Barcala da tres meses más para pujar por la construcción de viviendas protegidas de Alicante tras "endurecer" las condiciones de venta

Más plazo para presentar ofertas ante el endurecimiento de los trámites. El Ayuntamiento de Alicante "complica" la adjudicación de viviendas protegidas para tratar de aumentar el control sobre el procedimiento y evitar que se repita el escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN. El Patronato municipal ha aprobado este viernes ampliar durante tres meses más el plazo (que terminaba el próximo 9 de abril) para la presentación de ofertas a la construcción del próximo bloque con pisos sociales en el barrio de San Blas e introducir nuevos requisitos para su comercialización, como más publicidad y la obligación de entregar los inmuebles por sorteo, baremación objetiva u orden de inscripción. El nuevo plazo para la presentación de ofertas se fija el 30 de junio a las 14 horas.

El organismo municipal ha dado cuenta este viernes del decreto que ordena dar marcha atrás en el pliego de condiciones de adjudicación de las obras, para incorporar más mecanismos de control y requerimientos a la hora de vender los futuros inmuebles. Una decisión que extenderá el concurso público tres meses más, en cuanto se modifique formalmente la documentación publicada en el portal de contratación, y que prolongará el plazo de recepción de pujas hasta el verano. Según se recoge en el expediente, "resulta pertinente en aras de garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia", siendo necesario "introducir modificaciones respecto a las obligaciones del adjudicatario y, por ende, las condiciones resolutorias y las causas de resolución".

El Ayuntamiento de Alicante desistió a principios de año de la construcción de 32 viviendas públicas en el barrio de San Blas. Después de que el concurso para las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna empresa interesada, el gobierno local cambió de fórmula y se inclinó por la venta de la parcela a un promotor privado a cambio, además, de la cesión de un mínimo de tres inmuebles. El mismo método empleado en el Plan Vive de la Generalitat y muy similar al de la polémica promoción de Les Naus. Sin embargo, después de que INFORMACIÓN destapara las adjudicaciones en la promoción de La Condomina, el alcalde anunció que endurecería el procedimiento para hacerse con un piso en el futuro bloque de la calle Ceuta, lo que ahora se hace efectivo.

Las medidas, al detalle

Entre las medidas que se ha aprobado incorporar, se incluye la obligatoriedad de firmar una declaración de ausencia de conflictos de interés tanto para los integrantes de la Mesa de Contratación y los intervinientes en la tramitación del expediente como para la futura adjudicataria, posibles subcontratas y comercializadores de las viviendas.

En estos documentos, será necesario suscribir que no se mantienen "vínculos económicos, profesionales, familiares o personales que puedan comprometer su imparcialidad". Además, se prohíbe iniciar la comercialización de los inmuebles hasta la obtención de la calificación provisional, para evitar que ocurra lo mismo que en Sant Joan, donde el Ayuntamiento revisa el proceso de compraventa de una promoción del Plan Vive en el barrio de Nou Nazareth.

En la misma línea, las modificadas condiciones del pliego buscan que no surjan nuevas dudas sobre la objetividad en las adjudicaciones de los pisos. Por ahora, de acuerdo con la normativa autonómica, los promotores son quienes deciden a qué candidato (siempre y cuando cumpla los requisitos económicos y administrativos) se vende cada uno de los inmuebles en cuestión. Un sistema que ha sembrado sospechas de nepotismo en el caso de Les Naus y que el Ayuntamiento de Alicante plantea sustituir por otros mecanismos menos subjetivos.

Al respecto, el futuro pliego incluirá que la forma de adjudicación de las viviendas de protección pública deberá ser mediante "sorteo, baremación o antigüedad de la inscripción", contemplando expresamente el modo de asignación de los pisos. En la misma línea, será necesario establecer una web para la inscripción de solicitantes, en la que también habrá de indicarse la fecha de apertura y finalización del plazo de inscripción, de al menos 30 días y anunciado con 10 de antelación.

"Garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia"

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado que "estas medidas se introducen para garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia de conformidad al artículo 44 del Decreto 180/2024,de 10 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana”.

