Compromís lleva a las Cortes la gestión de Baño y pide fiscalizar su gestión y su transparencia

Compromís ha llevado a las Cortes Valencianas el caso de la Cámara de Comercio de Alicante con una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia en la que reclama una fiscalización específica tanto de su grado de transparencia como de su gestión económica y operativa en los últimos años. La iniciativa da un paso más en la derivada política abierta tras la detención, y posterior puesta en libertad con cargos, de Carlos Baño, presidente de la Cámara y también de Facpyme, y busca ampliar el foco más allá de la investigación judicial sobre los bonos comercio para someter a examen el funcionamiento de la entidad entre 2022 y 2025.

La PNL, registrada por la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Aitana Mas, plantea dos grandes líneas de control institucional. La primera consiste en instar al Consell de Transparència a elaborar un informe sobre el grado de cumplimiento por parte de la Cámara de Comercio de Alicante de sus obligaciones de publicidad activa conforme a la normativa autonómica y estatal. La segunda pasa por pedir a la Sindicatura de Comptes un informe de fiscalización especial de operaciones y de gestión correspondiente a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

La novedad de la iniciativa no está solo en la carga política del movimiento parlamentario, sino en el alcance del examen que Compromís propone. La coalición no se limita a pedir una valoración genérica sobre la actuación de la Cámara, sino que concreta de forma expresa qué quiere que revise la Sindicatura. Entre los puntos incluidos figuran el análisis detallado de los procedimientos de contratación, con especial atención a los contratos menores y a las adjudicaciones sin concurrencia pública; el examen de la eficiencia y la justificación de los gastos en publicidad y promoción; y el seguimiento y la trazabilidad de las subvenciones y fondos públicos recibidos para comprobar que su destino final se ajustó a la finalidad para la que fueron concedidos.

Informes

La PNL añade además una tercera derivada parlamentaria. Compromís reclama que, una vez elaborados, esos informes sean presentados en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes. Y fija también un horizonte temporal: seis meses desde la eventual aprobación de la resolución para que se elaboren y presenten los documentos solicitados.

El texto registrado toma como punto de partida la detención el pasado 13 de marzo de Baño por parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En ese operativo se practicaron varios registros, entre ellos el de la sede de Facpyme, por las presuntas irregularidades investigadas en la gestión de los bonos comercio impulsados en la etapa en que Carlos Mazón presidía la Diputación de Alicante. A partir de ahí, Compromís sostiene que no se trata de un episodio aislado y enlaza esta causa con otras controversias recientes que, según su argumentario, han ido erosionando la imagen de la Cámara.

La coalición menciona entre esos antecedentes la polémica por la construcción de la nueva sede de la Cámara en el Puerto de Alicante y cuestiona también su nivel de transparencia y su dependencia de fondos públicos. La iniciativa enmarca además este movimiento en un contexto de desconfianza institucional más amplio y llega a conectar esa necesidad de fiscalización con la crisis reputacional que, a juicio del grupo, arrastra la Generalitat.

Instituciones

La maniobra parlamentaria encaja con la línea que Compromís ya había venido sosteniendo en otras instituciones: ensanchar el perímetro del caso más allá de la causa penal abierta en torno a los bonos comercio y situar el debate también en el terreno de la fiscalización de los fondos públicos, de la contratación y del control de una corporación de derecho público como la Cámara de Comercio. No es una petición menor, porque parte precisamente de esa naturaleza jurídica de la entidad para sostener que su actividad está sujeta a los principios de transparencia, rendición de cuentas y gestión diligente de los recursos públicos.

La iniciativa registrada en las Cortes no activa por sí misma esos informes, ya que deberá seguir su tramitación parlamentaria y, en su caso, ser aprobada. Pero sí eleva un nuevo escalón político en el caso Baño y coloca en el foco no solo a la persona del presidente investigado, sino al conjunto del funcionamiento de la Cámara de Comercio de Alicante durante cuatro ejercicios completos. Con ello, Compromís trata de trasladar al ámbito autonómico una ofensiva que hasta ahora se había concentrado sobre todo en la investigación judicial y en la pelea política abierta en la Diputación.

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