El PSPV exige al Consell suspender las ayudas a la Cámara de Alicante mientras Baño siga investigado

El PSPV ha abierto este martes un nuevo frente político sobre la Cámara de Comercio de Alicante tras la detención y posterior puesta en libertad con cargos de su presidente, Carlos Baño, y ha reclamado al Consell que suspenda cautelarmente todas las subvenciones, ayudas, convenios y líneas de financiación pública de la Generalitat con la entidad mientras su máximo responsable siga afectado por la investigación judicial y no sea apartado del cargo.

La iniciativa la ha formalizado el grupo socialista en las Cortes mediante una proposición no de ley registrada por la vía de urgencia, con la que plantea que esa suspensión se mantenga hasta que concurra alguna de estas circunstancias: que exista una resolución judicial que aclare los hechos investigados, que la propia Cámara aparte temporalmente a Baño mientras se desarrolla el procedimiento o que este cese por cualquier causa.

La ofensiva del PSPV llega después de que el pasado viernes fuera detenido Baño, también presidente de Facpyme, en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia. La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño no declaró en comisaría por consejo de su abogado y por el secreto de sumario y quedó pendiente de comparecer ante el juzgado. Su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Lo mínimo exigible es prudencia institucional suspendiendo las ayudas públicas a la Cámara

Mayte García

— Portavoz adjunta del PSPV en las Cortes

Con este movimiento, los socialistas trasladan ahora el foco desde la Diputación al Gobierno valenciano. La tesis que sostienen es que, aunque la investigación judicial no afecte formalmente a la Cámara como institución, sí obliga a actuar con “prudencia institucional” cuando se trata de una corporación de derecho público que participa en programas financiados con dinero público. En esa línea, la portavoz adjunta del PSPV en las Cortes Mayte García ha defendido que esa prudencia pasa por suspender las ayudas mientras el presidente de la entidad siga investigado y no haya sido apartado.

El PSPV trata, no obstante, de blindarse frente a la crítica de que esa exigencia pueda perjudicar al comercio local o a las pequeñas y medianas empresas. Por eso, la PNL plantea expresamente que los programas de apoyo al comercio y a las pymes impulsados por la Generalitat puedan seguir desarrollándose a través de otros mecanismos o entidades colaboradoras, de modo que el tejido económico no resulte dañado. Es decir, los socialistas intentan separar la continuidad de las ayudas al sector de la continuidad de la relación institucional con la Cámara mientras persista la investigación sobre Baño.

La iniciativa va más allá de la suspensión cautelar. El grupo socialista reclama también al Consell que elabore en un plazo máximo de tres meses un informe detallado sobre todas las subvenciones, convenios, ayudas y líneas de financiación concedidas por la Generalitat en los últimos cinco años a la Cámara de Comercio de Alicante y a entidades vinculadas. Ese documento, según plantea la propuesta, debería especificar los importes concedidos, el objeto de las ayudas, los mecanismos de control y fiscalización aplicados y el estado de justificación de cada una de ellas.

Barcala debe despejar cualquier duda y aportar toda la documentación a la oposición

Trini Amorós

— Portavoz adjunta del grupo municipal socialista en Alicante

Además, la PNL reclama reforzar los mecanismos de transparencia y control en la gestión de ayudas públicas destinadas al comercio local y a las pymes, especialmente cuando intervengan entidades colaboradoras o intermediarias, y establecer sistemas que garanticen la plena trazabilidad de esos fondos. Esa parte de la propuesta conecta con uno de los ejes que ha ido ganando peso en la derivada política del caso: no solo qué ocurrió en las campañas de los bonos comercio bajo sospecha, sino también qué controles existían sobre el destino final del dinero público.

En su argumentación, el PSPV incorpora además el precedente de la polémica por la nueva sede de la Cámara de Comercio, al sostener que en la gestión de Baño “llueve sobre mojado”. Los socialistas recuerdan las controversias en torno a esas obras en Panoramis y la partida incorporada por el Consell de Mazón para financiarlas y utilizan ese contexto para sostener que el actual Gobierno autonómico no puede responder con “pasividad” o “silencio” ante la investigación abierta.

También desde el grupo municipal

A esa ofensiva se ha sumado además el grupo municipal socialista en Alicante. La portavoz adjunta, Trini Amorós, ha reclamado al gobierno de Luis Barcala los expedientes completos de la tramitación y gestión del bono gastronómico que el Ayuntamiento, a través del Patronato de Turismo, articuló mediante un convenio con la Cámara de Comercio en 2022 y 2023. Esa petición se añade a la documentación solicitada este lunes sobre la gestión de las campañas de los bonos comercio de 2022, 2023 y 2024. El PSOE quiere comprobar si el ejecutivo local fiscalizó que no se subcontrataran servicios con empresas u organizaciones ahora bajo investigación y reclama acceso completo a los expedientes para revisar si el gobierno del PP actuó con la diligencia debida.

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