Hasta mil euros al mes se paga ya de alquiler en los barrios marginales de la provincia de Alicante

El acceso a la vivienda en la provincia de Alicante se ha visto gravemente afectado en los últimos años por el incremento de los precios del alquiler, una problemática que ya no se limita a las zonas céntricas o de mayor demanda, sino que se ha extendido también a barrios humildes. En zonas donde tradicionalmente residían personas con menor renta, los precios alcanzan cifras que oscilan entre los 800 y los 1.100 euros mensuales, fuera del alcance de una gran parte de la población.

Como consecuencia de este encarecimiento, crece la desconexión entre los ingresos reales de las personas, que están en esas cifras para muchas de ellas, y el coste de acceso. Una barrera incluso para personas empleadas, pero con contratos temporales, que se ven incapaces de asumir este gasto, especialmente cuando se suman exigencias como varios meses de fianza, avales o garantías adicionales.

Ante esta situación, muchas personas se ven obligadas a recurrir a soluciones residenciales precarias, como el alquiler de habitaciones en condiciones de hacinamiento, pagando una media de 360 euros mensuales para alojarse toda una familia, de nuevo en barrios humildes caracterizados por la falta de mantenimiento de sus edificios, viviendas pequeñas, incluso sin comunidad de propietarios formada, muchas de ellas en manos de bancos, fondos e inversores privados. A ello se suman viviendas sin contrato o acuerdos informales que no ofrecen ninguna seguridad jurídica. Un contexto en el que se normalizan prácticas abusivas como la negativa a empadronar a las personas inquilinas o la imposición de pagos adicionales por este trámite, lo que evidencia un mercado desregulado que se aprovecha de la necesidad.

Entidades sociales revelan prácticas abusivas como cobrar 600 euros por empadronar a una persona en un domicilio donde no vive

Degradación y especulación

Así ocurre en la Zona Norte de Alicante, conformada por barrios humildes. "Se podría haber gestionado mejor el plan urbanístico de esa zona", ha afirmado este miércoles en Alicante Elena Bronchales, de Arquitectura sin Fronteras.

Virgen del Remedio, Colonia Requena o Juan XXIII se originaron con vivienda pública (VPO) en los años 60-70 para trabajadores, sufriendo después una gran degradación con altas tasas de inseguridad. Hoy en día, convive una alta tasa de vivienda privada con titularidad pública en régimen de alquiler, y precios que se convierten en uno de los principales factores de exclusión social en la actualidad. No se trata únicamente de una cuestión económica, sino de un problema estructural que está limitando el acceso a un derecho fundamental.

Arquitectura sin Fronteras forma parte junto a otros catorce colectivos de la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante (REAPSHA), una plataforma que trabaja para visibilizar y combatir el sinhogarismo en Alicante. Su último informe destaca un aumento estructural de personas viviendo en la calle, superando las 300 solo en la ciudad de Alicante, y que exige medidas urgentes y soluciones basadas en la vivienda. 

Especialmente preocupante resulta para estas entidades la vulneración del derecho al empadronamiento. A pesar de estar reconocido legalmente, en la práctica existen importantes obstáculos administrativos que impiden su ejercicio, llegando incluso a detectarse casos de explotación directa de personas en situación de vulnerabilidad.

El precio del alquiler es la gran barrera para la inclusión de las familias vulnerables de la provincia de Alicante

Alquiler vacacional

Según María Núñez, de Cáritas, hay propietarios que piden más de 600 euros a personas que necesitan el padrón para poder acceder a los servicios de salud, educación o ayudas; mientras Nerea Bernat, de Convive-Fundación Cepaim, ha añadido que este "chantaje" se incluye en el precio del alquiler, pidiendo hasta 200 euros más por la habitación para "comprar" la posibilidad de empadronarse incluso en direcciones donde no viven.

Bernat también ha incidido en que el 30 % del parque de la vivienda en la capital alicantina está vacío (unos 16.000 pisos) o se destinan a alquiler vacacional, lo que tensiona mucho los barrios. Solo dispone de un 0,6 % de vivienda social, frente al 4 % de media en España y el 11 % de los países europeos del entorno.

El impacto de esta situación es especialmente grave en barrios humildes, pues personas que anteriormente podían acceder a una vivienda en estos entornos se ven ahora desplazadas hacia situaciones cada vez más inestables, sin alternativas reales en el mercado. "Cada vez más gente se endeuda para acceder a un alquiler, hay familias enteras viviendo en una habitación. El mercado de la vivienda es cada vez más excluyente", añade Bronchales.

Sinhogarismo

Es en este punto donde el encarecimiento del alquiler conecta directamente con el fenómeno del sinhogarismo como la consecuencia más extrema de un proceso de exclusión residencial que comienza con la imposibilidad de acceder o mantener una vivienda en el mercado. Pues se incrementan los casos de personas que, ante la imposibilidad de asumir los costes, terminan perdiendo su casa y accediendo a recursos temporales o, en última instancia, a la calle.

Los datos reflejan esta evolución: el número de personas en situación de calle en Alicante ha aumentado en los últimos años, pasando de 235 personas en 2023 a superar las 300 en 2026. Existe un volumen mucho mayor de personas que viven en situaciones de inseguridad residencial —amenaza de desahucio, alquileres informales o convivencia forzada— directamente relacionadas con el aumento del precio del alquiler.

También se observa un aumento de jóvenes sin techo, vinculado tanto a la precariedad laboral como a la ausencia de alternativas habitacionales accesibles. Así como inmigrantes o que carecen de redes familiares o sociales de apoyo. En estos casos, se incrementa el riesgo de caer en situaciones de exclusión severa, cronificando en muchos casos el sinhogarismo.

Políticas públicas insuficientes

Desde REAPSHA consideran que esto es el resultado de políticas públicas insuficientes, estructuras socioeconómicas desiguales y barreras normativas que perpetúan situaciones de vulnerabilidad. Los integrantes de la red consideran imprescindible abordar la regulación del mercado del alquiler, la ampliación de la vivienda pública (en la provincia hay una lista de espera de 5.189 familias para 2.202 viviendas de la Generalitat) y la garantía de condiciones de acceso justas. Solo así será posible frenar el avance de la exclusión residencial y prevenir que un número cada vez mayor de personas acabe en situaciones de sinhogarismo, tal y como ha incidido también Alex Lambert, trabajador social en la Fundación Fisat Salesianos Social.

Estos colectivos han dado los resultados de una encuesta entre las personas de calle con las que han trabajado, que arroja que el 37 % ha podido acceder a un alquiler habitacional con dos o tres personas, y solo un 1,5 % a una vivienda independiente.

Otras propuestas son la declaración de zonas tensionadas para regular los precios del alquiler y proteger a los inquilinos. También se considera fundamental movilizar el parque de viviendas vacías, especialmente aquellas de titularidad pública o en desuso prolongado, mediante incentivos y acuerdos que faciliten su uso social.

Del mismo modo, se plantea la necesidad de agilizar los procedimientos de acceso a la vivienda pública, simplificando los requisitos administrativos y reduciendo los tiempos de espera, así como rehabilitar y ampliar el parque público existente, priorizando su función social y la eficiencia energética. Se propone, además, establecer una reserva obligatoria del 30% de las nuevas promociones para vivienda protegida.

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