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Ciudadanos pide personarse como acusación popular en el caso de Les Naus de Alicante

La magistrada les exige el pago de una fianza de 3.000 euros y que aporten una querella por estos hechos

Primera cita de la comisión de investigación de Les Naus en Alicante

Primera cita de la comisión de investigación de Les Naus en Alicante / Alex Domínguez

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Nueva acusación popular en la investigación abierta por las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. En esta ocasión, ha sido Ciudadanos la formación que ha solicitado personarse en la causa para ejercer la acción popular, sumándose así al PSOE y al sindicato de ultraderecha Manos Limpias.

La magistrada instructora, Amparo Rubio, ha condicionado su personación a la prestación de una fianza de 3.000 euros y a la presentación de una querella por estos hechos, tal y como ya exigió a las otras dos acusaciones populares.

Los socialistas de Alicante ya han consignado la fianza y presentado la querella requerida por el juzgado. Por su parte, Manos Limpias recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, que deberá pronunciarse ahora sobre si la ratifica o la revoca.

Primeras citaciones

En paralelo, la jueza que investiga las presuntas irregularidades ha acordado las primeras citaciones en el marco de la causa. Como ya adelantó este diario, las comparecencias se celebrarán el próximo 15 de abril en el juzgado, donde han sido llamados a declarar, en calidad de testigos, tres responsables de la Conselleria de Vivienda que suscriben el informe sobre las 140 adjudicaciones.

Se trata de un documento elaborado a instancias del propio juzgado, en el que los técnicos han analizado los criterios de adjudicación vivienda por vivienda, y cuyo contenido deberán ahora ratificar y explicar en sede judicial.

Los testigos citados son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda en la provincia y el secretario territorial adjunto. Asimismo, la magistrada ha requerido a la Conselleria que aclare si algún otro técnico participó en la elaboración del informe, a fin de valorar su posible citación.

Las diligencias se han acordado a instancias de los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco.

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