La oposición impone a Barcala que todos los grupos formen parte de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
El gobierno popular se ve forzado a incluir en los estatutos una enmienda para que "siempre se garantice al menos un representante" por cada formación, al contrario de lo que ocurre en el Patronato de Turismo

El alcalde, Luis Barcala, durante la presentación de Alicante Futura en el año 2019. / INFORMACIÓN
El Ayuntamiento de Alicante pretendía abrir la puerta a una futura reducción de la participación en la Agencia Local de Desarrollo, eliminando la obligatoriedad de que todos los grupos políticos formen parte del organismo. Sin embargo, la izquierda y Vox se han aliado para imponer una modificación de los estatutos al gobierno popular de Luis Barcala, para que "siempre se garantice al menos un representante" por cada formación, al contrario de lo que ocurre en el Patronato de Turismo.
Este miércoles, la Corporación ha debatido la aprobación inicial de los nuevos estatutos de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (Aldes) de Alicante, un organismo autónomo local del Ayuntamiento, creado en el año 2000 para la promoción de políticas de impulso económico para la ciudad. Sin embargo, el borrador planteado por el ejecutivo del PP eliminaba la necesidad de que todos los grupos políticos cuenten con representación en el consejo rector. Una variación que permitiría, como ya ocurre en el Patronato de Turismo, excluir a formaciones minoritarias como Esquerra Unida, que cuenta con un concejal de los 29 que integran el Consistorio.
El cambio había generado malestar en la oposición municipal, que lo entendía como un "ataque" a la participación y una limitación del derecho a la representación política. Por ello, tanto EU-Podemos como Vox habían planteado sendas enmiendas en las que exigían que, en cualquier caso, todos los grupos cuenten con al menos un representante de manera garantizada en la dirección de la Aldes. A la hora de la votación, pese a la negativa del PP de Luis Barcala, la izquierda y los de Abascal han votado en bloque para imponer al gobierno municipal la modificación estatutaria.
En este sentido, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha señalado que el rechazo a varias de sus propuestas "ha sido más político que jurídico, puesto que muchas de ellas se limitaban a reforzar principios básicos como la transparencia, la participación o la rendición de cuentas". Elementos que, para el edil, son "plenamente coherentes con el espíritu que debe regir el funcionamiento" de un organismo público municipal. "Son cuestiones que no contradicen ninguna normativa y que encajan perfectamente en el espíritu de unos estatutos que deben garantizar el buen gobierno de un organismo público", ha afirmado.
Patronato de Turismo
La última modificación de la composición de un organismo autónomo del Ayuntamiento tuvo lugar el pasado mes de noviembre y supuso una cesión incómoda del Partido Popular a Vox, para acercar posturas de cara a los presupuestos del 2026. El gobierno local admitió, a petición de los ultras, que la Cámara de Comercio entrara a formar parte del Patronato de Turismo. Todo ello, en pleno choque entre el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la entidad, Carlos Baño, por las polémicas obras (irregulares y sin licencia) de su nueva sede y el entonces inminente desalojo del Consistorio como inquilino del antiguo Palas al no prolongarse el alquiler, vigente desde 2014.
La necesidad de que se aceptara la presencia de miembros del sector comercial en el Patronato lleva sobre la mesa varios años, en los que se ha conversado con las distintas asociaciones de la ciudad respecto a su representación. En este caso, según señalaron fuentes de Vox a INFORMACIÓN, la decisión de incluir a la Cámara de Comercio se produjo debido a la dificultad de determinar que sea un solo colectivo el que ejerza como portavoz de los demás, mientras que la entidad cameral engloba a otras agrupaciones como Facpyme, tal y como indicaron desde la formación de ultraderecha.
Facpyme ha sido, precisamente, la entidad registrada la pasada semana por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigan presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones. En el marco de esta operación, Carlos Baños, el presidente de la Cámara y de Facpyme (y representante del Patronato de Turismo), fue detenido y, posteriormente, puesto en libertad con cargos.
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