Sumar eleva el caso Baño al Congreso para aclarar si el bono comercio se nutrió de fondos europeos

Sumar ha llevado el caso Carlos Baño al Congreso de los Diputados con una petición formal de información centrada en una posible derivada hasta ahora no explorada en el plano político: si el programa del bono comercio impulsado en la provincia de Alicante pudo nutrirse, total o parcialmente, de fondos europeos gestionados por la Diputación. La iniciativa ha sido registrada por el diputado por Alicante y portavoz de Sumar, Txema Guijarro, y solicita a la institución provincial toda la documentación necesaria para aclarar el destino de los recursos comunitarios captados entre 2020 y 2023.

La petición no sostiene que esos fondos europeos se utilizaran efectivamente en el bono comercio, pero sí pide que se aclare de forma expresa si alguno de ellos acabó destinado, directamente o mediante transferencias a ayuntamientos u otras entidades, a ese programa. El escrito reclama para ello un listado detallado de todos los fondos europeos recibidos por la Diputación de Alicante entre 2020 y 2023, con indicación del programa o convocatoria de origen, el importe, el año de recepción y la finalidad o proyecto vinculado. Además, solicita la documentación justificativa de su aplicación, como resoluciones, convenios, transferencias, informes de ejecución o memorias de programas.

Sumar vincula esa solicitud a los anuncios públicos realizados en su día por la propia Diputación sobre la creación de la Oficina Provincial de Fondos Europeos, su participación en solicitudes de fondos Next Generation orientados a la reactivación económica y al fomento del comercio en zonas turísticas durante 2021 y 2022 y las subvenciones a ayuntamientos para redactar y presentar proyectos europeos. A partir de esos antecedentes, la formación quiere verificar si parte de esos recursos pudo terminar relacionada con el bono comercio ahora bajo investigación judicial.

La iniciativa llega después de que el pasado viernes fuera detenido Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia. La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño no declaró en comisaría por consejo de su abogado y por el secreto de sumario y quedó pendiente de comparecer ante el juzgado. Su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Exigimos transparencia en la gestión del bono comercio y que Carlos Baño se aparte

Txema Guijarro

— Diputado de Sumar en el Congreso

Con este movimiento, Sumar abre un nuevo frente político en torno al caso, hasta ahora muy concentrado en la Diputación, la Cámara de Comercio y las reacciones del PSPV y Compromís en las instituciones valencianas. La formación lo hace, además, por una vía especialmente delicada, al introducir la pregunta de si recursos europeos destinados a la reactivación económica pudieron acabar vinculados a un programa cuya gestión se encuentra bajo sospecha.

Junto a esa petición de documentación, Sumar endurece el tono político y reclama que Baño se aparte “de manera inmediata” de la presidencia de la Cámara de Comercio de Alicante hasta que se esclarezcan las responsabilidades derivadas de su gestión. En su argumentación, la formación sostiene que resulta insostenible que siga al frente de una corporación de derecho público mientras está siendo investigado por unos hechos relacionados con fondos públicos y con programas de apoyo al comercio local.

Sumar va más allá del escrito registrado en el Congreso y carga también contra la etapa de Carlos Mazón al frente de la Diputación de Alicante. La formación sostiene que la gestión del anterior presidente provincial favoreció, con opacidad en la asignación de fondos y en la supervisión de programas, un contexto que “ha alimentado la desconfianza ciudadana”. En esa misma línea, Guijarro reclama transparencia plena tanto a la Diputación como a la Cámara y exige que se garantice la correcta rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos y europeos.

La ofensiva de Sumar se suma así a la cadena de iniciativas políticas abiertas tras la detención de Baño. Si Compromís ha tratado de ampliar el foco hacia el conjunto de ayudas transferidas a la Cámara y el PSPV ha pedido al Consell que suspenda cautelarmente sus subvenciones a la entidad mientras su presidente siga investigado, ahora Sumar lleva el caso al Congreso con una nueva pregunta de fondo: si, además del dinero provincial y municipal, también pudo haber fondos europeos en la trastienda del bono comercio.

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