El PP de Barcala retira una declaración polémica en Alicante que aseguraba que el cambio de sexo puede favorecer a los maltratadores

Modificación del sexo por parte de maltratadores, alteración de estadísticas de criminalidad, solicitud para ingresar en módulos penitenciarios femeninos o uso fraudulento en los procesos selectivos para acceder al funcionariado. Son los efectos que, según el PP de Alicante, ha comportado la Ley 4/2023 desde su aprobación por parte del PSOE y Podemos, partidos que integraban el Gobierno central durante la anterior legislatura.

El texto legal, que fue objeto de un intenso debate, ha salido de nuevo a relucir a través de una declaración institucional que el PP registró el pasado 16 de marzo en el Ayuntamiento de Alicante, donde el partido ostenta el gobierno local que dirige el alcalde, Luis Barcala. La iniciativa ha sido retirada este mismo miércoles, nueve días después.

La iniciativa

La propuesta, registrada por la portavoz del PP, Mari Carmen de España, subrayaba aspectos que presuntamente ha provocado la ley referida. Por ejemplo, “los maltratadores han podido modificar su sexo en el Registro Civil, donde no se verifican antecedentes penales ni policiales, con base en la “autodeterminación prevista en la norma”.

Es este concepto, el de “autodeterminación”, el que critica el partido, ya que según aseguran un cambio de sexo se puede registrar “basado únicamente en la voluntad declarada, sin salvaguardas ni garantías objetivas”. Para discutir esta cláusula legal, que por otra parte no es ilimitada, en la declaración del PP se argumentaba que “ser mujer es mucho más que un trámite declarativo, es más que un sentimiento”.

Volviendo a los efectos que, según la formación, tiene la Ley 4/2023, esta también habría contribuido a “la alteración en la elaboración de estadísticas oficiales de criminalidad” con “la atribución a mujeres de delitos sexuales o crímenes cometidos por varones biológicos tras cambiar su sexo registral”.

Otra de las presuntas consecuencias de la ley se notaría en “el acceso a espacios diferenciados por sexo destinados a proteger la intimidad y la seguridad”. A su vez, aseguran que “delincuentes sexuales, asesinos o proxenetas han solicitado el traslado a módulos femeninos amparados en la norma y su derecho a la autodeterminación, poniendo en grave riesgo la integridad de las mujeres privadas de libertad”.

Por último, el PP aseguraba en la misma declaración que “existen situaciones documentadas de uso fraudulento en los procesos selectivos de acceso al empleo público con la finalidad de concurrir a oposiciones optando por las pruebas físicas previstas para mujeres”, y concluyen que también se ve perjudicada “la equidad de las competiciones deportivas femeninas”.

Del cambio de sexo al niqab

A todos estos argumentos, desplegados sin que figure ningún ejemplo concreto, se sumaban, en la misma declaración, otras propuestas sobre el uso del burka y el niqab, que “constituyen una negación simbólica y material del derecho a la mujer a participar plenamente en el espacio público, a expresarse y a relacionarse en condiciones de igualdad”.

Añadían también que “obligar a una mujer a caminar sin rostro y sin expresión es una forma extrema de exclusión social que restringe su autonomía”, y señalaban a la izquierda por la “profunda hipocresía” de, según el PP, “rechazar” el hecho de “legislar” contra el uso del burka y del niqab mientras “impulsan y defienden con vehemencia la mal llamada Ley Trans”.

Con estos argumentos, en el PP proponían un acuerdo plenario para revisar la Ley 4/2023 “para asegurar que el cambio de sexo registral no produzca efectos automáticos ni lesivos para los derechos de las mujeres en ámbitos especialmente sensibles”.

Retirada

La declaración ha sido retirada este mismo miércoles a las 12 del mediodía. La noche anterior, asociaciones LGTBI de Alicante enviaron un comunicado expresando su “grave preocupación” por la declaración institucional. Según su interpretación, tal iniciativa “pretende limitar el bienestar de las personas trans creándoles más obstáculos para poder cambiar su sexo en el DNI” y “propiciar el retorno legal a una indeseable, restrictiva e irreal situación de patologización”. Tras la retirada de la declaración, desde el PP no han aclarado a qué se debe su rectificación. La declaración iba a presentarse en el pleno ordinario que se celebrará este jueves.

Además, las entidades acusaron al PP de “querer que las personas trans tengan que justificar su identidad, eliminando su libre acceso y derecho a ser y expresarse libremente en sociedad, como lo pueda hacer cualquier otro ciudadano libre en nuestro país”. Por último, pidieron a la concejala Begoña León, responsable de Bienestar Social, “que se plantee este posicionamiento de su partido”, y anunciaron que le pedirían “las explicaciones oportunas en la Mesa LGTBI de Alicante”.

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