El gobierno de Barcala retrasa la entrega de expedientes para la comisión por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La documentación para la primera reunión efectiva (tras la sesión de constitución) de la comisión sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante no llegó, al menos no lo hizo en la fecha prometida. Pese a que el ejecutivo popular de Luis Barcala aseguró que la entregaría en solo 48 horas, tres días después y a unas horas para la siguiente sesión, que se celebra la mañana de este viernes, no se había entregado ningún expediente al resto de grupos políticos.

"Dejadme que sea optimista", dijo el pasado lunes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas. Un deseo formulado como respuesta a la oposición municipal, que dudaba de que el gobierno de Barcala fuera capaz de entregar en solo dos días (el plazo al que se había comprometido Villar) toda la documentación que le había sido solicitada. Este jueves, al menos cuando quedan menos de 24 horas para la próxima reunión de la comisión y ya se ha superado en un día la meta autoimpuesta por el PP, los demás grupos políticos lamentaban no haber recibido ni un solo folio.

"Seguimos sin tener la documentación, pese a que el vicealcalde aseguró categórico que tendríamos todos los documentos este miércoles, no solo la que el Ayuntamiento ha aportado al juzgado, sino toda la documentación adicional", señaló la portavoz del PSOE, Ana Barceló. En este sentido, la líder de los socialistas recordaba que el acceso a todos los expedientes "es fundamental para que arranquen las comparecencias" y poder fijar las sesiones de trabajo "para investigar el escándalo en la adjudicación de viviendas públicas".

La oposición municipal señala que, con menos de 24 horas de margen, es materialmente imposible examinar cientos de documentos

A menos de 24 horas de la reunión, los grupos no habían recibido ninguno de los archivos reclamados, entre los que se encontraban los relativos a la tramitación de la venta del solar de Les Naus, la licencia de obras o informes técnicos sobre los distintos procesos. Una serie de documentos que, en buena parte, el equipo de gobierno tenía "a mano", puesto que habían sido recopilados previamente para su entrega al juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones: "No será difícil", vaticinó el vicealcalde. Con dificultad o sin ella, la oposición municipal señalaba este jueves que, con menos de 24 horas de margen, es materialmente imposible examinar los cientos de documentos requeridos y que, por lo tanto, no podrán ser abordados en la reunión de este mismo viernes.

Comparecencias voluntarias

En este contexto, todo parece indicar que la comisión del viernes servirá, exclusivamente, para poner fecha a las futuras comparecencias, de carácter voluntario. Así lo han manifestado desde el equipo de gobierno, a través de un comunicado, en el que se ha indicado que el objetivo del encuentro será "fijar el calendario de próximas reuniones" así como determinar qué personas serán llamadas para prestar declaración de forma voluntaria.

Al respecto, Manuel Villar ha lanzado una advertencia a los futuros comparecientes, recordando que las afirmaciones realizadas en dicha comisión "pueden acarrear responsabilidades judiciales para los declarantes ante el órgano jurídico que instruye la causa sobre el residencial Les Naus en la zona de La Condomina". Villar, que preside el organismo, ha apuntado además que presentarse ante la comisión "es voluntario" y que "nadie está obligado a prestar declaración" en un foro "cuyo verdadero objetivo es aclarar cómo se ha actuado en el seno del Ayuntamiento en relación con la promoción".

A su vez, el concejal y vicealcalde ha recalcado que la función del organismo municipal no es otra que "arrojar luz sobre la intervención municipal en esta promoción de vivienda pública" y ha defendido que el Ayuntamiento "se limitó a enajenar la parcela de suelo público para la construcción de las viviendas en La Condomina y a otorgar la licencia de obras" a la gestora de la cooperativa. "No vamos a entrar en otros ámbitos jurídicos o legales, en los que el Ayuntamiento no tiene competencias", ha subrayado Villar, quien también ha subrayado que "corresponde al juzgado investigar y dilucidar posibles responsabilidades" y que el Ayuntamiento "colabora con la Justicia desde el primer momento".

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