El PP y Vox evitan que Alicante exija al Consell más control y protección sobre las viviendas protegidas

El PP y Vox bloquean que el Ayuntamiento de Alicante exija al Consell más control y protección permanente sobre las viviendas protegidas, dejando en el aire la supervisión de promociones como la polémica de Les Naus. El pleno del Ayuntamiento de Alicante de este jueves volvió a situar la vivienda en el centro del debate político, con el foco puesto en las viviendas de protección pública.

En una sesión densa, aunque sin acuerdos de calado y con la vivienda como eje central del debate, el Partido Popular y Vox volvieron a sumar sus votos para frenar dos declaraciones institucionales impulsadas por PSOE y Compromís que pretendían reforzar los mecanismos de control sobre la vivienda protegida y exigir al Consell medidas más estrictas de protección tras el escándalo de la urbanización de Les Naus, actualmente bajo investigación judicial.

El debate se articuló en torno a la necesidad, o no, de reforzar la supervisión sobre la vivienda protegida y de modificar el marco normativo autonómico para impedir que la vivienda deje de tener protección pública a los 30 años, es decir, volviendo al modelo previo al decreto actual, impulsado por el gobierno de Mazón. En paralelo, se abrió otro frente con el Parque Central, donde fueron Compromís y Esquerra Unida-Podemos los que evitaron un desgaste mayor al equipo de gobierno del PP al no respaldar una iniciativa de Vox, que sí apoyó el PSOE, que buscaba forzar explicaciones públicas del alcalde sobre la situación del proyecto frente al Consejo Social.

Choque por el control de la vivienda protegida

El núcleo del debate se situó en la propuesta del PSOE que buscaba que el Ayuntamiento instara a la Generalitat a activar de forma inmediata la unidad de inspección en materia de vivienda contemplada en un decreto de 2023. Una herramienta que, según defendió la concejala Silvia Castell, resulta "clave" para evitar irregularidades como las que investiga la justicia. "Mientras el PP cambiaba las leyes, cargos públicos, familiares y amigos veían cómo podían especular con viviendas como las de Les Naus", afirmó Castell.

Desde Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé respaldó la iniciativa al considerar que "no se trata de una cuestión ideológica, sino del cumplimiento de una obligación legal". Compromís, por su parte, vinculó directamente el caso Les Naus con decisiones del actual Consell. Rafa Mas sostuvo que la no aplicación del decreto de 2023 y la rebaja de controles han "favorecido un contexto propicio para irregularidades".

PP y Vox rechazan más intervención

El bloque formado por Partido Popular y Vox rechazó la propuesta socialista. El concejal de Vox Óscar Castillo cuestionó la legitimidad del PSOE para abanderar medidas de control, recordando distintos casos de corrupción vinculados al PSOE y defendió que el problema de la vivienda no se soluciona con más estructura administrativa. "Los ciudadanos están cansados de discursos vacíos", afirmó Castillo.

En la misma línea, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, desacreditó el decreto autonómico en el que se basa la propuesta socialista, al que definió como "estéril e intervencionista". De Juan defendió que la norma no estaba orientada a mejorar los controles de adjudicación, sino a intervenir el mercado de vivienda, y aseguró que es el actual equipo de gobierno el que está introduciendo mecanismos de vigilancia efectivos en sus promociones.

Compromís plantea blindar la vivienda protegida

El mismo resultado en las votaciones se repitió en la declaración institucional de Compromís, que presentó una iniciativa en la que proponía instar al Consell a modificar el decreto de 2024 para garantizar que la vivienda protegida mantenga su carácter de forma permanente, una condición que actualmente caduca a los 30 años, equiparar condiciones entre promociones públicas y privadas y establecer el sorteo como sistema de adjudicación.

Durante el debate, Copé (EU) alertó de que Alicante se enfrenta a una situación preocupante, con precios de alquiler elevados. Por su parte, Rafa Mas (Compromís) planteó incluso la posibilidad de iniciar procedimientos de reversión expropiatoria si se demuestra un uso fraudulento de suelos destinados a vivienda protegida. Desde el PSOE, Silvia Castell volvió a incidir en que el modelo actual permite que las viviendas pierdan su carácter público con el paso del tiempo, facilitando la especulación, y criticó iniciativas como el Plan Vive por considerar que pueden derivar en la cesión de suelo público a intereses privados.

Sin embargo, desde Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, cuestionó las políticas intervencionistas propuestas por la izquierda, mientras que el concejal de Vivienda del PP defendió que la solución pasa por aumentar la oferta y reducir trabas. De nuevo, PP y Vox sumaron mayoría para rechazar la propuesta. Nada queda de la postura beligerante de los ultras con el alcalde, que alcanzó su cenit en el pleno extraordinario en el que desde Vox pidieron, insistentemente y con contundencia, la dimisión del alcalde.

El Parque Central y el debate sobre el soterramiento

La sesión también abordó el futuro del Parque Central en una declaración institucional impulsada por Vox para exigir la convocatoria urgente del Consejo Social (un órgano enterrado por el gobierno de Barcala) y aclaraciones sobre el estado del proyecto, cuyo diseño aún no tiene fecha de presentación aunque se espera para pronto. La propuesta llegaba después de que el alcalde abriera la puerta al "semisoterramiento" de las vías, un planteamiento que negó tras desatarse la polémica. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, denunció "oscurantismo" en la gestión del proyecto y reclamó explicaciones sobre las reuniones mantenidas con el Gobierno central haciendo referencia a las dos citas para previstas para presentar el proyecto que nunca llegaron a realizarse, la primera en julio y la última en febrero, suspendida por el accidente de Adamuz.

Aunque el PSOE apoyó la iniciativa de los ultras, recordando que fue el propio Ayuntamiento quien canceló una de las reuniones previstas con el Gobierno (la de julio), Compromís y Esquerra Unida optaron por la abstención, lo que quitó toda presión para el equipo de gobierno del PP. El nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, defendió la gestión municipal y apeló a la prudencia, asegurando que las negociaciones con el ministerio continúan y que se informará cuando haya avances concretos.

Zonas verdes

El pleno del Ayuntamiento de Alicante no pasó por alto la gestión de las zonas verdes, con PSOE, Compromís y EU denunciando "abandono estructural" y deficiencias graves en parques y jardines de la ciudad. En una moción presentada por Compromís, su portavoz, Rafa Mas criticó la falta de personal, maquinaria y sanciones frente a la empresa adjudicataria. Los grupos de izquierdas recordaron que el actual contrato de zonas verdes tiene en suspenso el proceso de licitación.

El equipo de gobierno del PP y Vox cuestionaron la utilidad de nuevas comisiones. De hecho, el concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, defendió la suspensión de la licitación del contrato de zonas verdes como una medida técnica para corregir desajustes y garantizar la legalidad. La moción para crear la comisión fue rechazada.

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante dio luz verde a instar al Gobierno central a que declare la salida de la Ocean Race desde la ciudad acontecimiento de excepcional interés público (AEIP), lo que permitiría establecer los correspondientes incentivos fiscales para los patrocinadores. La declaración institucional del grupo municipal popular salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Vox y Compromís y la abstención de EU-Podemos.

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