Los profesores de Alicante ya planean encierros en los centros, parar las clases en mayo y no poner notas

Encierros en los centros educativos desde la próxima semana y huelga indefinida desde principios de mayo sin poner las notas. Son las medidas que ya están planeando profesores de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana, para elevar la presión hacia la Conselleria de Educación con tal de mejorar las condiciones de trabajo en la enseñanza pública.

Es una prueba de que la movilización de los docentes está subiendo de nivel. De hecho, hay ya más de un centenar de asambleas activas en institutos y colegios de todo el territorio autonómico que pretenden aunar fuerzas y también implicar a los estudiantes y a las familias en la lucha del profesorado para lograr una subida salarial que los saque del furgón de cola de los peor pagados del país, además de una bajada de ratios, un refuerzo del personal, medios suficientes para garantizar la inclusión en las aulas, infraestructuras dignas y el fomento del valenciano.

Como ejemplo, este miércoles en varios institutos alicantinos se han celebrado encuentros para preparar la huelga convocada por los sindicatos para el próximo 31 de marzo en los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, y para acordar medidas previas y posteriores a esa jornada. Los profesores han planteado hacer un encierro el próximo jueves en un centro educativo de la ciudad, que podría implicar que pasaran la noche.

Por otra parte, en el IES 8 de marzo, que han convocado una concentración el próximo miércoles, también se han mostrado partidarios de, en caso de que la negociación con la Generalitat siga sin avanzar, parar las clases a partir de mayo, lo que implicaría un caos, sobre todo, para los alumnos de segundo de Bachillerato, que necesitan obtener las calificaciones del curso para poder presentarse a la Selectividad. Hay otros docentes que, por contra, están planteando iniciar la huelga indefinida a finales de mayo.

Un parón en mayo podría complicar que la Selectividad para los alumnos de segundo de Bachillerato

Nuevas concentraciones

Paralelamente, en otros centros se han vuelto a protagonizarse protestas este miércoles, al igual que ya hicieron la pasada semana, como ha sido el caso del IES Jorge Juan. Los ánimos del profesorado se han tensado este curso, un colectivo que está denunciando una "situación límite" en los centros educativos y que ya ha paralizado la enseñanza con una huelga el pasado 11 de diciembre. Hace tan solo dos semanas, los profesionales volvieron a echarse a la calle en Alicante, València y Castellón para reclamar una mayor inversión en negociación. Además, ya son diversas las veces que el profesorado se concentra en las puertas de los centros. La primera fue el 20 de noviembre y la segunda el 10 de febrero. Para el próximo 24 de marzo hay otra protesta convocada.

Además, los sindicatos han entregado a Educación las decenas de manifiestos recibidos por los claustros, los consejos escolares de centro y las asambleas de profesorado que exigen la negociación inmediata de las mejoras laborales para el colectivo.

Reunión con la conselleria, la próxima semana

Tras las protestas del pasado jueves, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, anunció que van a "perseverar en nuestra actitud negociadora" y que el día 23 de este mes "convocarán a los sindicatos a una mesa sectorial "para seguir negociando todos los aspectos que consideren oportunos, obviamente dentro de un orden". En este sentido, ya avisó de que "es una negociación en la cual todas las partes han de ceder en sus posiciones".

Por otra parte, sobre otra de las reivindicaciones que persigue el colectivo, la bajada de ratios, también anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para que haya 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO en los centros educativos públicos es inviable para la Conselleria de Educación sin fondos del Gobierno.

En una Comunidad donde las clases de Primaria tienen 25 escolares y las de Secundaria, 30, (cuando no más por la matrícula sobrevenida), lo que que ha llevado a los docentes y las familias a urgir medidas para mejorar la atención educativa, la Generalitat Valenciana ha cifrado en 779,9 millones de euros el "gasto aproximado" de la propuesta que plantea el Ejecutivo central.

Según la consellera del área, Carmen Ortí, la reducción de ratios "implicaría medidas como la contratación de personal y la adecuación de infraestructuras", una inversión que considera “totalmente inasumible sin financiación del Gobierno central”

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