Las nuevas condiciones de Alicante para acceder a viviendas protegidas tras el escándalo de Les Naus: del listado de interesados a la prohibición de reserva

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, no quiere que se repita el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, adjudicadas a cargos del PP, varios Ayuntamientos y la Generalitat. Por ello, ha optado por "reiniciar" el procedimiento para la construcción de los pisos sociales de la calle Ceuta con el objetivo de introducir medidas de control y endurecer las condiciones de venta.

El Ayuntamiento de Alicante desistió a principios de año de la construcción de 32 viviendas públicas en el barrio de San Blas. Después de que el concurso para las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna empresa interesada, el gobierno local cambió de fórmula y se inclinó por la venta de la parcela a un promotor privado a cambio, además, de la cesión de un mínimo de tres inmuebles. El mismo método empleado en el Plan Vive de la Generalitat y muy similar al de la polémica promoción de Les Naus. Sin embargo, después de que INFORMACIÓN destapara las adjudicaciones en la promoción de La Condomina, el alcalde anunció que endurecería el procedimiento para hacerse con un piso en el futuro bloque de la calle Ceuta.

Más control y requisitos

Ahora, el Patronato de Vivienda dará marcha atrás en el proceso de adjudicación de las obras para incorporar en el pliego de condiciones más mecanismos de control y requisitos a la hora de vender los futuros inmuebles. Una decisión que, según se recoge en el expediente, "resulta pertinente en aras de garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia", para lo que está previsto "introducir modificaciones respecto a las obligaciones del adjudicatario y, por ende, las condiciones resolutorias y las causas de resolución".

Entre las medidas que busca incorporar ahora el ejecutivo local se incluye la obligatoriedad de firmar una declaración de ausencia de conflictos de interés tanto para los integrantes de la Mesa de Contratación y los intervinientes en la tramitación del expediente como para la futura adjudicataria, posibles subcontratas y comercializadores de las viviendas.

En estos documentos, será necesario suscribir que no se mantienen "vínculos económicos, profesionales, familiares o personales que puedan comprometer su imparcialidad". Además, se prohíbe iniciar la comercialización de los inmuebles hasta la obtención de la calificación provisional, para evitar que ocurra lo mismo que en Sant Joan, donde el Ayuntamiento revisa el proceso de compraventa de una promoción del Plan Vive en el barrio de Nou Nazareth.

Adjudicación por orden

Otra de las polémicas que el gobierno de Barcala quiere impedir que vuelva a producirse es la de las dudas sobre la objetividad en las adjudicaciones de los pisos. Por ahora, de acuerdo con la normativa autonómica, los promotores son quienes deciden a qué candidato (siempre y cuando cumpla los requisitos económicos y administrativos) se vende cada uno de los inmuebles en cuestión. Un sistema que ha sembrado sospechas de nepotismo en el caso de Les Naus y que el Ayuntamiento de Alicante plantea sustituir por otros mecanismos menos subjetivos.

Al respecto, el futuro pliego incluirá que la forma de adjudicación de las viviendas de protección pública deberá ser mediante "sorteo, baremación o antigüedad de la inscripción", contemplando expresamente el modo de asignación de los pisos. En la misma línea, será necesario establecer una web para la inscripción de solicitantes, en la que también habrá de indicarse la fecha de apertura y finalización del plazo de inscripción, de al menos 30 días y anunciado con 10 de antelación.

"Una chapuza"

Desde el grupo municipal del PSOE han exigido al alcalde "que aclare si va a paralizar la licitación para la venta de la parcela al tratar de introducir modificaciones sustanciales con el proceso en marcha". Pronostican que estos cambios pueden derivar en recursos judiciales y critican, además, que los cambios "siguen sin incluir garantías de control público sobre el proceso de inscripción para la adjudicación de las viviendas, dejando en manos del promotor si se adjudican por sorteo, baremación o antigüedad".

La concejala Silvia Castell considera que la modificación es "una chapuza" y ha puesto en duda la legalidad de modificar el pliego de condiciones, y exige que sea el Ayuntamiento quien controle el sistema de adjudicación de las viviendas. “No es admisible que el promotor pueda decidir que el primero que llegue se quede con los pisos”.

"No toca repetir el mismo modelo"

Pese al incremento de las medidas de control, desde EU-Podemos, su portavoz, Manolo Copé, apunta que "se vuelve a enajenar patrimonio municipal y hacerlo, además, después de lo ocurrido con Les Naus, es especialmente grave cuando hay dudas y precedentes".

El edil progresista cree que "lo que toca es más control público, no repetir el mismo modelo" y que "el hecho de que el propio expediente tenga que retrotraerse y reforzarse con medidas antifraude demuestra que no estaba bien planteado desde el inicio". Por todo ello, manifiesta que "con el suelo público no se improvisa" e incide en que "o se pone al servicio del interés general o se pierde".

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