Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública

En una nueva jornada de protestas del profesorado para exigir mejoras laborales, la Conselleria de Educación ha remitido a los sindicatos un documento con diez condiciones para mejorar la enseñanza pública como punto de partida para la negociación que arrancará este jueves. El departamento de Carmen Ortí vincula buena parte de las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza a los fondos del Gobierno central y recuerda la "infrafinanciación" de la Generalitat.

Para empezar, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha reiterado "la voluntad de la conselleria de trabajar para lograr la mejora del conjunto del sistema educativo valenciano" para lo que mantiene una posición de mano tendida con los representantes del sector. Asimismo, ante la intensificación de las movilizaciones, el representante de la conselleria ha manifestado la necesidad de que este diálogo se lleve a cabo a través del foro oficial de negociación que es la Mesa Sectorial de Educación. Por su parte, el sindicato STEPV ha tachado el documento de "burla" y de desprecio".

En el primer punto, la conselleria apela a la "responsabilidad compartida de la Administración y los representantes del profesorado para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo valenciano, basando su actuación en el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto a los límites presupuestarios reales".

En segundo lugar, ha trasladado que "todas las partes deben asumir que la infrafinanciación estructural de la Comunidad Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre mejoras retributivas del personal docente".

El tercer punto hace referencia a la configuración de las plantillas de los centros educativos. Los profesores y sindicatos han exigido un refuerzo del personal, pero Educación se aferra a que las plantillas deberán regirse siguiendo los criterios establecidos en la Orden 9/2025 (la distribución del profesorado que aprobó el Consell del PP, tras tumbar la que el Botànic acordó con los sindicatos estando en funciones, avalada en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia). Según Educación, su marco normativo "garantiza equidad, coherencia organizativa y una adecuada planificación de los recursos humanos". Esta distribución ha sido llevada a los juzgados por diferentes organizaciones sindicales que han denunciado "duros recortes".

La conselleria defiende el respeto a los "límites presupuestarios reales y la sostenibilidad del sistema educativo"

Menos alumnos por aula

Respecto a la bajada de ratios que reclaman los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza, el texto elaborado por la conselleria ha vuelto a supeditar cualquier reducción establecida normativamente por el Estado a una dotación económica por parte del Gobierno. "De no ser así, se pondría en riesgo cualquier acuerdo suscrito", ha advertido.

Asimismo, el departamento de Carmen Ortí se ampara en que el incremento de efectivos "deberá mantenerse dentro de un techo máximo sostenible, cuyo valor se negociará" y ha advertido de que en caso de alcanzarse dicho límite, los crecimientos previstos podrían ser temporalmente suspendidos.

El sexto punto hace referencia a la adecuación de la oferta educativa y el Consell aboga por ajustarla a la demanda real, "con el fin de generar margen presupuestario que permita la mejora progresiva de las condiciones del profesorado".

El Consell advierte de que la escolarización sobrevenida carece de compensación y beneficia a otras comunidades

En cuanto a la escolarización sobrevenida de alumnos que se matriculan a mitad de curso, uno de los grandes problemas en la provincia de Alicante que deja las aulas masificadas ante la falta de espacios, desde la Conselleria se apunta que el incremento continuado de alumnado y profesorado en la Comunidad Valenciana "se ha sostenido sin compensación económica adicional por parte del Estado, generando a su vez beneficios indirectos a comunidades autónomas que experimentan descenso de matrícula".

Por lo que respecta al absentismo y bajas laborales del profesorado, desde la Administración apuestan por la necesidad de implementar "medidas conjuntas y coordinadas dirigidas a la mejora del bienestar y la salud laboral del personal docente".

Educación plantea medidas frente al absentismo y las bajas laborales del profesorado

Subida salarial

El noveno punto de este decálogo hace referencia a "eventuales mejoras retributivas del personal", una de las primeras demandas de los profesionales de la enseñanza para salir de los peor pagados del país. Según Educación, estas subidas "se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico".

Finalmente, el último punto del documento indica que la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que la Administración autonómica indica que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente.

Críticas sindicales

El decálogo autonómico ha tenido una rápida reacción del sindicato mayoritario del profesorado. El STEPV ha criticado que la mitad de las propuestas "intentan desviar la atención respecto a la falta de financiación por parte del Estado, que no es competencia de la Mesa Sectorial de Educación, sino una cuestión que debe gestionar la Generalitat Valenciana con el Gobierno del Estado". Para la organización sindical, "se trata de una excusa inaceptable para limitar y condicionar cualquier mejora salarial y de condiciones laborales".

El STEPV no acepta de ninguna manera que no se pueda recuperar la plantilla recortada y alerta de que la conselleria propone "un chantaje inaceptable: o ratios o salario". Asimismo, ha calificado de "afirmación absurda" que Educación advierta de que con la escolarización sobrevenida otros territorios se beneficien de este hecho.

El sindicato también ha advertido de que el punto sobre absentismo y bajas laborales "es una clara amenaza a los derechos del profesorado a enfermar" y señala que es un punto que nada tiene que ver con las demandas del profesorado, "sino que, en todo caso, supone una involución en un derecho laboral irrenunciable como es el derecho a enfermar".

Sobre las mejoras retributivas, el sindicato ha lamentado que Educación condicione a “la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico” y advierte de que es "una propuesta vacía de contenido y pensada para limitar una de las principales reivindicaciones de la plataforma, como es la recuperación del poder adquisitivo perdido del profesorado, que ronda el 20% desde 2010".

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