De Juan ha añadido que “para garantizar la máxima concurrencia y transparencia de la licitación, se procede a la actualización de los pliegos dando de nuevo un plazo de tres meses desde la actualización de la licitación en el perfil del contratante para presentar las ofertas de este concurso”. “Estas actualizaciones son una muestra del esfuerzo y el compromiso de este equipo de gobierno por la promoción de vivienda pública maximizando los controles y transparencia de cualquier VPP gestionada desde el Ayuntamiento de Alicante”, según el edil.

"Renuncian al control público"

Desde el grupo socialista se ha exigido a Barcala que sea el Ayuntamiento quien se "encargue de recoger y ordenar las solicitudes de las personas interesadas en adquirir una vivienda pública en la futura promoción de la calle Ceuta (San Blas), con el objetivo de garantizar el control público del proceso y evitar un nuevo pelotazo urbanístico como el de Les Naus". Durante la reunión del Patronato Municipal de la Vivienda celebrada este viernes, según el PSOE, "el gobierno de Barcala ha admitido que será el promotor que asuma la obra quien decida si la adjudicación de viviendas se hace por sorteo, baremación o antigüedad en la inscripción".

Con la que está cayendo en Alicante, es inadmisible que se deje en manos de una empresa privada decidir quién accede a una vivienda pública

Silvia Castell

— Concejala del PSOE

La concejala socialista Silvia Castell ha denunciado que esta decisión “supone renunciar al control público en un asunto tan sensible como el acceso a la vivienda”. “Con la que está cayendo en Alicante, es inadmisible que se deje en manos de una empresa privada decidir quién accede a una vivienda pública. Barcala no garantiza ni transparencia ni igualdad de oportunidades y, además, abre la puerta a posibles recursos judiciales por modificar los pliegos con el proceso de licitación ya en marcha”, ha añadido la edil, quien ha recordado que esta situación "deriva del decreto impulsado por el Consell de Mazón, que elimina garantías en los procesos de adjudicación". "Barcala se escuda en esa normativa para desentenderse, pero la realidad es que está permitiendo que el acceso a la vivienda deje de ser un proceso justo y controlado públicamente. Y no sólo ocurrirá en la promoción de vivienda de la calle Ceuta, sino en todas las planificadas en el Plan Vive", ha apuntado.

Han convertido el patronato en una agencia inmobiliaria y el suelo público en un negocio para especular

Rafa Mas

— Portavoz de Compromís

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha denunciado un "auténtico atraco" tras la reunión del Patronato de Vivienda. "El gobierno ha aprobado por decreto, sin votación, destinar el suelo público de la calle Ceuta a nuevas VPP, dejando en la basura las 32 viviendas públicas que llevamos 8 años defendiendo en el patronato. Han rechazado una subvención de casi 1,5 millones de euros para construir vivienda pública, han eliminado la financiación prevista y ahora pretenden 'regalar' ese suelo a una promotora privada", ha señalado el edil valencianista, quien ha añadido que el resultado de la política del PP de Barcala es "viviendas 'protegidas' a precios de 250.000 a 316.000 euros, inaccesibles para muchas familias. "Han convertido el patronato en una agencia inmobiliaria y el suelo público en un negocio para especular", ha finalizado.

Se está hablando de enajenar suelo público mediante una operación de colaboración público-privada, algo que debería pasar por un debate político de fondo y no por un simple trámite de dar cuenta

Manolo Copé

— Portavoz de EU-Podemos

Desde EU-Podemos, el portavoz Manolo Copé ha advertido de que "se está hablando de enajenar suelo público mediante una operación de colaboración público-privada, algo que debería pasar por un debate político de fondo y no por un simple trámite de dar cuenta". En este sentido, ha subrayado que "la experiencia reciente en la ciudad obliga a ser especialmente exigentes, ya que cuando se pierde el control sobre el suelo público aparecen la opacidad, los retrasos y las dudas sobre el proceso".

Suscríbete para seguir leyendo