El PP y Vox sellan otra cesión en Alicante con la ordenanza de subvenciones

El gobierno de Barcala ha dado este viernes un nuevo paso en la tramitación de la ordenanza general de subvenciones que llega marcada por el acuerdo con Vox. El texto, que responde a una exigencia de la formación de Santiago Abascal para respaldar los presupuestos municipales de 2026, ha superado el trámite de la comisión de Presidencia con los votos a favor del PP y Vox y la abstención de toda la izquierda. La ordenanza se suma así a otras decisiones recientes, como la revisión del guion de las visitas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil aprobada a principios de febrero, también impulsada por los ultras.

El proyecto de Ordenanza General de Subvenciones ya había sido validado en Junta de Gobierno a finales de febrero, aunque su tramitación se retrasó después de que el ejecutivo retirara inicialmente el punto del orden del día. Con el dictamen favorable de la comisión, el texto queda ahora listo para su debate en el pleno del 26 de marzo para su aprobación inicial.

Además, durante la comisión se han aceptado enmiendas de casi todos los grupos, aunque con distinto alcance. Vox ha logrado incorporar todas sus propuestas, mientras que el PSOE y Esquerra Unida - Podemos han visto aprobadas sendas enmiendas de carácter técnico, centradas en corregir contradicciones y aspectos formales del documento.

Una ordenanza impuesta por Vox

El origen de la ordenanza se sitúa en las condiciones planteadas por Vox para respaldar las cuentas municipales de 2026. La formación venía reclamando desde hace años un reglamento específico que regulase las subvenciones municipales, una herramienta que, según defendía, resultaba necesaria para reforzar el control del gasto público.

El concejal de Vox, Mario Ortolá, reivindicó la ordenanza como un instrumento impulsado por su grupo para reforzar el control del gasto público. "Desde Vox seguimos trabajando para el control exhaustivo del uso del dinero público, principalmente a través de las subvenciones públicas. Los alicantinos no tienen porqué pagar ayudas para la compra de votos y cada euro gastado debe ir destinado única y exclusivamente a perseguir el bien común", afirmó Ortolá.

Desde el equipo de gobierno, el concejal Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Antonio Peral, defendió la ordenanza como un paso necesario para dotar al Ayuntamiento de una normativa propia que regule las subvenciones. "Tener una nueva ordenanza que mejore la regulación de las subvenciones dotándolas de un mayor control y agilidad facilitando así una normativa propia que adapta el marco común general a las singularidades propias del Ayuntamiento de Alicante", aseguró Peral.

El proyecto responde al cumplimiento de la Ley General de Subvenciones de 2003, que obliga a las administraciones locales a aprobar una ordenanza que regule las bases de las ayudas. El texto, que ya había sido validado en Junta de Gobierno a finales de febrero, consta de cuatro títulos y 52 artículos, además de un preámbulo, disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una final. Entre sus contenidos destacan la regulación de los procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones, el régimen de reintegro, el control financiero y el sistema de infracciones y sanciones. También se contemplan disposiciones específicas para subvenciones a grupos políticos municipales y para la concesión de premios educativos, culturales o científicos sujetos a publicidad y concurrencia.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, las valoraciones han sido críticas con el equipo de gobierno del PP, tanto por el contenido como por el contexto en el que se aprueba la ordenanza. La concejala socialista Silvia Castell señaló que el gobierno ha rechazado propuestas destinadas a mejorar la transparencia y el control en la concesión de ayudas. "Esta ordenanza no soluciona los problemas que se repiten cada año con asociaciones festivas, sociales o culturales, entre otras. Lo que hace falta es un plan estratégico, como viene reclamando la intervención, que defina qué actividades se subvencionan, cuánto dinero se destina y con qué criterios", apuntó.

Por su parte, la concejala de CompromísSara Llobellavanzó que su grupo realizará un seguimiento de cada convocatoria de subvenciones una vez se apruebe la ordenanza. "Estaremos atentos al desarrollo del futuro Plan Estratégico y a la aplicación práctica de la norma en cada caso", señaló Llobell.

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, apuntó que el equipo de gobierno ha rechazado sus enmiendas para reforzar la transparencia, el control del gasto público y el acceso de las asociaciones, utilizando argumentos "contradictorios y a la carta". "Se acepta crear informes cuando interesa, pero se rechazan cuando sirven para saber a dónde va el dinero público. Esa es la incoherencia", destacó Copé.

El Plan Estratégico de Subvenciones

La ordenanza incluye la obligación de desarrollar un Plan Estratégico de Subvenciones, que el Ayuntamiento, según indicó en una rueda de prensa, prevé aprobar a lo largo de este año. Este documento concretará los objetivos que se pretenden alcanzar con las ayudas públicas, los plazos para su ejecución, los costes previstos y las fuentes de financiación.

El plan tendrá una vigencia de tres años, con actualizaciones anuales, y recogerá todas las subvenciones concedidas tanto por el Ayuntamiento como por sus entidades dependientes. Además, cada área municipal deberá elaborar informes periódicos sobre el grado de ejecución y los efectos presupuestarios de las ayudas.

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