La Fiscalía investiga 14 casos de bebés robados en el franquismo en Alicante

La Fiscalía de Alicante tiene abierta una investigación por casos de bebés robados para lo que está previsto que se lleven a cabo exhumaciones en el cementerio de esta ciudad. Se trata de uno de los procedimientos que tiene abiertos en estos momentos en la provincia la Fiscalía de Memoria Democrática, de reciente creación con el objetivo garantizar que el Ministerio Público intervenga activamente en la investigación, reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura franquista y las violaciones de derechos humanos asociadas.

El fiscal delegado de estas materias en la provincia, Óscar Presa, hizo balance del trabajo realizado a lo largo de estos meses en un acto celebrado en la Sede de la Universidad de Alicante. La actividad fue presentada por Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante y miembro del grupo de investigación Memoria, Identidad y Ficción (MIF), quien ha organizado este encuentro con la colaboración de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Las investigaciones por bebés robados corresponden a casos registrados en el Hospital General de Alicante, por los que se van a practicar exhumaciones en el cementerio a fin de comprobar si efectivamente fueron enterrados allí. Según ha explicado Presa, las exhumaciones se van a realizar de manera individual tras las denuncias presentadas por asociaciones de víctimas del franquismo.

Uno de los casos denunciados se produjo ya después de la Dictadura, un hecho que determinaría que la Fiscalía de Memoria Democrática ya no sea competente. Sin embargo, por mantener una uniformidad en todas las investigaciones se ha pedido autorización a la Fiscalía General del Estado para que sea Óscar Presa el responsable de esas diligencias por hechos ocurridos en la etapa democrática.

Esta fiscalía especializada está prevista en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que establece la creación de una fiscalía de sala dedicada específicamente a estas materias. Este puesto lo ocupa actualmente Dolores Delgado. Paralelamente, cada provincia dispone de un fiscal delegado encargado de aplicar y desarrollar estas funciones en su ámbito territorial.

Según explicó Presa, en estos momentos tiene abiertos tres expedientes gubernativos a ayuntamientos de la provincia para garantizar que eliminan símbolos que vayan en contra de la Ley de Memoria Democrática.

Símbolos bajo sospecha

Las corporaciones afectadas son los ayuntamientos de Alicante, Callosa de Segura y Benissa. Estos expedientes son una vía administrativa interna para recabar información antes de decidir si se pasa a la vía penal o se emprenden otro tipo de acciones para garantizar que se restituye la legalidad.

En el caso de Alicante, el expediente se ha abierto por el catafalco de José Antonio Primo de Rivera ubicado en el cementerio de esta ciudad, al considerar que «se trata de un monumento en el que se ensalza al bando sublevado», por lo que se están iniciando los pasos para garantizar la retirada o la resignificación. El polémico monumento de homenaje, del que ha exigido su retirada la Comisión Cívica para la Memoria Histórica, está el lugar en el que su cadáver fue identificado por su hermano tras ser fusilado en 1936.

En el caso de la Cruz de Callosa de Segura, el expediente se ha abierto tras la reubicación de este símbolo católico en un suelo de su propiedad en el lateral de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, con un vallado perimetral y libre de inscripciones falangistas. Desde el Ministerio Público se está tratando de aclarar si realmente se ha resignificado el monumento, que fue retirado en su día por incumplir las leyes de memoria.

En el caso de Benissa, se intenta aclarar cuál es el destino de los brigadistas internacionales que fueron exhumados años atrás del cementerio, ya que se desconoce adónde fueron trasladados.

Teófilo del Valle

Otro de los procedimientos que tiene en marcha esta Fiscalía es la muerte de Teófilo del Valle joven eldense de 20 años que falleció presuntamente por disparos de la Policía Armada durante una movilización obrera del calzado en una causa en la que figura como investigado el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, además del policía que efectuó los disparos. Una causa que se abrió por crímenes de lesa humanidad y enmarcada en la violenta represión policial que hubo en esos momentos. La causa está paralizada en estos momentos a la espera de que la Audiencia resuelva los recursos de los investigados.

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