El debate sobre la vivienda protegida se enquista: Vox protege al PP y la izquierda choca contra la mayoría parlamentaria

Un día más en la oficina. Es la frase que podría pronunciarse después del pleno celebrado este miércoles en las Cortes Valencianas. El escándalo de las adjudicaciones del residencial de Les Naus, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, ha vuelto a salir a colación en diferentes puntos de la sesión. El resultado ha sido prácticamente idéntico al de las semanas anteriores. Si hay algo diferente es que ahora se puede afirmar que los grupos se han consolidado en sus posiciones.

Eso afecta fundamentalmente a Vox, la única formación que podía ofrecer un posicionamiento diferente del esperado, sobre todo tras sus primeras reacciones. De la ultraderecha dependía plantar cara al PP por este caso, tal como hizo en los primeros días posteriores de que saliera a la luz, llegando incluso a pedir reiteradamente la dimisión de Luis Barcala tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en la cámara autonómica; o defender a la formación que ostenta el Consell y el gobierno municipal. Y ha optado por esta última opción, tal y como sucedió con la tragedia de la dana.

La corrupción se inició con un alcalde socialista y se desarrolló con su normativa

Miguel Pascual

— Diputado de Vox

Lo ha evidenciado, de manera aparentemente definitiva, Miguel Pascual, portavoz de vivienda de Vox y electo por la provincia de Alicante. En su turno de réplica a una proposición no de ley (PNL) del grupo socialista para crear un cuerpo de inspectores con la finalidad de “prevenir e investigar fraudes en la adjudicación de viviendas de protección pública”, lejos de exponer un planteamiento propio, ha señalado a las formaciones de izquierdas con el argumentario habitual: la subida del alquiler durante los años del Botànic, “cero viviendas construidas” y rechazo a la propuesta porque “desprotege a los propietarios de las viviendas okupadas”.

Solo un reproche para el PP, por parte del diputado de Vox: “Esto es lo que pasa cuando no se derogan las políticas de izquierda: que vuelven”, decía en alusión a la normativa autonómica del Botànic en materia de vivienda que, según los partidos de la derecha, propició el escándalo de Les Naus, pese a que los beneficiarios polémicos pertenecen al entorno del PP y de instituciones gobernadas por este partido.  “La corrupción [de Les Naus] se inició con un alcalde socialista y se desarrolló con su normativa”, ha llegado a decir Pascual, sacándose de la chistera a Gabriel Echávarri.

Atasco

Con este posicionamiento de Vox, pese al escándalo de Les Naus, la izquierda se queda sin posibilidades de hacer prosperar cualquier propuesta. La mayoría parlamentaria que ostentan PP y los ultras impide también fiscalizar mínimamente el caso. La comisión de investigación que echó a andar el 5 de marzo con la sesión constitutiva sigue paralizada, sin que las partes sepan cuando se retomará. Desde el partido que asume la presidencia del órgano, Vox, reconocen que “de momento nada de nada”, preguntados por si saben cuando se pondrá en marcha nuevamente. A su vez, todas las partes dan por hecho que las dos formaciones de derechas se entenderán para acordar un plan de trabajo y que, como con la comisión de la dana, su desarrollo quede sometido a la conveniencia de ambas partes.

Para eso está el Consell: para garantizar la libertad de elegir gimnasio con deducción incluida

José Díaz

— Diputado del PSPV

Pese al bloqueo parlamentario, la izquierda insiste en intentar hacer daño con un escándalo que ha trascendido a nivel nacional y que tiene un efecto notable sobre la opinión pública. El acceso a la vivienda es, a día de hoy, la principal preocupación de los españoles, según estudios del INE. Y es por eso que algunos no pierden oportunidad para introducir la polémica en el debate.

En el pleno de las Cortes, el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido el decreto ley de rebajas fiscales del Consell para garantizar deducciones para prácticas de actividades deportivas y saludables, tales como ir al gimnasio; o para gastos sanitarios, como la compra de gafas.

José Díaz, diputado del PSPV y portavoz de la gestora que dirige el partido en la ciudad, ha puesto el dedo en la llaga. En su réplica a Mari Carmen Contelles, del PP, ha ironizado con la rebaja fiscal. “Hay un nuevo colectivo en riesgo: el cincomileurista. En Alicante, por ejemplo, la señora Rocío Gómez”, exconcejala de Urbanismo que dimitió por el caso, “y todo ese álbum familiar que tuvo la suerte de encontrar vivienda pública en la playita, con piscina, pádel y club social". "Si el gimnasio de la urba se les queda pequeños, tranquilos, que para eso está el Consell: para garantizar la libertad de elegir gimnasio con deducción incluida”, ha añadido.

Los reproches han enlazado con el tercer punto del orden del día, otra política fiscal del PP, esta basada en la deducción para los participantes en bandas de música. El conseller Rovira ha iniciado su intervención enlazando con la crítica de Díaz. “Que se atrevan ustedes a hablar de negocios, teniendo a [José Luis] Ábalos y a Koldo [García] en la cárcel...”. Estas palabras han motivado el enojo de Aitana Mas, de Compromís, que ha señalado que el conseller “ha dedicado 15 minutos a hablar de Pedro Sánchez” en una intervención para exponer una medida fiscal.

El PP y Vox coincidirán este jueves en rechazar las propuestas de la izquierda. Un final previsible, aunque no tanto como el cambio de posición que ha experimentado Vox respecto a su trato con el PP y concretamente con el alcalde de Alicante, Luis Barcala. De pedir su dimisión, a responsabilizar ahora del escándalo a su antecesor, que dejó el cargo en abril de 2018.

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