2023 y, en algunos casos, también 2024, habrían abonado en conjunto más de un millón de euros por ese servicio, atendiendo a las estimaciones realizadas a partir de la información recabada por este diario en una decena de municipios tras las cifras facilitadas por los propios responsables locales.

La cifra no tiene carácter cerrado ni oficial pero sí permite dibujar una magnitud económica relevante en torno a la operativa que ahora se encuentra bajo sospecha judicial en el caso que ha llevado a la detención de Carlos Baño. El pasado viernes fue detenido el presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme, en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos comercio. La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño, que quedó en libertad con cargos la tarde del viernes, no declaró en comisaría por consejo de su abogado al estar el caso en secreto y quedó pendiente de comparecer ante el juzgado. Su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La gestión directa era lenta, compleja y no daba respuesta a las dificultades

Carlos González

— Alcalde de Elche entre 2015 y 2023 (PSOE)

El cálculo parte de varios datos concretos y de una estimación global. El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques (PSOE), sitúa en unos 15.000 euros de media el coste de estos encargos y lo proyecta sobre alrededor de 25 ayuntamientos y tres anualidades, lo que arroja una cifra de 1.125.000 euros. A ello se suman referencias precisas obtenidas por este periódico en algunos municipios, como Alcoy, donde su alcalde, Toni Francés (PSOE), cifra en 23.000 euros lo pagado a Facpyme en 2022, o el propio l’Alfàs del Pi, donde Arques recuerda importes de 18.000 euros el primer año y 14.000 el segundo. Los pagos de Villena también rondaron esas mismas cantidades.

Su alcalde, Fulgencio Cerdán (PSOE), explica además que existía un mínimo y, a partir de ahí, un porcentaje en función del volumen de la ayuda, un sistema que, según señala, hacía especialmente gravosa la operativa para los municipios más pequeños.

Facpyme se propuso para gestionarlo de la manera más rápida posible

Rubén Alfaro

— Alcalde de Elda (PSOE)

Más allá del dinero, los testimonios recabados apuntan a un patrón bastante coincidente entre alcaldes y exalcaldes de distinto signo político. No describen presiones directas para contratar con Facpyme, pero sí un contexto que, en la práctica, conducía con frecuencia hacia esa entidad. La explicación que más se repite no es política, sino operativa. Los responsables municipales consultados aluden a plantillas limitadas, departamentos de comercio saturados, miles de expedientes que tramitar, necesidad de contar con una pasarela tecnológica ya preparada y plazos muy ajustados para poner en marcha las campañas sin perder las ayudas.

Ese argumento aparece con claridad en municipios de gran tamaño y de colores políticos distintos. El ahora exalcalde de Elche Carlos González (PSOE) sostiene que el volumen de beneficiarios hacía muy difícil una gestión directa por parte del Ayuntamiento y que Facpyme ofrecía rapidez y una herramienta ya preparada. En Elda, su alcalde, Rubén Alfaro (PSOE), habla también de una combinación de eficiencia y celeridad en un procedimiento que exigía aplicación informática, códigos QR y validación de tiques. En Santa Pola, la alcaldesa, Loreto Serrano (PP), apunta en la misma dirección al señalar que era una de las pocas entidades que disponían del programa necesario para gestionar los bonos comercio.

En otros municipios, además de esa necesidad operativa, aparece la idea de que Facpyme llegaba ya muy posicionada. La entonces alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia (PSOE), relata que la entidad acudió a la Concejalía de Comercio y se reunió con técnicos del área para explicar el servicio, en un contexto en el que, según afirma, el escaso margen temporal “casi obligaba” a acabar contratando con ellos. En Alcoy, Francés resume la situación de forma gráfica: “Al final tenías que ir a morir ahí”. En Villena, Cerdán recuerda que se les presentó como la opción capaz de hacer la gestión con rapidez y que incluso se deslizó en conversaciones que Facpyme podía asumir ese trabajo.

Con todo, ninguno de los testimonios recabados por este diario sostiene haber recibido una presión expresa del tipo “o lo hacéis con Facpyme o no hay subvención”. Esa versión se repite en Elche, Elda, Sant Joan d’Alacant (PP), Santa Pola, l’Alfàs del Pi o Petrer (PSOE). Sí afloran, en cambio, matices que hoy cobran relevancia. Algunos responsables locales admiten que la entidad parecía tenerlo todo muy controlado desde el principio o que llamaba la atención la posición de ventaja con la que se presentaba. Otros destacan que, con el paso del tiempo, han conocido extremos que en aquel momento ignoraban, como el entramado societario bajo el que se habría articulado parte de la operativa investigada.

Era uno de los pocos que tenía el programa de gestión para hacer el bono comercio

Loreto Serrano

— Alcaldesa de Santa Pola (PP)

También hay municipios que recuerdan problemas en la ejecución. Orihuela asegura que trabajó mal con Facpyme y que se produjeron retrasos y reproches públicos por los pagos. Petrer habla de inconvenientes con listados, horarios y gestión con los vecinos. Y Villena incide en que el verdadero problema era la falta de alternativas reales si se quería sacar adelante la campaña sin que se perdiera el dinero.

La fotografía que dejan estos testimonios es, por tanto, la de una red de ayuntamientos de distinto signo que acudieron a Facpyme por razones de urgencia y operatividad pero dentro de un esquema que, según varios de ellos, favorecía de hecho que esa opción acabara imponiéndose. Esa conclusión no acredita por sí sola ninguna irregularidad pero sí ayuda a explicar por qué una misma entidad terminó concentrando la gestión de los bonos comercio en tantos municipios de la provincia.

El primer año pagamos 18.000 euros y el segundo unos 14.000 euros

Vicente Arques

— Alcalde de l'Alfas del Pi (PSOE)

Este diario ha intentado recabar también la versión de más ayuntamientos gobernados por el PP que trabajaron con Facpyme, sin obtener respuesta.

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