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La falta de medios lastra la llegada de los nuevos Tribunales de Instancia a Alicante

La adaptación informática, los problemas para reasignar funcionarios y la dispersión de juzgados frenan la reforma pese a que la Comunidad rechazó una moratoria

Una imagen de la reunión de la comisión mixta celebrada entre Justicia y el TSJ.

Una imagen de la reunión de la comisión mixta celebrada entre Justicia y el TSJ. / INFORMACIÓN

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Los retrasos en la adaptación del sistema informático y en la asignación de funcionarios demorarán la implantación de los Tribunales de Instancia al menos hasta junio, pese a que la Comunidad Valenciana renunció a aprobar una moratoria. Sobre el papel, el nuevo modelo organizativo de los juzgados debía haber entrado en funcionamiento el pasado 1 de enero, aunque se estableció un plazo de tres meses para la adaptación de la Administración de Justicia. Durante estos últimos meses, los juzgados han seguido funcionando como hasta ahora: el cambio ha sido, en la práctica, únicamente nominal y la nueva estructura no entrará en funcionamiento, al menos, hasta junio. Aunque desde UGT se advierte de que los retrasos incluso podrían prolongarse hasta octubre.

El dato trascendió tras la celebración este martes de la comisión mixta entre la Conselleria de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de avanzar en los procesos de digitalización y la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia. La reunión, presidida por la consellera Nuria Martínez y el presidente del TSJ, Manuel Baeza, es la tercera que se celebra en menos de un año. "Entendemos que la colaboración con los operadores jurídicos es clave para avanzar en la modernización y simplificación de la Justicia", ha asegurado Martínez.

Uno de los ejes de la reunión ha sido la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia que entró en vigor en enero del año pasado en toda España. Una reforma que para la conselleria ha supuesto un cambio de paradigma sin precedentes, al pasar de una estructura de trabajo en juzgados unipersonales con casi dos siglos de historia a otra con grandes servicios comunes y Tribunales de Instancia. Según los datos de la Conselleria, no se trata de un proceso homogéneo, sino que se ha ido ejecutando en distintas fases. La primera afectó a unos mil puestos de trabajo de 24 partidos judiciales; la segunda unos 200 puestos en dos partidos; y la tercera afecta a más de 3.500 puestos de otras diez zonas.

El reparto de las plazas se está complicando y ni siquiera está siendo sencillo cambiar funcionarios de un destino a otro, tal como preveía la nueva ley. Con el cese de los interinos, hay juzgados que se han quedado sin apenas personal y se han encontrado con que es muy difícil mover personal para cubrir vacantes. Se da la circunstancia de que en Alicante, numerosos juzgados se encuentran repartidos en locales fuera del edificio por la falta de espacio en el Palacio de Justicia, hecho que complica la puesta en marcha de esos servicios comunes.

Simplificar procedimientos

“Realizadas todas las fases, que van desde el diseño de la estructura organizativa a la publicación del resultado del acoplamiento, y habida cuenta de la gran complejidad del proceso, se ha advertido que algunas plazas son más complicadas de cubrir, pero estamos haciendo todo lo posible por revertir cuanto antes esta situación”, ha asegurado Nuria Martínez. En este sentido, la consellera ha explicado que, tras visitar los 36 partidos judiciales, se han ido adoptando importantes medidas para descongestionar la Justicia, como, por ejemplo, con la simplificación del procedimiento para agilizar la cobertura de puestos temporales de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, una medida con la que la Generalitat ha reducido de 25 a 8 días el tiempo para cubrir una plaza y con el que se han cubierto 250 plazas en juzgados en tres meses.

Otro de los grandes retos ha sido el de adaptar el sistema de gestión procesal, que entró en marcha el año pasado, a la nueva ley. El sistema todavía no está plenamente configurado para funcionar bajo la estructura de los tribunales de instancia. En la actualidad, los funcionarios solo pueden acceder a los expedientes de su propio juzgado, sin una visión global. Esto también afecta a la numeración de los procedimientos, que continúa realizándose como si siguieran existiendo juzgados unipersonales, lo que dificulta la gestión común de los expedientes. En estos momentos, se están llevando a cabo experiencias piloto con los sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva ley.

Programa piloto

En la provincia de Alicante, el primer sitio donde entrará en vigor de manera experimental será Elche, tal y como ya ocurrió cuando se empezó a implantar el Just@. En el partido judicial de Alicante, los cursos de formación para el nuevo programa tendrán lugar el próximo 25 de mayo. De esta manera, las previsiones apuntan a que será a lo largo de junio.

“Se trata de un punto decisivo del proceso de implantación porque afecta a todos los partidos judiciales. Es un despliegue largo y complejo, pero por parte de esta Conselleria no escatimaremos en esfuerzos hasta garantizar el correcto funcionamiento de esta nueva herramienta”, ha indicado la titular de Justicia. “Seguiremos fomentando la colaboración y la escucha activa con los operadores jurídicos para mejorar el servicio público de Justicia, tal y como estamos haciendo con la reactivación de esta comisión. Seguiremos trabajando para avanzar hacia una Administración de Justicia más ágil, moderna, eficiente, cercana e inclusiva”, ha concluido la consellera.

Con este escenario, la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia sigue condicionada a que se resuelvan los problemas de personal, espacio y adaptación tecnológica que arrastra el sistema. Mientras tanto, la reforma que debía transformar la organización judicial continúa, por ahora, limitada al plano formal, a la espera de que la estructura y los medios permitan su aplicación efectiva en el día a día de los juzgados.

Para este miércoles, la sala de gobierno del TSJ tiene previsto celebrar su pleno en la ciudad de Alicante, para descentralizar.

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