Toni Pérez tiene hasta el 13 de abril para celebrar un pleno extraordinario en la Diputación de Alicante por el caso Baño

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, tiene de plazo hasta el 13 de abril para celebrar el pleno extraordinario solicitado por el PSOE a cuenta del caso Carlos Baño y de la gestión del programa bono comercio. El grupo socialista registró la petición en la tarde del miércoles 18 y, al estar firmada por al menos un tercio de los diputados provinciales, la convocatoria resulta obligatoria conforme al reglamento de las entidades locales.

El mecanismo legal fija, además, dos tiempos. Por un lado, el presidente dispone de cuatro días hábiles para convocar formalmente la sesión. Por otro, el pleno debe celebrarse en un máximo de quince días hábiles desde la solicitud, un cómputo que, teniendo en cuenta festivos y fines de semana, sitúa la fecha límite en el lunes 13 de abril. Con todo, cabe la posibilidad de que Toni Pérez haga coincidir ese pleno extraordinario con la sesión ordinaria de abril, ya fijada para el miércoles 1. De este modo, el caso Baño entra ya en una nueva fase política en la Diputación, donde la oposición fuerza un debate plenario específico sobre el bono comercio.

En el escrito registrado, el PSOE justifica su petición en la “gravedad” de los hechos conocidos tras la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y en la necesidad de que la institución provincial ofrezca “explicaciones públicas claras” sobre una iniciativa financiada con fondos públicos de la propia Diputación. Los socialistas sostienen que el programa se desarrolló en colaboración entre la institución y la Cámara y que, por tanto, cualquier sospecha sobre su ejecución reviste especial trascendencia institucional.

Orden del día

El orden del día que plantea el grupo socialista incluye dos puntos. El primero, la comparecencia de Toni Pérez para informar ante el pleno sobre la gestión del programa bono comercio durante los años 2022, 2023 y 2024, así como sobre las actuaciones realizadas o previstas por la Diputación tras las informaciones aparecidas sobre posibles irregularidades. El segundo, la solicitud de creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos, el desarrollo administrativo del programa y los mecanismos de control aplicados durante su ejecución.

Ese segundo punto devuelve a la Diputación un debate que el equipo de gobierno ya ha rechazado en los últimos días. El PP ha venido sosteniendo que no tiene sentido abrir una comisión de investigación sobre una cuestión que, según su tesis, escapa a las competencias de la institución provincial, al defender que la Diputación se limitó a transferir las ayudas a los ayuntamientos y que la gestión posterior correspondía a cada consistorio. Con esta petición, el PSOE fuerza a Toni Pérez a pronunciarse de nuevo en sede plenaria tanto sobre esa línea de defensa como sobre la exigencia de depurar responsabilidades políticas.

El pleno extraordinario llega en pleno recrudecimiento de la ofensiva política por el caso. Compromís ya reclamó una comisión de investigación en la propia Diputación y trató de ampliar el foco al conjunto de fondos transferidos a la Cámara de Comercio y a sus sociedades vinculadas. El PSPV ha pedido en las Cortes la suspensión cautelar de las ayudas de la Generalitat a la Cámara mientras Baño siga investigado. Y Sumar ha elevado el caso al Congreso para aclarar si el bono comercio pudo nutrirse de fondos europeos gestionados por la Diputación.

Investigación judicial

En el centro de esa presión sigue estando la investigación judicial abierta por la Fiscalía Anticorrupción. El pasado viernes el presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos en el marco de las diligencias sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia. La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño no declaró en comisaría por consejo de su abogado y por el secreto de sumario y quedó pendiente de comparecer ante el juzgado. Su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La iniciativa registrada por el PSOE convierte ahora esa crisis en una obligación reglamentaria para la Diputación. Más allá de la batalla política de los últimos días, Toni Pérez tendrá que sentarse en el pleno extraordinario para dar explicaciones sobre el bono comercio y sobre el papel de la institución en un caso que ya ha traspasado el terreno judicial para instalarse de lleno en el frente institucional.

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