Estas serán las primeras declaraciones ante el juzgado que investiga las viviendas protegidas de Alicante

Primeras declaraciones en la investigación judicial por el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. La magistrada de Alicante que investiga las presuntas irregularidades, Amparo Rubio, ya ha acordado las primeras citaciones por estos hechos. La cita será en el juzgado a mediados del próximo mes de abril donde la magistrada ha llamado a tres responsables de la Conselleria de Vivienda que firman el informe sobre las 140 adjudicaciones. Se trata de un documento que se ha elaborado a instancias del juzgado y que ahora los funcionarios deberán explicar en sede judicial en calidad de testigos. En dicho trabajo los funcionarios ha examinado los criterios de adjudicación vivienda por vivienda.

Los testigos citados son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda en la provincia y el secretario territorial adjunto. La magistrada también ha emplazado a la conselleria a aclarar si algún otro técnico más ha intervenido en el citado informe por si fuera necesario llamarle a él también. La comparecencia se ha acordado a instancias de los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia. Pablo Romero y Fran Marco.

Nueve expedientes enviados

La Conselleria de Vivienda ya remitió a la jueza los expedientes de nueve de las 140 adjudicaciones del complejo por supuestas irregularidades al detectar que en seis de ellas se incumplen los requisitos que la normativa marca para acceder a este tipo de vivienda protegida y que en las otras tres directamente sus propietarios no respondieron al requerimiento de documentación realizado por la conselleria tras destapar INFORMACIÓN el escándalo del residencial de La Condomina. Los incumplimientos estarían relacionados mayoritariamente con los ingresos y/o el patrimonio inmobiliario de los adjudicatarios, que superarían el tope que marcaba la Generalitat para poder acceder a estos pisos.

Las indagaciones sobre si los componentes de unidades familiares estarían o no realmente separados, treta de la que supuestamente se habrían valido en algunos casos para burlar el límite de ingresos e incluso de patrimonio inmobiliario, es algo que tendrá que indagar el juzgado, de así considerarlo necesario el Ministerio Público y la instructora.

Falta de documentación

Una de las tres adjudicaciones que adolecen de toda la documentación al no haberse atendido el requerimiento de Vivienda es la de Elsa Lloret, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante cuyo marido, técnico de la conselleria, ha sido suspendido de empleo y sueldo por validar irregularmente su visado para el residencial de vivienda protegida. Otra corresponde a la tesorera del Consistorio de Sant Joan, Sira Pérez, que volvió a su puesto municipal el pasado año tras unos seis años desempeñando funciones en la Administración autonómica.

Ambas habían trasladado su voluntad de "devolver" sus viviendas junto a otros tres adjudicatarios, entre los que está la pareja que compró dos pisos contiguos (un piso cada uno) y que ha comunicado también su intención de renunciar a ellos por "amor", ya que habían vuelto a tener un proyecto de vida en común, según alegaron ante la Administración.

Entre la información que el departamento que dirige la consellera y vicepresidenta Susana Camarero envió a la magistrada Rubio se encuentra también la relativa a las viviendas donde la inspección realizada por la Policía Local detectó personas residiendo en régimen de alquiler.

Estas casas solo se pueden arrendar si, acogiéndose a alguno de los supuestos que marca la ley, se ha solicitado y concedido la autorización para ello. Ninguna de las 140 viviendas del residencial cuentan con ese permiso, que ni ha llegado a pedirse, cuando la inspección señala la existencia de al menos tres casas alquiladas, aunque podrían ser más.

En dos de las detectadas están empadronadas personas distintas a sus propietarios. En ambos casos, los , los residentes son de procedencia eslava. Además, el peinado policial apunta también a una vivienda en la que vive otra persona diferente a la dueña del inmueble que dijo ser "amiga" de la familia de titular.

En el informe se incluyen todos los datos (apellidos coincidentes, edades de los adjudicatarios, viviendas en las que repite el patrón de mujer sola con hijos...) que la conselleria ha considerado que son relevantes para determinar cuántas de las adjudicaciones no cumplirían los requisitos.

Refuerzos

La unidad adscrita a la Fiscalía de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) va a ayudar en el estudio del material que sobre la construcción de esta urbanización y la posterior asignación de los pisos han entregado en el juzgado, a requerimiento de la instructora, el Ayuntamiento, la Conselleria de Vivienda y el promotor y responsable de Fraorgi, la mercantil que gestiona la cooperativa.

Como ya adelantó este diario, el jefe de Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha decretado la incorporación de esta unidad especializada en auditorías y control financiero público cuya función se centra en apoyar a los fiscales en la investigación de delitos económicos complejos. La unidad está formada por interventores y auditores del Estado junto a otros funcionarios técnicos especializados en esta materia y, aunque está adscrita al Ministerio Público, depende en realidad de Hacienda a través de la estructura de la IGAE.

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