El Ayuntamiento de Alicante da otro paso adelante ante el presunto caso de acoso laboral grave en Hacienda

El caso de presunto acoso laboral en el área de Hacienda sigue con paso firme en el Ayuntamiento de Alicante. El gobierno de Barcala tiene previsto elevar al pleno de marzo una propuesta para rechazar el recurso de reposición interpuesto por el funcionario investigado frente al acuerdo plenario, de diciembre de 2025, que dio luz verde a la apertura de un expediente disciplinario por posible falta grave o muy grave, incluyendo la suspensión provisional de sus funciones, así como la remisión a Fiscalía de las actuaciones practicadas en el propio Ayuntamiento por si los hechos fueran constitutivos de delito.

La iniciativa del ejecutivo local, que este viernes ha conseguido el aval de todos los grupos en la comisión previa al pleno, propone desestimar el recurso de reposición frente al acuerdo plenario basado en el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Alicante que recogía la existencia de indicadores de una posible "situación de acoso laboral continuado".

Desde el Ayuntamiento, a petición de Recursos Humanos ante unos "hechos puestos de manifiesto y examinados que pueden ser constitutivos de infracción penal (delito de acoso laboral), se solicitó la apertura de diligencias en Fiscalía, además de tramitar la petición de las actuaciones necesaria para dirimir las responsabilidades penales que procedan. También, ante la posible falta disciplinaria muy grave, se remitió las actuaciones a la Dirección General de Administración local de la Generalitat Valenciana "por los presuntos hechos cometidos". Por lo que se refiere al régimen disciplinario, "la suspensión provisional" de sus funciones se consideró "necesaria para salvaguardar los derechos e intereses de los afectados y prevenir futuros daños".

El ejecutivo local logra el aval previo de los grupos municipales a la espera de la votación definitiva en pleno

Entre los argumentos en los que se basa el recurso de reposición, que todo apunta que será rechazado por el Pleno, el funcionario alega que el motivo del expediente es que previamente "había recurrido en vía administrativa y posteriormente judicial el impago de retribuciones fijas y periódicas de los organismos autónomos". El recurrente también acusa de "mala fe" al jefe de Prevención al dar por ciertas conductas vagas, genéricas y ambiguas y opina, además, que "incurre en temeridad, arbitrariedad y escaso rigor técnico para hacer 'el caldo gordo' del acoso", según recoge la propuesta de acuerdo del gobierno que se votará en el próximo pleno. A su vez, afea que sea un médico, en alusión al jefe de Prevención, quien realice una "calificación jurídica de las conductas", aunque desde Recursos Humanos precisan que esa valoración se realizó desde Servicios Jurídicos tras el informe inicial de Prevención.

Casi dos años atrás

El caso se remonta casi dos años atrás. Entonces, ocho funcionarios de Tesorería presentaron ante el Servicio de Prevención una denuncia "por posible acoso en el ámbito laboral" por parte de un funcionario de alto rango. A raíz de esa denuncia, el Servicio de Recursos Humanos abrió un expediente de información reservada y se realizaron las diligencias de investigación correspondientes, "teniendo en cuenta" la recomendación del Servicio de Prevención: "Los distintos escritos contenían información que exigía una inmediata actuación por las graves afirmaciones" y, en un caso concreto, "porque podría tratarse de un supuesto de acoso”.

De acuerdo con el protocolo de actuación contra el acoso laboral del Ayuntamiento, fueron llamados a prestar declaración los funcionarios que habían presentado denuncia, además del trabajador denunciado. Tras las diligencias correspondientes, el Servicio de Prevención concluyó, según un informe de agosto de 2024, que había que diferenciar dos ámbitos: uno, el relacionado con el escrito de siete funcionarios y el otro, vinculado con un caso particular.

El funcionario alega que el motivo del expediente se basa en que previamente "había recurrido el impago de retribuciones fijas y periódicas de los organismos autónomos"

El primero de los ámbitos, según el informe, "parece ajeno al objetivo de un expediente de averiguación de hechos relacionado con un acoso laboral". Eso sí, consideraba que "no es cosa menor que se viertan afirmaciones de la gravedad" como "desaires y malos modos" por parte del denunciado, "se prohíbe la comunicación" con uno de los denunciantes, la "falta de respuesta a consultas sobre temas de trabajo", la "denegación no justificada de formación fuera de la jornada", la "desaparición de la carpeta con modelos y plantillas para la actividad diaria del servicio" y el "traslado de trabajadores por el ambiente laboral generado".

Tras las diligencias de investigación, desde el Servicio de Prevención se puso el foco en el caso concreto de un funcionario, jefe intermedio en el Servicio de Tesorería. Y es que, según el informe previo, oídas las declaraciones se dieron por "verificados" hechos como que el denunciado "impide que los trabajadores del Servicio de Tesorería hablen" con la supuesta víctima, "limitando su comunicación" y la "desacreditación" del denunciante al afirmar el denunciado que "todo lo que dice está mal".

También, según el mismo informe, se verificaron "ataques verbales criticando los trabajos realizados", "se ignora la presencia" del denunciante, contactando con él a través de terceros en un primer momento y, tras advertirse "de que no tenía sentido dicho modelo al ocupar despachos contiguos, desapareció cualquier contacto, incluyendo por vía electrónica". Así, el informe del Servicio de Prevención de agosto de 2024 concluye que "no se habla nunca con la víctima, no se le deja que se dirija a uno y se prohíbe a sus compañeros hablar con él".

Esos hechos, según el jefe de Prevención de Riesgos tras la investigación interna, "se englobarían entre las destinadas a reducir las posibilidades de que la víctima se comunique adecuadamente con otros, incluido el propio [supuesto] acosador, y las destinadas a evitar que la víctima tenga contactos sociales, a lo que se añadirían las dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral".

Baja y reincorporación

Según un acuerdo de la Junta de Gobierno, en mayo de 2024, justo antes de la denuncia presentada en Prevención en junio de ese mismo año, el funcionario objeto de la investigación causó baja médica, lo que obligó a cubrir el puesto de manera accidental.

En el expediente abierto en el Ayuntamiento se explica que, tras regresar el denunciado de la baja por incapacidad temporal el pasado 24 de octubre, desde Prevención se informó cinco días después que dentro del protocolo frente al acoso, durante la instrucción, se indica expresamente que “se valorará la posibilidad de reubicar a alguna de las personas implicadas en otro servicio, de modo temporal y cautelarmente, hasta la resolución del expediente, sin que ello signifique prejuicio de la situación", ya que "la distancia entre las partes en conflicto supone la desaparición/disminución del mismo, evitando así un aumento de malestar y una posible incapacidad laboral".

Al respecto, el Ayuntamiento adoptó como medida preventiva, "dada la singularidad" del puesto de trabajo del denunciado, al tratarse de un alto funcionario, "su ubicación física sin contacto directo con el personal de Tesorería, y situado orgánicamente con una intermediación en su actividad" con la finalidad de garantizar que "pudiera atender las funciones propias de su cargo y evitar cualquier tipo de conflicto sobrevenido, en tanto el expediente relacionado con esta situación se resuelve", según recoge la documentación oficial.

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