Auditores del Estado apoyan a Anticorrupción en la investigación de las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante

La magistrada Amparo Rubio, los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría provincial de Alicante no están solos ante el ingente volumen de documentación pendiente de analizar que tienen por delante sobre el residencial Les Naus de Alicante, la primera promoción de pisos protegidos que se ha levantado en la ciudad en dos décadas y que ha acabado en manos de la Justicia por unas cuando menos polémicas adjudicaciones.

La unidad adscrita a la Fiscalía de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) va a ayudar en el estudio del material que sobre la construcción de esta urbanización y la posterior asignación de los pisos han entregado en el juzgado, a requerimiento de la instructora, el Ayuntamiento, la Conselleria de Vivienda y el promotor y responsable de Fraorgi, la mercantil que gestiona la cooperativa.

El jefe de Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha decretado la incorporación de esta unidad especializada en auditorías y control financiero público cuya función se centra en apoyar a los fiscales en la investigación de delitos económicos complejos.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a raíz del escándalo de Les Naus: “La adjudicación de viviendas protegidas tiene que ser pública, no se puede privatizar”

Funcionarios especializados

La unidad está formada por interventores y auditores del Estado junto a otros funcionarios técnicos especializados en esta materia y, aunque está adscrita al Ministerio Público, depende en realidad de Hacienda a través de la estructura de la IGAE.

Su aportación se centra en el análisis de la documentación contable intervenida en casos de corrupción tras lo que elaboran informes periciales para determinar si se ha malversado y/o defraudado dinero público.

En este caso se trata de asistir a los acusadores públicos en el estudio de un material que abarca desde la enajenación de la parcela, que el Ayuntamiento vendió a bajo coste para levantar Vivienda Pública Protegida (VPP), hasta la adjudicación de los pisos, cuyos visados eran competencia de la conselleria que dirige Susana Camarero.

Un funcionario de este departamento ya ha sido suspendido de empleo y sueldo al detectarse que habría validado con datos falsos varios de esos visados, entre ellos el de su pareja, arquitecta municipal.

Vivienda, además, ha remitido al juzgado los expedientes de nueve adjudicaciones por supuestas irregularidades, seis de ellos por incumplimientos y los otros tres por no haber cumplimentado la documentación que se les requirió al estallar el escándalo destapado por este diario.

Residencial Les Naus de Alicante

El PSOE, personado

Mientras la instrucción sigue su curso, el juzgado ha aceptado la personación del PSOE en la causa para ejercitar la acción popular, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ya ha aportado los 3.000 euros de fianza que se le exigieron, así como presentar una querella.

La causa está abierta en la plaza número 5 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. La magistrada ha autorizado la personación de la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, y de la edil Silvia Castell tras haber consignado la fianza.

El PSOE presentó en su día una denuncia en la Fiscalía por estos hechos, en la que consideraba que en las polémicas adjudicaciones podrían haberse cometido hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley.

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